La Cámara Federal porteña rechazó un planteo del técnico informático Diego Lagomarsino y avaló un peritaje tecnológico sobre dispositivos electrónicos, en la causa en la que está procesado como presunto partícipe necesario de la muerte del fiscal Alberto Nisman.
La alzada confirmó la decisión del juez federal Julián Ercolini, quien le encomendó al fiscal del caso, Eduardo Taiano, la tarea de seleccionar, analizar e incorporar los elementos de prueba que pudieren hallarse en los dispositivos electrónicos secuestrados durante la pesquisa.
A su turno, el defensor de Lagomarsino, Gabriel Palmeiro, se opuso a que Taiano efectuara la prueba pericial alegando que ello vulneraba el debido proceso y el derecho de defensa en juicio de su asistido.
“La ejecución de la medida en cuestión se trata de una facultad expresamente reservada al juez de la causa e involucra la realización de un acto irreductible”, argumentó, sin éxito.
Los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia desestimaron el planteo explicando que, a diferencia de lo alegado por el recurrente, la diligencia en modo alguno puede ser considerada irreproducible, cuya naturaleza exigiría la personal dirección del instructor.
“Frente a la inalterabilidad del objeto a examinar, la selección de los elementos que efectúe el Ministerio Público Fiscal -a cargo de la investigación por delegación- no obsta a que la defensa efectúe su propio análisis y aporte aquellos otros elementos que entienda pertinentes en ejercicio de su derecho”, añadieron.
Bajo esa premisa, subrayaron que, en definitiva, será Ercolini quien evaluará los resultados del estudio “de modo relevante para el proceso”.
Polémica
Durante la feria de verano, el caso Nisman volvió a los medios luego de que la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, declarara que su intención era “revisar” el estudio de Gendarmería Nacional que estableció que Nisman fue asesinado bajo sumisión química por dos personas y que la escena del crimen se modificó para simular un suicidio.
El presidente Alberto Fernández contribuyó a la polémica al sostener que no hay “prueba seria” que diga que a Nisman lo mataron. Asimismo, definió el peritaje de aquella fuerza federal como “absurda”.
La Asociación de Fiscales y Funcionarios de la Nación (AFFUN), presidida por Carlos Rívolo, emitió un comunicado manifestando su preocupación por los dichos del primer mandatario. Denunció que la versión carecía de sustento legal y que implicó “un intento de injerencia en el sistema de Justicia y en el desempeño del Ministerio Público”.
“Solicitamos la debida prudencia que aleje toda posibilidad de vulneración de los principios republicanos”, agrega el texto del documento que difundió en enero la entidad que encabeza Rívolo.
Es un diario que no solo leen abogados y economistas, por ende tienen que escribir claro y preciso y no ser rebuscados, como la parte POLEMICA que hasta un burro entiende, y calculo que es lo que querían.