ESCUCHARLa Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso de la defensa del exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime, contra la denegatoria de la morigeración de sus condiciones de detención, decisorio que firmó el juez Jorge Gorini, del Tribunal Oral Federal 2.
El exfuncionario está preso en la cárcel de Ezeiza cumpliendo una pena de ocho años por la suma de condenas por administración fraudulenta y estrago culposo en la denominada “Tragedia de Once”, por aceptación de dádivas y sustracción de pruebas.
Jaime intenta obtener la prisión domiciliaria desde hace largo tiempo, y más de un mes después de que el Covid-19 comenzó a propagarse en el país, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, intercedió por él.
La máxima instancia penal federal analizó los informes médicos realizados a pedido del Tribunal Oral Federal 2, que concluyeron que el interno no padece problemas de salud que no puedan ser tratados en la cárcel.
También recordó que el Ministerio de Justicia de la Nación, que tiene a cargo el Servicio Penitenciario Federal (SPF), tomó medidas sanitarias para proteger a la población carcelaria.
“La situación de emergencia sanitaria general y su proyección e implicancias dentro de los penales ha sido estudiada, abordada y contemplada por las autoridades pertinentes a través –justamente– del dictado de todas aquellas disposiciones necesarias para garantizar la salud y el bienestar general de la población carcelaria”, enfatizó.
En esa línea, recordó que los establecimientos penitenciarios cuentan con hospitales y atención médica permanente y destacó que la mera invocación de la problemática relativa al Covid-19, sin perjuicio del análisis de cada caso particular, no puede ser tomada como condición necesaria y suficiente para obtener una libertad o cualquier otro tipo de morigeración por fuera de los supuestos legales.
El lunes, el fiscal ante Casación, Raúl Plee, se había manifestado en contra de la posibilidad de conceder a Jaime el arresto domiciliario dados los delitos por los que se encuentra dictada la sentencia condenatoria por la tragedia del tren de Once.
Pedido de informes
Ayer, el bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica (CC) pidió la presencia de la ministra de Justicia, Marcela Losardo, ante la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, para que informe sobre las presentaciones judiciales efectuadas por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para solicitar la prisión domiciliaria de Jaime y de Martín Báez, el hizo de Lázaro Báez, acusado de presunto lavado de dinero.
Mediante un proyecto de resolución, la CC expresó su preocupación por los planteos de Pietragalla.
“Queremos saber si el ministerio a su cargo funcionará como una dependencia estatal dedicada a la defensa personal de encausados por hechos de corrupción”, señalaron los legisladores del bloque de la CC-ARI, que preside Maximiliano Ferraro.
Por su parte, la Secretaría de Derechos Humanos indicó que la solicitud de prisión domiciliaria del exsecretario de Transporte se realizó a partir de una presentación ante el organismo de la defensa de aquél, y explicó que hizo su petición “teniendo en cuenta las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” frente al brote de coronavirus.
