ESCUCHAREl defensor del Pueblo adjunto bonaerense, Walter Martello, afirmó que la normativa sancionada en 2010 es “impecable desde el punto de vista ideológico” pero “de difícil aplicación” porque Argentina “no tiene un sustento vinculado al seguimiento de los pacientes”. Además, planteó las limitaciones del paradigma que promueve
La Ley Nacional de Salud Mental (LNSM), aprobada en noviembre de 2010 –a libro cerrado en Diputados y casi sin debate en Senadores-, quedó nuevamente en la mira por el caso del músico Santiago Moreno Charpentier. [/privado]
El cantante y compositor se encuentra internado en grave estado por haber recibido un disparo en el estómago de un efectivo de la policía bonaerense, mientras atravesaba una crisis de salud mental generada por su abuso de drogas y amenazaba con un cuchillo a miembros de su familia y a otras personas que intentaban contenerlo.
Las deficiencias de la normativa, que promueve el ideario denominado “abolicionismo psiquiátrico”, volvieron a ser resaltadas por sus críticos en septiembre del año pasado, luego del crimen del inspector de la Policía Federal Juan Pablo Roldán, asesinado a puñaladas por Facundo Roza, quien sufría un brote de esquizofrenia, en el barrio porteño de Palermo.
En ese entonces, en artículos periodísticos, entrevistas gráficas y televisivas y redes sociales, muchos psiquiatras recordaron que las asociaciones que los representan no fueron escuchadas por los legisladores -hace más de una década, cuando se diseñó la legislación-.
También denunciaron que ninguna facultad de Medicina de Argentina participó de la redacción del texto y sostuvieron que el articulado fue producto del enfoque que tienen sobre la materia psicólogos, abogados, juristas y políticos.
Entre los profesionales que expresaron sus quejas figura el médico Juan Aspitarte (MP 80939), psiquiatra desde 1981 en ciudades de la provincia de Buenos Aires como Azul, Olavarría y Pigüé.
Entrevistado por Claudia Peiró para Infobae, en octubre de 2020, sostuvo que lo sucedido en la ciudad de Buenos Aires era responsabilidad de quienes “minimizaron la acción de la psiquiatría” al respaldar la ley vigente.
También los culpó por la cantidad de personas con enfermedades mentales que viven en la calle o con sus familias sin tratamiento, pese a tener “niveles brutales de agresividad”.
Incluso, dijo que en 30 por ciento de los casos de violencia de género hay “patología psiquiátrica pura”.
Incumbencias
El punto más cuestionado de la LNSM es el relativo a las incumbencias profesionales de los integrantes de los equipos interdisciplinarios.
La legislación pone en pie de igualdad a psicólogos y psiquiatras y le quita preeminencia al médico en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad mental, pauta que genera problemas operativos en el momento de la toma de decisiones en situaciones extremas, como internaciones de adictos o de personas en crisis.
Cabe recordar que el artículo 16, por ejemplo, fija como requisito para una internación “la firma de al menos dos profesionales” del establecimiento, “uno de los cuales debe ser necesariamente psicólogo o médico psiquiatra”.
Entre los detractores de la norma hay acuerdo en que el problema no es la interdisciplinariedad sino la indeterminación de las incumbencias de cada especialidad.
Cabe recordar que la norma establece el abordaje interdisciplinario en los tratamientos psicofarmacológicos, en la evaluación diagnóstica para decidir una internación, en el alta, externación o permiso de salida y en la declaración judicial de inhabilitación o de incapacidad.
Los galenos expertos en salud mental no cuestionan la interdisciplinariedad y respaldan la noción de que el abordaje médico no basta. Sin embargo, estiman que los roles no son intercambiables y que cada profesional debe aportar desde su área; ello así, porque hay síntomas que parecen psiquiátricos pero pueden tener origen en una enfermedad orgánica y para detectar ciertos casos no basta la formación en humanidades o en ciencias sociales.
En un análisis publicado por la Asociación Argentina de Psiquiatras a poco de promulgada la nueva ley, Néstor Stingo, psiquiatra forense y ex jefe del Departamento de Docencia e Investigación del Hospital Borda, escribió: “Con asombro observamos que la Salud Mental parece estar fuera del campo de la medicina, pues se considera que un equipo interdisciplinario conformado por un trabajador social, un terapista ocupacional, un enfermero y otras disciplinas o campos afines -antropólogo, sociólogo-, con la presencia de un psicólogo, pueden diagnosticar y evaluar todas las enfermedades mentales”.
