ESCUCHAREl fiscal federal declarará por escrito. Se basa en el artículo 63, que le permite cumplir de esa forma con la convocatoria que le cursó el oficialismo, que pretende que un reglamento del Congreso prevalezca sobre una norma nacional
En el marco del proceso por presunto mal desempeño de jueces de la Corte, el fiscal federal Carlos Stornelli mantendrá su postura de declarar por escrito como testigo ante la comisión de Juicio Político de Diputados.
Stornelli ya le comunicó su decisión al procurador General de la Nación (interino) Eduardo Casal y no se presentará ante los legisladores.
Así, se enfrenta a la posibilidad de que el oficialismo pida su desafuero.
El funcionario fue convocado como testigo (sin acuerdo de la oposición) para el 7 de este mes, porque dictaminó en favor de cerrar la causa por los chats entre Silvio Robles, asesor del supremo Horacio Rosatti, y el ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires (en uso licencia) Marcelo D’Alessandro.
Antes de la cita, a la que no acudió, solicitó que los representantes del Frente de Todos le remitieran sus consultas por escrito, amparado en el artículo 63 de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal (MPF), que le permite cumplir de esa forma.
La comisión rechazó esa modalidad. Su titular, Carolina Gaillard, adujo que como el cuerpo parlamentario no es un tribunal ordinario no corre aquella norma y señaló que el reglamento establece que las declaraciones de los testigos son presenciales. Stornelli entiende que una ley está por encima de lo que dicta el reglamento de una comisión del Congreso.
Fallos y dictámenes
Cabe recordar que a fines de febrero pasado, vía comunicado, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (Affun) fustigó que se convoque a judiciales para ser interpelados por la procedencia o pertinencia de fallos o dictámenes que emitieron en causas en trámite.
Lo hizo como respuesta a las afirmaciones de Gaillard, quien en su cuenta de la red social Twitter postuló que los jueces y fiscales que sean citados al Congreso están obligados a comparecer.
Además, advirtió de que quienes no testifiquen podrían afrontar “responsabilidades penales y políticas” y que se remitirán los antecedentes a los organismos que ejerzan autoridad disciplinaria sobre ellos -el Consejo de la Magistratura de la Nación (CMN) o el MPF, según corresponda-.
La oficialista arguyó que el artículo 12, inciso d, del reglamento de la comisión es “muy claro” respecto a que de los mencionados en el artículo 250 del Código Procesal Penal sólo se encuentran exceptuados en el juicio político el presidente, el vicepresidente y los gobernadores.
Además, interpretó que el artículo 63, inciso b, de la ley de MPF dispensa a los fiscales de declarar ante tribunales.
“El reglamento interno de la Comisión de Juicio Político regla el procedimiento de una norma constitucional, por lo tanto está por encima del Código Procesal Penal, que incluso se aplica supletoriamente al procedimiento constitucional previsto en el artículo 53 de la CN”, agregó.
La primera citación para Stornelli se concretó en el marco de una audiencia en la que expusieron los jueces federales Sebastián Ramos y Alejo Ramos Padilla.
Como subrogante, Ramos archivó la denuncia por los supuestos chats filtrados entre Robles y D’Alessandro, a instancias de Stornelli.
Ramos fue sometido a un duro interrogatorio por parte del diputado Rodolfo Tailhade que, según medios capitalinos, causó malestar en Comodoro Py, porque sus colegas estimaron que debió limitarse a enviar copias de la sentencia que dictó y no apersonarse en el Legislativo.
A diferencia de Gaillard, interpretan que un reglamento interno no puede estar por encima de una ley y, por eso, defienden su facultad de no concurrir.
A su turno, Ramos pidió que se lo relevara de declarar sobre puntos que están en el fallo que suscribió. “No me voy a mover ni una palabra de la resolución”, dijo.
En tanto, sostuvo que no tenía relación ni con el director de la Corte, Robles, ni con D’Alessandro y precisó que archivó el expediente con base en el dictamen de Stornelli.
Tras la declaración de Ramos, los legisladores del kirchnerismo en la comisión impusieron su mayoría y decidieron citar al fiscal.
En tanto, Ramos Padilla, quien se declaró incompetente y envió a Comodoro Py una denuncia similar contra Robles y D’Alessandro, denunció que la Justicia federal está “infiltrada” por servicios de inteligencia y que hay tareas de espionaje ilegal en connivencia con magistrados. También citó una causa contra Stornelli que investigó cuando era juez federal de Dolores (Buenos Aires) y terminó hablando de supuesto espionaje ilegal contra los “presos políticos” del kirchnerismo -entre ellos, Amado Boudou- condenado por corrupción.
La Affun criticó la citación de judiciales como testigos ante la Comisión de Juicio Político de Diputados “para ser interpelados por la procedencia o pertinencia de resoluciones o dictámenes que oportunamente ellos emitieran en causas judiciales que se encuentran en trámite”.
La entidad agregó que las medidas se agravan porque se dan en el marco de un proceso “ajeno a sus personas”, en el cual se analiza el enjuiciamiento de los ministros de la Corte.
En el documento que difundió, resaltó que las decisiones que tomaron jueces y fiscales ya se encuentran sometidas a los controles recursivos y administrativos exigidos por el ordenamiento procesal vigente y recordó que hay un procedimiento “específico y diferente” para el cuestionamiento del desempeño de los magistrados.
“La citación en carácter de testigos, exigiendo que los fiscales declaren bajo juramento sobre su propio proceder o sobre cuestiones inherentes a las partes de una causa no sólo pueden traer aparejadas violaciones de garantías constitucionales básicas, sino que también pueden interpretarse como perturbaciones al ejercicio de sus funciones, afectando la seguridad jurídica de un Estado Democrático”, sostuvo el grupo presidido por Ricardo Toranzos.
Bajo esa premisa, les pidió “a las autoridades parlamentarias en cuestión” que obren con “la mayor prudencia posible”; ello así, en atención a la gravedad institucional de los temas que deben tratar y “para evitar cualquier interpretación de injerencia indebida en perjuicio del principio de separación de poderes, que prohíbe asumir a los otros poderes del Estado, de manera indirecta, funciones jurisdiccionales”.
“Este llamado de atención en modo alguno pretende establecer una defensa corporativa de ningún fiscal o magistrado judicial; por el contrario, tiene el objetivo de poner de manifiesto la defensa de la institucionalidad y legalidad que les corresponde a los fiscales en el legítimo ejercicio funcional, en defensa de lo establecido en el artículo 120 de la CN y las leyes reglamentarias que rigen su ejercicio”, completó.
La Affun no es la primera entidad que se pronuncia sobre la citación de judiciales para que declaren como testigos.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional ya tomó posición y recordó que no corresponde explicar los fallos. “Tanto como no es función de los magistrados pronunciarnos acerca de la forma en que desempeñan sus funciones los poderes legislativos y ejecutivos, rechazamos cualquier intento de ellos de atribuirse facultades que no les corresponden”, afirmó la asociación encabezada por Marcelo Gallo Tagle y Marcelo Peluzzi.
“Ni los fiscales deben explicar sus dictámenes a las señoras y señores diputadas y diputados de la Nación ni los jueces sus decisiones”, sumó.
Paralelamente, resaltó que para las partes existen las herramientas recursivas correspondientes y también, eventualmente, las disciplinarias.
