ESCUCHARLa Corte Suprema de Justicia de la Nación escuchó ayer los argumentos a favor y en contra del ingreso de combustible usado en la Argentina, procedente del reactor de investigación que la empresa nacional Investigaciones Aplicadas Sociedad del Estado (INVAP) le vendió a Australia hace dos años.
El Estado Nacional -a través de la Cancillería- y la propia INVAP defendieron ante el Máximo Tribunal que el eventual ingreso en nuestro país de combustible usado no equivale a la entrada de residuos tóxicos prohibida por la Constitución Nacional.
Los defensores de esta postura sostuvieron que el tratamiento de ese material no necesariamente se hará en la Argentina, que aun si así fuera pasarán hasta entonces más de ocho años y que nuestro país está en condiciones de llevar adelante el proceso sin riesgos.
El vocero de la posición del denunciante Juan Schroeder fue el constitucionalista Daniel Sabsay, quien sostuvo que la cuestión “es de puro derecho, ya que no importa si la Argentina puede o no tratar ese combustible usado, lo que interesa es que el mero ingreso ya viola la Constitución”.
Esta opinión, según la denuncia, sería abonada por la propia Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la que habría definido al combustible agotado como “residuo radiactivo”, lo que impediría franquearle el ingreso por ir en contra de cláusulas constitucionales.
La Corte estuvo representada por su presidente Ricardo Lorenzetti, la vicepresidente Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Enrique Petracchi.
