Suma críticas sentencia a prisión por difamación dictada en contra de periodista de investigación peruano

Organismos de derechos humanos, entidades que representan el sector de la prensa y Estados advierten de que el juez de Perú que le dio la razón al político multimillonario César Acuña violenta las obligaciones internacionales que ese país asumió en materia de libertad de expresión

El lunes, la justicia de Perú admitió la demanda presentada por una de las personas más poderosas del país, César Acuña, en contra del periodista de investigación Christopher Acosta, por difamación mediante el libro Plata como cancha. También accionó con éxito contra el editor Jerónimo Pimentel y la firma que publicó la obra, Random House.

Si no prospera la apelación de los accionados, todos deberán pagarle 100 mil dólares al actor.

El fallo del juez limeño Raúl Vega sentó un precedente preocupante para la libertad de expresión en el país.

Acuña, tres veces candidato presidencial, pretendía que los tres accionados le abonaran casi 25 millones de dólares como reparación del daño que, según alegó, le causó el libro.

Juan Papier, investigador senior de HRW para las Américas, planteó en Twitter que la sentencia por difamación “contradice obligaciones internacionales sobre libertad de expresión” y estimó que “debe ser revertida”.

Vega le dio la razón al fundador del partido político Alianza para el Progreso y condenó a los accionados por “delito contra el honor” y “difamación agravada”, por 30 frases que tiene sobre Acuña la obra.

Les impuso dos años de prisión en suspenso a Acosta y a Pimentel, quienes no podrán cambiar de domicilio sin previa autorización y deberán concurrir ante la justicia cada 60 días.

Una vez que trascendió el tenor del decisorio de Vega, la Fundación Gustavo Mohme Llona, que trabaja por la libertad de expresión, se solidarizó con el periodista y consideró que la sentencia debe ser revertida en las siguientes instancias.

“La justicia no debe ser utilizada como instrumento contra las libertades de expresión e información” , añadió.

En tanto, la ONG Proética, que se enfoca en la corrupción, consideró que el fallo emitido por el titular del Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Justicia de Lima busca intimidar al periodismo de investigación.

El libro Plata como Cancha es una biografía no autorizada. Su título es una frase que Acuña expresó en una conversación: que si llegaba a ser presidente de Perú, el dinero (plata) abundaría como el maíz (cancha).

Acosta es multimillonario. Es dueño de tres universidades privadas, un canal de televisión, un equipo de fútbol y el partido político que fundó tiene varios congresistas en el Poder Legislativo. Mientras aguardaba el dictado de la sentencia, Acuña declaró que la bancada de Alianza para el Progreso es “un comodín” que “se acomoda siempre a las circunstancias”.

Plata como Cancha fue publicado en febrero de 2021 y en mayo Acuña interpuso la demanda alegando que, al menos, contiene 55 frases difamatorias.

Aunque el juez consideró que unas 20 no se encuadraban en esa definición, admitió su reclamo.

La obra cita a varias personas y documentos judiciales que, entre otras cosas, exponen que el político y empresario plagió documentos universitarios, malversó fondos públicos y fue violento con su ex esposa.

Según Acosta, uno de los puntos que le molestó a Acuña fue que haya revelado que tres ex secretarios de Vladimiro Montesinos lo identifican a él como uno de los que visitaba el servicio de inteligencia.

El periodista resaltó que se trata de declaraciones que se ventilaron en el Congreso y que él se limitó a transcribirlas.

No obstante, el juzgador concluyó que, ante ausencia de fallo condenatorio sobre aquellas acusaciones, el escritor vulneró el honor del empresario. “No hay investigación finalizada”, planteó varias veces al abordar el tema del servicio de inteligencia y Montesinos.

El criterio del magistrado va en contra del derecho que tienen los periodistas a documentar denuncias; ello así porque ningún medio podría reportar acusaciones de ciudadanos contra personajes públicos si no hay sentencia y, con ello, violenta los estándares internacionales de libertad de expresión.

En un comunicado, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú sostuvo que es reprobable que Vega “desestime frases utilizadas en el legítimo uso de la cita textual bajo el argumento de no haber sido corroboradas por fuentes confiables”.

“En un claro exceso de sus facultades, ha interpretado y sentado peligroso precedente sobre qué fuente periodística es confiable o no. Bajo esa concepción, en adelante, ningún periodista podrá citar dichos de terceros bajo el riesgo de ser demandado por difamación. Ello cercena la actividad periodística y, en consecuencia, la democracia”, enfatizó.

Por su parte, en declaraciones al diario español El País, el abogado del periodista, Roberto Pereira, expuso que jurídicamente no se exige prueba de la veracidad de lo que otra gente dijo sobre una persona sino que las fuentes sean verosímiles, que se las identifique y que no se las distorsione; es decir, que haga un reporte fiel de las afirmaciones.

