Revén fallo y otorgan indemnización por patología cervical y psíquica de un chofer

Al concluir que la jueza actuante en la instancia anterior no valoró debidamente las probanzas arrimadas a la causa, el TSJ cordobés validó lo dictaminado por las pericias y lo aportado por los testigos

Al sostener que la juzgadora de la instancia previa se apartó de las pericias médicas y psiquiátricas, sin contar con prueba en contrario que impugnaban lo informado, sumado a que el actor demostró más de 20 años como chofer de colectivo y las tareas que ello implicaba, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) admitió la casación presentada por el accionante y condenó a Galeno ART al pago de las indemnizaciones de la patología cervical y psíquica, consideradas enfermedades laborales.

Antonio Marcelo Frontera denunció que la jueza a quo desestimó la pericia médica con base en que el testimonio no logró acreditar la realización de movimientos repetidos y mantenidos de los tendones extensores y flexores de la mano y los dedos, para acreditar la patología cervical.

Adujo que, si hubiera valorado la falta de exhibición de los estudios y del legajo médico, habría concluido que no existe preexistencia que la excluya.

El presentante cuestionó además que para desechar la enfermedad psiquiátrica, la magistrada hizo hincapié en circunstancias personales y dejó de lado las manifestaciones del testigo, que resultaban dirimentes.

Finalmente, la demandante invocó que se violaron las reglas de la experiencia al concluir que un chofer de colectivo de transporte urbano con antigüedad en la tarea no se encuentra expuesto a agentes susceptibles de lesionar el sector cervical y la psiquis.

Desempeño

A su turno, el TSJ integrado por los vocales Luis Enrique Rubio, Mercedes Blanc de Arabel y Luis Eugenio Angulo señaló que, aun cuando la sentenciante tuvo por cierto el desempeño del accionante como conductor guarda durante 20 años, consideró que tal actividad no integra las previstas en el decreto Nº 658/96 para la patología cervical, agregando que el acto pericial médico tampoco la reflejó.

Asimismo, el Alto Cuerpo indicó que la a quo juzgó improcedente la Reacción Vivencial Anormal Neurótica (RVAN) grado II, porque el médico fundó el origen del padecimiento en hechos que no fueron confirmados.

Respecto del síndrome cervicobraquial, el TSJ sostuvo que la a quo soslayó que el perito médico afirmó que el accionante por su actividad de conductor se encontró expuesto al agente de riesgo “gestos repetitivos y posiciones forzadas de miembros superiores e inferiores”, y que aquélla fue debidamente corroborada por el testimonio transcripto.

El fallo observó que si bien el informe pericial fue impugnado por la ART, con reserva de ampliar argumentos en la etapa procesal oportuna, ello no ocurrió dado que no asistió a la audiencia de alegatos y que tampoco produjo prueba en contrario.

Análisis

Frente a ello, los vocales consideraron que el rígido análisis del tribunal a quo se aparta infundadamente de la evaluación y calificación efectuada por el perito quien vinculó directamente la minusvalía detectada con las labores descriptas.

Luego, los magistrados valoraron que igualmente careció de respaldo lo manifestado sobre la patología psiquiátrica, ya que la juzgadora para sustentar la denegatoria tomó sólo una parte del relato del testigo y eludió expresiones relevantes, como que “en la empresa hay muchos reclamos psiquiátricos”, “el trabajo que tienen es una porquería”, “la gente los trata mal” o “tienen una planilla de horario (y) si viene atrasado, tiene que salir enseguida. (Porque) si van adelantados, los sancionan”.

De ello, el TSJ infirió que precisamente el experto en psiquiatría, al describir los antecedentes y las situaciones traumáticas vivenciadas a lo largo de los años por el trabajador, se pronunció por la existencia de un daño que guarda nexo causal directo con sus padecimientos y secuelas, remarcando que tampoco este dictamen fue desvirtuado, ni cuestionado por la demandada con excepción de la impugnación formal.

Fondo

Por lo expuesto, en el fallo se resolvió que debía anularse el pronunciamiento y entrar al fondo del asunto, por lo que, en función de lo manifestado, el Alto Cuerpo indicó que las pericias médica y psiquiátrica oficiales adquieren valor convictivo para la solución de la presente, por lo que se concluye que el accionante padece de síndrome cervicobraquial y RVAN grado II con manifestaciones depresivas que le ocasionan un porcentaje de incapacidad permanente del 6,06% -incluido el factor edad- y 10%, respectivamente, y que el antecedente directo de tales diagnósticos fueron las tareas descriptas al demandar (confirmadas con la prueba producida), derivando que se trata entonces de enfermedades laborales que, en las condiciones referidas, corresponde sean indemnizadas.

En definitiva, en el fallo se ordenó que la aseguradora deberá abonar al trabajador accionante la prestación del artículo 14, inciso 2º, apartado a) de la Ley de Contrato de Trabajo y el adicional del 20% del artículo 3, de la ley 26773.