ESCUCHARTomando en cuenta los reclamos de expertos y de familiares de pacientes psiquiátricos y adictos, la iniciativa de “ley ómnibus” propone cambiar ocho artículos de la Ley Nacional de Salud Mental (LNSM).
Entre las modificaciones que introduce figura facilitar la hospitalización involuntaria en ciertos casos. También elimina la prohibición de crear nuevos centros de salud mental y neuropsiquiátricos.
En 2021, el caso del músico Luciano Moreno “Chano” Charpentier, quien casi pierde la vida después de recibir un disparo en el estómago de un efectivo de la policía bonaerense mientras atravesaba una crisis generada por su abuso de drogas y amenazaba con un cuchillo a familiares y allegados que intentaban contenerlo, reabrió el debate por las previsiones de la LNSM.
El episodio no fue un hecho aislado: se sumó a una larga lista de situaciones violentas que tienen como víctimas o victimarios a individuos con padecimientos psiquiátricos que no son contenidos por el sistema.
La Ley Nacional de Salud Mental tiene partidarios y detractores. Especialmente durante los últimos cinco años, los críticos denuncian que es de difícil aplicación porque ignora aspectos de la enfermedad mental.
“Sufrimiento”
Poco antes del “caso Chano”, el psiquiatra forense Andrés Mega escribió una columna de opinión en Infobae y expuso los puntos por los cuales, a su entender, la normativa debería reformarse.
Resaltó que sólo habla de sufrimiento o padecimiento -lo cual, según consideró, “minimiza y ridiculiza” la enfermedad mental- y que “desconoce las incumbencias profesionales de los integrantes de los equipos interdisciplinarios”, integrados por médicos, psicólogos, enfermeros, asistentes sociales y terapistas. Según Mega, el tema de las incumbencias genera problemas cuando se deben tomar decisiones sobre internaciones, externaciones y tratamientos, entre otras.
“La ley no sólo desconoce que es el psiquiatra el único autorizado para medicar, sino que lo estigmatiza acusándolo de cargos gravísimos en la misma redacción de la norma. Propone que el equipo multidisciplinario, integrado por diversos profesionales, participe de la prescripción de medicamentos, algo ilegal dentro de la misma ley, aunque cueste creerlo”, escribió el galeno.
Reseñó que dice que para internar involuntariamente debe existir “riesgo cierto e inminente” y que, pese a que se trata de un concepto fundamental, en ningún párrafo del texto legal o de su reglamentación se expone en modo científico cómo se establece.
Generales
“Dispone que la internación psiquiátrica debe hacerse en hospitales generales. Más allá de las demandas de personal e infraestructura que ello implicaría y de que no existen, esto implica el desconocimiento de un principio básico: que los pacientes en el hospital general están en cama, mientras que los psiquiátricos deambulan, algo imposible de congeniar en una misma habitación, sala, pabellón, incluso establecimiento”, planteó.
También cuestionó que ninguna facultad de Medicina participó de la redacción y que quedaron excluidas las sociedades de psiquiatras de Argentina.
Paralelamente, apuntó al presupuesto y denunció que se cerraron instituciones públicas en todo el país y que miles de pacientes quedaron sin atención ambulatoria.
Finalmente, precisó que la LNSM tampoco prevé cobertura gratuita de medicamentos para los enfermos crónicos sin recursos que deben seguir en tratamiento para no descompensarse.
“La ambigüedad de la redacción ha hecho que se interprete disímilmente en el ámbito judicial”, sumó. “Cada juzgado la aplica según su particular visión”, cerró.
Congreso
En el Congreso, en el marco del análisis del paquete legislativo que envió la Administración de Javier Milei, expertos y familiares de enfermos y adictos denunciaron carencias y trabas para la atención y respaldaron la reforma de la LNSM.
La psicoanalista Silvia Papuchado, miembro del capítulo de Políticas Públicas de la Asociación Argentina de Psiquiatría (AAP), fustigó que inste al cierre de instituciones.
“La ley vigente ordena el cierre de los ‘monovalentes’ (hospitales y clínicas psiquiátricas), a los que califica de manicomios (meros lugares de encierro), cuando hace tiempo no lo son”, sostuvo. “Nosotros pedimos que se abran”, planteó.