Madres
Ayer, la madre de Moreno Charpentier habló con la prensa y declaró que “hace años” que su hijo pide ayuda por sus adicciones.
“Yo sólo llamé a una guardia médica para que ayudara a mi hijo, y sabía que se iban a encontrar con alguien que estaba mal. Yo sólo pedí ayuda. No sé a quién tenían que mandar o cómo es el procedimiento, sólo pido que hagan algo con la ley porque la adicción es una enfermedad y nadie nos da respuesta. Está lleno de madres que no tienen visibilidad y nadie las escucha”, planteó la mujer.
Luego, ante la persistente polémica por la actuación del agente policial que hirió gravemente al cantante, el ex subjefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Salvador Baratta, aseguró: “No tenemos una ley de salud mental que abarque qué hacemos con los enfermos”.
Por su parte, el defensor del Pueblo adjunto bonaerense, Walter Martello, estimó que el marco normativo “no brinda respuestas adecuadas” en casos como el protagonizado por Moreno Charpentier y recordó que hay miles de familias que reclaman poder internar a sus hijos con adicciones.
Martello, responsable del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría, se refirió a una situación que se repite diariamente, a saber: “Madres, padres, hermanos, familiares, amigos que reclaman que alguien ayude a sus seres queridos que sufren en carne propia las adicciones y ya no pueden valerse por sí mismos” y que son “peligrosos para sí y para terceros”.
Interacciones involuntarias
Para Martello, es necesario revisar en la LNSM lo estipulado relativo a las internaciones involuntarias.
Aunque opinó que “siempre deben concebirse como un recurso terapéutico excepcional”, admitió que a la hora de instrumentar los requisitos que establece la norma, en los casos severos hay “serios problemas”. “La ley es impecable desde el punto de vista ideológico pero es de difícil aplicación porque Argentina no tiene un sustento vinculado al seguimiento de los pacientes que pueda ser de carácter universal”, agregó.
“Necesitamos una ley o una reglamentación que les dé más herramientas a los profesionales de la salud y a las familias”, abundó.
El funcionario consideró que la sanción de la legislación vigente fue “un inmenso avance respecto a su antecesora”, que regulaba las internaciones de personas con enfermedades mentales, alcohólicos crónicos o toxicómanos, pero enfatizó que hay dificultades que deben ser subsanadas.
“¿Qué grado de autodeterminación y voluntad propia posee una persona para decidir sobre si inicia, continúa o no su internación, si precisamente está comprometida su voluntad y su psiquis por los efectos de las drogas?”, inquirió.
Bajo esa premisa, expresó que el paradigma, tal como está actualmente, hace que “la persona llegue hasta su límite”, que “lleva a poner en riesgo su propia vida o la de terceros”.
Martello aclaró que los cambios que propone no pueden ni deben implicar un retroceso en el esquema de derechos de la persona con padecimientos mentales o con casos graves de adicción, ni en el esquema de razonabilidad, proporcionalidad y control judicial de las medidas adoptadas tendientes a asegurar su salud y su vida.
“La perspectiva de derechos no debería anteponerse a la perspectiva de salud, especialmente en situaciones de riesgo efectivo. Sin embargo, sucede”, concluyó.
“Antipsiquiatría”
- Los defensores del ideario “antipsiquiatría” sostienen que las causas de los problemas mentales están en el entorno y en la estructura familiar.
- La corriente, en auge desde los años 50, considera aquella rama de la medicina un “instrumento capitalista” para el disciplinamiento social y denuncian un uso punitivo del diagnóstico psiquiátrico.
- También acusa a esta especialidad de “medicalizar” condiciones que tendrían origen social y equiparan el hospital psiquiátrico a la cárcel.
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El sustento al que se refiere la nota: sería multiplicar por diez lainversion del estado en institutos mentales y personal capacitado para atender alos enfermos. Pero eso no es posible dentro de las limitaciones presupuestarias del estado actual. Hay que cambiar todo, hay que salir del capitalismo. la frustración y enajenacion del capitalismo es lo que impulsa ala gente a loa droga.