Diputados del PRO quieren que su tenencia en los establecimientos penitenciarios sea un delito. Aseguran que estos dispositivos representan «armas poderosas»
Un grupo de diputados del PRO, encabezado por el mendocino Álvaro Martínez, presentó un proyecto para tipificar como delito la tenencia celulares en las cárceles, y reavivó la polémica respecto de los derechos de los internos a mantenerse comunicados.
En los fundamentos de la iniciativa, los legisladores advierten de que los teléfono móviles «se utilizan invariablemente como guía eficaz y coordinación de prácticas ilícitas por parte de organizaciones criminales que operan dentro y fuera de las prisiones” y que esos dispositivos adquirieron, a lo largo de los años, “estatus de armas poderosas en manos de los criminales«.
Los diputados enumeraron algunos de los delitos que se cometen a través del uso de los celulares en las prisiones: extorsiones, amenazas y estafas virtuales, entre otros.
El proyecto de prohibición de su uso establece que será reprimido con prisión de 1 a 3 años quien introdujere o hiciere introducir en el establecimiento penitenciario o lugar donde se encuentre alojado algún detenido o internado, dispositivos de comunicación móvil o celulares, partes de ellos, chips telefónicos u objetos no autorizados tecnológicos que permitan comunicación con el exterior o cualquier otro elemento que ponga en peligro la seguridad de terceros, los detenidos, internados y del personal» penitenciario.
Si fuere un abogado, procurador, empleado o funcionario público, miembros de las fuerzas policiales, de seguridad, armadas o penitenciarias, la pena será de 1 a 4 años; además, se aplicará inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena para el ejercicio de la profesión y/o del cargo u oficio.
Además, para el caso de los internos, serán sancionados con una pena de prisión de 2 a 5 años, y además la prohibición del ingreso al régimen de libertad asistida.
Derecho a la comunicación
La ley nacional parte de un principio general que es el derecho a la comunicación que tienen los internos. Sin embargo, dichas comunicaciones deben ajustarse a las condiciones, oportunidad y supervisión que determinen los reglamentos carcelarios. En este sentido, si bien conserva el principio general del derecho a la comunicación que tienen los presos, como internos de un establecimiento carcelario todo queda librado al reglamento interno.
Durante la pandemia de covid-19, que obligó a los servicios penitenciarios a suspender las visitas en las cárceles, el uso de los celulares se generalizó. Un fallo del Tribunal Criminal 1 de Necochea (provincia de Buenos Aires) entendió que “pretender que la posesión de un teléfono celular sirva como elemento de ‘perturbación del orden y la disciplina’ o que facilite la comisión de delitos o quebrante la seguridad del establecimiento, no es una conclusión que pueda ser presumida iure et de iure sino que requiere de pruebas que lo demuestren».
La resolución de ese juzgado legalizó una situación que ya existía en las cárceles e incluso podría mejorar el control: el interno tendría que dar el número del celular, lo que permitiría rastrear una llamada extorsiva o amenaza, si esta existiere.
Oportunamente, la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) también se mostró a favor del uso de los celulares en los penales. Para ella, la contención familiar es un derecho inalienable de toda persona detenida y ello exige revisar los dispositivos vigentes y ajustarlos a las posibilidades que ofrecen los actuales entornos tecnológicos.
Encuesta
En una encuesta anónima realizada antes de la pandemia a los internos de la Unidad Penal N° 3 de la Provincia de Buenos Aires, de un total de 207 detenidos, 42 dijeron que tenían celulares en ese momento y 81 que lo habían tenido alguna vez. Respecto a la forma de conseguirlos, 52 manifestaron que por intermedio del Servicio Penitenciario Bonaerense; 55, que los consiguieron por medio de otro interno y 18 que se los había facilitado la familia. Respecto de los motivos por los cuales utilizan telefonía celular, 121 manifestaron que facilita el contacto periódico con la familia; 96, que es más barato que la tarjeta; 59, que evita conflictos con otros internos y 52 que el teléfono del pabellón (fijo) se rompe o no funciona. De esta manera, destacaron que el uso del celular responde a la necesidad de ellos de poder comunicarse con el exterior de una forma segura y más económica.