Además, el letrado destacó que Acosta intentó contactar a Acuña por distintas vías para tener su versión de los hechos, otro de los requisitos para hacer un reporte fiel, pero que no obtuvo respuesta.

Sobre la acusación en su contra como director de Random House en Perú, Pimentel sostuvo que todos los abogados que consultó le dijeron que el planteo del político era absurdo y definió el decisorio como una “aberración jurídica”.

SIP y HRW

Ahora, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la división de América de Human Rights Watch (HRW) se sumaron a las críticas: destacaron que el decisorio va en sentido contrario a la jurisprudencia internacional y a las obligaciones del Estado peruano en cuanto a libertad de expresión.

Más de una docena de instituciones peruanas e internacionales rechazaron la sentencia que admitió parcialmente la acción de Acuña, quien adujo, con éxito en primera instancia, que algunas frases del texto que narra su trayectoria dañaron su honor.

Fuentes

Aunque los testimonios de las fuentes son un elemento básico en la investigación periodística, el principal argumento del juez para considerar que hay pasajes del libro que agravian a Acuña es que el autor del libro no corroboró las citas de terceros.

En varias entrevistas, Acosta aclaró que las personas a quienes cita declararon lo que consignó ante medios nacionales y locales y que él se limitó a recopilar sus dichos, contrastándolos y contextualizando los hechos. Sin embargo, el político nunca denunció por difamación a esas fuentes.

En tanto, la SIP lamentó lo que definió como “la grave sentencia en Perú que afecta la libertad de prensa” y resaltó que se siguen utilizando demandas y procesos penales en contra de periodistas “como forma de frenar la divulgación de información crítica y de interés público”.

Norma

La entidad, que agrupa a más de 1.300 propietarios de medios, le pidió al Congreso de Perú una norma para dejar de criminalizar al periodismo en delitos contra el honor.

El presidente de su Comisión de Libertad de Prensa, Carlos Jornet, indicó que “cuando se trata de tres figuras públicas, las acciones penales transgreden la jurisprudencia internacional y suelen tener un efecto desalentador en contra de las libertades de expresión y de prensa”.

Por su parte, el jurista peruano Diego García Sayán, en una entrevista en el canal TV Perú, alertó sobre el peligro que la sentencia significa para el Estado peruano.

“Un Estado donde hay un juez o un sistema judicial que condena a personas por estos hechos es un Estado que sería condenado en un tribunal internacional por no cumplir con su responsabilidad”.

El abogado preside el tribunal de honor del Consejo de la Prensa Peruana y es relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la independencia de jueces y fiscales.

Representaciones diplomáticas

A los pronunciamientos de organizaciones internacionales de la sociedad civil en solidaridad con los demandados se sumaron los mensajes de las representaciones diplomáticas de Estados Unidos y Gran Bretaña en Perú. “La libertad de expresión, incluida la libertad de prensa como base de toda democracia, es uno de los derechos más fundamentales del ser humano. Estados Unidos aboga por el estricto respeto a este derecho en cualquier parte del mundo y trabaja día a día para fortalecerlo”, tuitearon al unísono sus embajadas.

Antes, ni bien trascendió el decisorio, la embajadora de Países Bajos en Perú, Natalie Lintvelt, se refirió al caso con preocupación y reiteró la voluntad de “apoyar al Perú en el cumplimiento del Compromiso de La Haya para aumentar la seguridad de los periodistas, del cual es signatario”.

Horas más tarde, las cuentas de Twitter de la Unión Europea en Perú y la Embajada de Canadá también emitieron comunicados al respecto, reclamando proteger las libertades de expresión y de prensa.

Luego de conocerse la condena, el abogado de Acuña, Enrique Ghersi, dijo en una entrevista en televisión que el autor del libro no buscó la versión de su patrocinado sobre los hechos, pese a que Acosta afirma que en múltiples ocasiones la solicitó, por varias vías, y que tiene los registros para demostrarlo.

Por lo pronto, ningún político respaldó pública y directamente a Acuña y un puñado de congresistas se solidarizaron con el periodista y fustigaron lo resuelto por el magistrado.

Un parlamentario del partido Podemos Perú ya promovió un proyecto de ley para que la pena por el delito de difamación sea cárcel efectiva y el líder del partido de Gobierno, Vladimir Cerrón, cuestionó que la controversia gire en torno a la libertad de expresión: manifestó que si las afirmaciones del libro son verdaderas, la sentencia deviene en arbitraria, pero que si son falsas el autor debe ser sentenciado.