“¿Qué es el hospital Udaondo? Es un hospital monovalente de gastroenterología. Nadie pide que se lo cierre. ¿Por qué en cambio se pide el cierre de los hospitales monovalentes de psiquiatría? Eso es un estigma. Es un estigma llamar usuario a un enfermo mental”, afirmó.
Papuchado integra la asociación La Madre Marcha, que fundaron Marina Charpentier, la mamá de Moreno Charpentier, y Stella Maurig, especialista en drogadependencia cuyo hijo David se quitó la vida en 2019, a los 31 años. Era adicto.
Antes, Charpentier y Maurig hablaron frente al plenario de comisiones que examina el proyecto “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, cuyos artículos 618 a 625 conciernen a la salud mental, y lo apoyaron.
Riesgo
“Acompañamos a las familias desesperadas, venimos a hablar de dolor, se está muriendo la gente por falta de atención, estamos llenos de personas en situación de calle”, dijo Papuchado.
También cuestionó que la ley diga que sólo cabe la internación involuntaria cuando haya “un riesgo cierto e inminente”. La mujer señaló que hay también un riesgo potencial. “¿Por qué piensan que queremos internar a la gente como si fuera una cárcel? El hospital no es una cárcel”, manifestó. Según denunció, muchos pacientes terminan en el programa PRISMA, en el sector psiquiátrico de la cárcel de Ezeiza. “Son aquellos que no pudieron ser tratados en tiempo y forma: lo vemos todos los días en hechos de violencia”, apuntó.
Bajo esa premisa, sobre las internaciones, fustigó uno de los tramos más polémicos de la normativa vigente: el Órgano de Revisión que, entre otras funciones, las supervisa. Está formado esencialmente por abogados de organizaciones de derechos humanos.
“Lo que pedimos es que una vez que se le avise al juez de la internación exista un órgano de revisión que no es el actual, sino conformado por especialistas en salud mental, psiquiatras, médicos y abogados especializados en esta problemática”, precisó.
Esquizofrenia
A su turno, habló Pedro Gargoloff, médico psiquiatra con 50 años de ejercicio (30 en el Hospital Korn de Melchor Romero) y colaborador de la Asociación de Ayuda de Familiares de personas con Esquizofrenia (AAFE) de La Plata, creada en 2001.
En el Legislativo, Gargoloff celebró la oportunidad para debatir en profundidad qué normas aseguran el acceso a la salud mental integral y bregó por un consenso que posibilite la “prevención, asistencia y rehabilitación” a los pacientes y para que los familiares con responsabilidad de cuidados puedan llevar a cabo “las acciones requeridas”.
Gargoloff criticó la falta de adecuación del presupuesto por parte de las autoridades nacionales desde la promulgación de la ley, en 2010.
Juzgó que la internación de personas con trastornos severos se vio entorpecida “a punto de resultar imposible”, conduciendo a “un sufrimiento prolongado e inaceptable de los pacientes, empeorando su evolución, pronóstico y hasta el desenlace de lamentables lesiones físicas severas y la muerte”.
Puntualizó que la AAFE, que está conectada con otras asociaciones del país, recibe a menudo pedidos de ayuda de familiares que “claman por orientación” para resolver situaciones críticas que requieren intervención urgente y no tienen respuesta de los «dispositivos existentes». Aseveró que ello es “muy frecuente” en “casos de crisis psicóticas, con pérdida de contacto con la realidad, delirios y alucinaciones, propia de lo que ocurre en personas con esquizofrenia, que se originan por una inadecuada adherencia al tratamiento farmacológico consecuente con la falta de conciencia de enfermedad”.
En referencia a la disposición de la ley vigente de cerrar los establecimientos especializados (monovalentes) y ordenar la internación de los pacientes psiquiátricos en hospitales generales, Gargoloff dijo: “Resulta evidente que la internación por problemas de salud mental en un hospital general es difícilmente aplicable a aquellas personas con episodios graves, como los intentos de suicidio con alto riesgo de reiteración en el corto plazo, los delirios y alucinaciones severas en personas con esquizofrenia u otros trastornos mentales con crítico impacto en su conducta y los episodios de grave agitación psicomotriz con hetero y/o autoagresividad, entre otros”.
