ESCUCHARLos programas de recuperación son escasos, indicó la Unidad Fiscal de Ejecución Penal del Ministerio Público Fiscal. Fuera del ámbito penitenciario, los lugares de atención también son reducidos. La denuncia tardía de la víctima y su no participación en el proceso, otro elemento a tener en cuenta
Por Silvina Bazterrechea – [email protected]
El delito contra la integridad sexual no es fácil de abordar como tampoco de tratar. Acompañar al agresor sexual con un tratamiento psicológico durante su permanencia en la cárcel para que no reincida es uno de los desafíos del sistema penitenciario. Aunque la atención psicológica en este tipo de casos es clave, sólo 29% de los condenados sometidos a la jurisdicción de la Justicia Nacional de Ejecución Penal están incluidos en estos programas, según un estudio la Unidad Fiscal de Ejecución Penal (UFEP) del Ministerio Público Fiscal.
El relevamiento indica que desde 2007, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) ha venido implementando una serie de programas específicos orientada al abordaje de personas condenadas por esos delitos. Pero en la actualidad, sólo 3 de cada 10 condenados se encuentran actualmente incorporados al “Programa de Tratamiento de Ofensores Sexuales” (POS).
Similar situación ocurre fuera del ámbito carcelario. Aquellos que cumplen penas en suspenso cuentan con pocos lugares para someterse a tratamientos de recuperación, indicaron con preocupación la fiscal Guillermina García Padin y el fiscal Diego García Yomha, a cargo de la UFEP.
Los funcionarios judiciales reclaman a todos los actores involucrados “un trabajo articulado que aporte herramientas para profundizar la prevención de estos delitos y lograr una inserción social positiva”.
Pero el problema de falta de atención psicológica para los ofensores sexuales no es la única arista que aborda el trabajo realizado por la UFEP. Advierte también de la pobre participación de las víctimas en el proceso judicial: 84% de las personas que fueron sometidas sexualmente no se constituyó como querellante particular en ningún momento del proceso.
Perfil
El estudio también muestra datos que permiten entender el perfil de los agresores sexuales y el de sus víctimas.
En primer lugar, hay que decir que los porcentajes de esos tipos delitos representan 10% sobre 2.924 detenidos y 5% sobre 3.867 penas en suspenso.
Seis de cada diez abusadores recibieron su primera condena y el abuso fue, en 68% de los casos, de carácter intrafamiliar, en tanto que 32% de los primarios agredió sexualmente a una víctima con quien no tenía vínculo.
En los abusos intrafamiliares, 53% de las víctimas fueron hijos propios o hijos de la pareja de quien resultó condenado, y en 8% la víctima fue la pareja o ex pareja del agresor al momento de la comisión el hecho. Asimismo, en 19% de los casos la víctima era un sobrino del condenado.
La gran mayoría de los condenados son argentinos y representan 77% del total. Respecto de las condiciones personales: un alto porcentual de detenidos tenía empleo de distinto tipo y educación en diferentes estadios.
Denuncia tardía
El relevamiento muestra otro elemento importante. Un alto porcentaje de hechos no se denuncia inmediatamente sino que transcurre un lapso prolongado hasta que esto sucede.
“Si bien es innegable que muchas veces esto es resultado de las características mismas de los hechos, por ejemplo en casos de abusos intrafamiliares crónicos, marca la necesidad de ampliar la base preventiva y el acceso de las víctimas al sistema penal”, expresó la UFEP.
Otro dato llamativo y sumamente alarmante es el elevado número de víctimas menores de edad, que resultan ser más de la mitad de los casos. En particular, el universo más vulnerable a estos graves delitos, son los niños y niñas de menos de 13 años. Por otro lado, el porcentaje de víctimas mayores de 18 años ronda 38% .
Situación
– Seis de cada diez abusadores recibieron una condena por primera vez.
– 68% de los abusos ocurre en el ámbito intrafamiliar. Hay un alto porcentaje de demora en la denuncia de las víctimas.
– 84% de las víctimas no se constituyó nunca como querellante particular en la causa.
