ESCUCHARLa audiencia del juicio oral por la “Masacre de Napalpí”, el primer proceso por crímenes de lesa humanidad cometidos contra comunidades originarias, continuará este martes 3 de mayo en la Casa de las Culturas de Machagai, donde declararán descendientes de sobrevivientes e investigadores de las etnias Qom y Moqoit.
La audiencia se extenderá hasta las 12, para reanudarse luego a las 15, según informaron fuentes judiciales.
Serán 14 los testigos que brindarán sus testimonios en el marco del histórico juicio oral por la verdad sobre la “Masacre de Napalpí”, como se conoce al fusilamiento de más de 400 integrantes de los pueblos originarios Qom y Moqoit ocurrido el 19 de julio de 1924 por parte de fuerzas estatales y paraestatales del entonces Territorio Nacional de Chaco.
En la audiencia del miércoles pasado, declararon los investigadores y académicos Francisco Romero Teresa Artieda, Laura Rosso, Gabriela Barrios, Alejandro Jasinski, y Luciano Sánchez.
También lo hizo el exdiputado Rubén Guillón de modo presencial y, por vía remota, el periodista Pedro Solans, investigador de esta matanza cometida durante la presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear.
Además, se incorporaron por lectura los testimonios de Mario Irigoyen, hijo de la sobreviviente Melitona Enrique, y de Carmen Rosa Delgado, hija de Rosa Chará, quien tenía 11 años cuando fue salvada por su madre y su tía de los efectivos que perseguían a los indígenas.
A modo de cierre de la jornada, se reprodujo la filmación de una entrevista realizada el 6 de enero de 2020 por los fiscales Federico Carniel y Diego Vigay a Felipa Laleqori, hija de un sobreviviente de la “Masacre de Napalpí”.
El juicio oral comenzó el pasado 19 de abril, Día de la Reafirmación de los derechos de Pueblos Originarios, y contó con el acompañamiento de organizaciones sociales, de comunidades originarias y de derechos humanos.
Querellantes y fiscales presentaron sus alegatos preliminares (una suerte de sinopsis de sus respectivas acusaciones y de las pruebas que las sustentan) y se reprodujeron una serie de cortos audiovisuales con registros de entrevistas realizadas por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos a Pedro Valquinta, sobreviviente de la Masacre, de 105 años, y a Rosa Grillo, de 114.
Este proceso es un “juicio por la verdad” ya que no tendrá imputados -los responsables de esa masacre están fallecidos- y tiene como objetivo establecer la verdad histórica como reparación a familiares de las víctimas y a sobrevivientes.
El antecedente directo de este tipo de procesos son los Juicios de la Verdad que se llevaron a cabo a fines de los años ’90 y principios del 2000, cuando los crímenes de lesa humanidad no podían investigarse penalmente debido a la vigencia de las leyes de Punto Final, Obediencia Debida y los indultos presidenciales de Carlos Menem.
Esas leyes de impunidad impedían el juzgamiento de los delitos cometidos por la última dictadura cívico militar, pero no bloqueaban el camino para conocer cuál había sido el destino de las personas que estuvieron cautivas en los centros clandestinos de detención.
Los organismos de derechos humanos impulsaron estos procesos de la verdad que aportaron una valiosa información que resultó decisiva para avanzar en los procesos que siguieron después de 2003, cuando fueron derogadas las leyes de impunidad.
La Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de Chaco, representada por el abogado Duilio Ramírez, se constituyó como una de las querellas, acompañada por la querella del Instituto del Aborigen Chaqueño, representado por el abogado Miguel Núñez, en tanto que la acusación del Ministerio Público Fiscal es cursada por la Unidad Federal de Derechos Humanos, integrada por los fiscales Federico Carniel y Diego Vigay.
El 19 de julio de 1924, la policía del territorio nacional del Chaco produjo la acción represiva conocida como la “Masacre de Napalpí” contra un grupo de trabajadores del algodón pertenecientes a las etnias aborígenes Moqoit, Qom, Shinpi y algunos criollos correntinos y santiagueños residentes en la zona, que realizaban una huelga pacífica en una reducción aborigen ubicada a 120 kilómetros de Resistencia.
Las víctimas llevaban a cabo un reclamo por las pésimas condiciones de vida, con salarios de hambre, y la prohibición de trasladarse a otras jurisdicciones.
