ESCUCHARLos abogados querellantes de la causa en la que se investigan las explosiones ocurridas el 3 de noviembre de 1995 en la Fábrica Militar de Río Tercero se opusieron a la posibilidad de que ésta se divida en dos procesos orales y públicos.
La postura de los letrados, representantes de Ana Gritti -viuda de una de las víctimas de las voladuras- quedó plasmada en una presentación que enviaron los abogados a la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba con copia al Juzgado Federal de Río Cuarto, a cargo de Oscar Valentinuzzi.
En el escrito, Ricardo Monner Sanz, Horacio Viqueira y Aukha Barbero advirtieron que, si bien es cierto que existe una modalidad en el fuero penal federal respecto de la posibilidad de desdoblar causas, “dicha conducta no encuentra amparo en el Código Procesal Penal y que, bien mirado, desvirtúa el propio Código Penal”.
A criterio de la querella, la separación de las causas atenta contra el principio de “unidad de investigación y de la armónica validez de los actos cumplidos”. En tal sentido, la presentación de los letrados dejó sentada la necesidad de que exista un expediente único; esto no sólo para el resguardo de la querella y el Ministerio Público, sino también para los propios procesados.
Al finalizar su argumentación, la querella concluyó que “un conjetural desdoblamiento sería lesivo al derecho constitucional del debido proceso y de la defensa en juicio, al principio de gravedad institucional y hasta a pactos internacionales de sabida vigencia”.
Procesados
Por la voladura de la Fábrica Militar se encuentran procesados por el delito de estrago doloso agravado por la muerte de personas, un total de cinco militares: Jorge Cornejo Torino, Edberto González de la Vega, Carlos Franke, Diego Gatto y Nicolás Quiroga. En caso de aceptarse la división del expediente, ésta sería la primera tanda de imputados que deberían afrontar un juicio oral y público que tendrá que llevar adelante el Tribunal Oral Federal N° 2 de la ciudad de Córdoba.
Por su parte, el segundo grupo es sobre el cual está actualmente trabajando el juez Federal Oscar Valentinuzzi. Se trata de ocho funcionarios, militares y civiles imputados. Entre ellos se encuentra el ex presidente Carlos Menem; el ex jefe del Ejército, Martín Balza; el general Raúl Gómez Sabaini; y el ex funcionario del Ministerio de Defensa, Oscar Baeza. También están acusados Máximo Groba, Antolín Mosquera, Jorge Escurra y Norberto Emanuel. Estas imputaciones surgieron por pedidos del entonces fiscal Carlos Stornelli y de la querellante Ana Gritti. De no mediar inconvenientes, la situación de todos ellos quedaría resuelta en agosto próximo.
