ESCUCHAREl Ministerio Público consideró como atenuante la historia de consumo abusivo de los imputados y la toma de conciencia de su situación. Importaban pastillas desde Europa para comercializarlas en fiestas electrónicas
El titular de la Fiscalía Número 2 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Córdoba, Carlos Gonella, solicitó que se le aplique la pena mínima a tres personas acusadas de tráfico y comercialización de estupefacientes. Para ello, el agente tuvo en cuenta los problemas de adicción de los encartados.
De acuerdo con la acusación fiscal, los imputados importaban pastillas “de diseño” desde distintos países de Europa, por vía correo postal internacional, que abonaban a través de bitcoin, para luego comercializarlas en eventos y fiestas de música electrónica.
Llegaron a juicio acusados por cinco hechos M.H.; su pareja, P.C., y la hermana de la mujer.
En el domicilio de la pareja se incautaron más de 270 pastillas de distinto tipo junto con dinero en efectivo (tanto en pesos como en dólares) y una balanza digital de precisión.
En su alegato, Gonella destacó que al momento de prestar declaración los tres encausados reconocieron tener problemas de adicción desde muy temprana edad. También indicó que explicaron que hicieron diversos tratamientos para mitigar su dependencia de las drogas y que todos reconocieron las problemáticas que trae su consumo.
Además, contempló el testimonio del psiquiatra del principal imputado, quien explicó que el hombre padece trastornos mentales y de comportamiento debido al consumo.
Gonella mantuvo la acusación pero modificó la participación de las mujeres, al considerarlas cómplices secundarias. Valoró tanto el testimonio de arrepentimiento de ambas, contextualizado en una historia de consumo problemático, como las diferencias entre sus realidades socioeconómicas, de clase media trabajadora, con las de el hombre, que tiene un “notable mayor poder adquisitivo”.
El funcionario estimó que, en ese esquema, el principal acusado podría haberse valido de otras personas del mismo entorno dispuestas a cumplir el rol que ejecutaron las imputadas en la causa.
Por ese motivo, solicitó para M.H. una pena de cuatro años y seis meses de prisión, el mínimo imponible para los delitos que se le señalan, porque consideró como atenuantes su historial de consumo abusivo y problemático, la toma de conciencia por su propia voluntad tras experimentar el encierro y las perspectivas favorables de su evolución futura.
Para su novia, el pedido de pena fue de tres años de prisión en forma condicional, y de dos años de prisión en suspenso para su hermana.
Gonella pidió además que a ambas se les imponga la obligación de participar en actividades colectivas en alguna institución pública para concientizar a jóvenes sobre la problemática del consumo.
La defensa del encartado coincidió con el planteo del fiscal pero solicitó que se declarara la inconstitucionalidad de la imposición del mínimo de la pena, al considerar que una condena de prisión efectiva resultaría perjudicial. Al respecto, detalló que su asistido padece una dependencia de sustancias sumamente nocivas (ketamina y éxtasis) y que lleva tres años de tratamiento profundo, algo que su propio psiquiatra resaltó, al tildar de contraproducente para su resocialización una condena de este tipo. Por ese motivo, solicitó una pena de tres años de ejecución condicional, pedido para el que el representante del Ministerio Público Fiscal prestó conformidad
