Sin transferir el dinero, el plazo para demandar rige

En el caso se había concedido la solicitud de embargo preventivo sobre créditos pendientes de cobro favorables al deudor. Para el TSJ, los 10 días que prevé el procedimiento vencieron cuando se depositó la orden en el tribunal interviniente. [privado] Al revocar la resolución que declaró caduco el plazo para incoar demanda previsto en el artículo 465 del Código de Procedimiento Civil y Comercial una vez concedido el pedido de embargo preventivo sobre créditos pendientes de cobro a favor del deudor, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) determinó que el término de 10 días previsto en dicha norma recién venció cuando los fondos cautelados fueron depositados a la orden del juzgado interviniente -lo que en realidad ocurrió tres meses después-. La Cámara 1ª del fuero declaró la caducidad de la cautelar por entender que el plazo en cuestión feneció cuando el oficio de embargo de fondos fue presentado ante la Municipalidad de Córdoba por la embargante, Estructuras Sacicif, a fin de que -previo a interponer la demanda- se retuvieran los fondos que en 2012 la comuna debía abonar a LWK Mantenimiento y Servicios SA, quien se encontraba a cargo de la limpieza y mantenimiento de los espacios verdes de la ciudad. Estructuras articuló casación y el TSJ, integrado por Carlos Francisco García Allocco -autor del voto-, María Marta Cáceres de Bollati y Domingo Juan Sesin, le dio la razón a la empresa casacionista y anuló el fallo que declaró caduco el embargo. En sus fundamentos, el Alto Cuerpo estableció que “el término de diez días establecido en la Ley Procesal comenzó a correr, en la singular hipótesis de autos, al día siguiente de la fecha en que el dinero fue depositado por el Municipio a la orden del tribunal de la causa”, pues “la manda judicial recién puede reputarse cumplida cuando ello ocurrió”. Tesis En ese orden, el decisorio determinó que “no es acertado, entonces, asumir como correcta la tesis propuesta en el fallo en crisis según la cual el plazo de caducidad debía computarse a partir de la fecha en que el oficio fue presentado ante la Institución destinataria de la medida, toda vez que no resulta lógico suponer que la concreción de tales actos pueda hacerse de manera instantánea”, al tiempo que, “en los hechos (…) el depósito del dinero en el Banco a disposición del Órgano Jurisdiccional se concretó casi tres meses después de la presentación de la manda judicial ante la Municipalidad; y no cabe duda que la demora en la tramitación resulta absolutamente ajena al ámbito de actuación del embargante y, consecuentemente, no le es imputable”. Además, el pronunciamiento recordó que “el plazo de diez días se debe contar a partir del día siguiente en que la medida se ‘trabó’ o, en términos más generales, desde que se estuvo en condiciones de demandar” y “en el supuesto de embargo de dinero, el plazo se debe contar –en general- desde que queda indisponible y a la orden del tribunal interviniente”. Asimismo, la resolución explicó que “estos conceptos parten del método de interpretación literal del precepto, que constituye la primera herramienta que debemos emplear en la tarea de buscar el sentido y alcance de las normas; el cual obliga a destacar que el legislador ha utilizado el vocablo ‘trabó’ para marcar el ‘dies a-quo’ en el cómputo del plazo en cuestión”. En la misma inteligencia, el Máximo Órgano Judicial de la Provincia predicó que “hace a la esencia del instituto en cuestión -caducidad- que no se pueda perder un derecho que no se ha obtenido aún” y “en palabras sencillas, no cabría posibilidad alguna de perder el derecho a conservar la vigencia de la cautelar trabada antes de iniciar el juicio, si la medida –en el caso, el embargo- aún no ha comenzado a tener eficacia”. Autos: “ESTRUCTURAS SACICIF C/ LWK MANTENIMIENTO Y SERVICIOS S.A. – ORDINARIO – COBRO DE PESOS – CUERPO DE COPIA EXPTE. 2374451/36 – REC. CASACIÓN” (Expte. 2467963/36)

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Sin transferir el dinero, el plazo para demandar rige

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