El Tribunal Oral en lo Criminal 3 (TOC3) de Morón (Buenos Aires) deberá resolver un pedido de suspensión del juicio que se le sigue al padre Julio César Grassi, por presunta utilización de fondos de la Fundación Felices los Niños para el pago del alquiler de una casa quinta en el conurbano bonaerense.
Fuentes judiciales confirmaron que el sacerdote, quien cumple una condena de prisión de 15 años por abuso sexual agravado y corrupción de menores, solicitó la “probation” hace varios meses y el pedido fue rechazado por el Tribunal Oral, pero la Cámara de Apelaciones mandó dictar un nuevo fallo con mejores fundamentos.
A Grassi -también denunciado por desvío de donaciones de la Fundación al penal de Campana donde está detenido- se le atribuye haber malversado fondos para la locación de una casa quinta en Hurlingham, que habitó, frente al hogar para niños.
El cura se habría mudado a ese inmueble de alrededor de 7.200 metros cuadrados, conocido como “La Blanquita”, en 2002, cuando era denunciado por los casos por los que luego fue condenado.
Las sospechas sobre la utilización de fondos de la Fundación para el pago de esa locación comenzaron cuando, luego de varios años de arrendamiento, se registraron retrasos en el pago del alquiler.
Para que le otorgue la suspensión del juicio a prueba, Grassi ofreció realizar tareas episcopales en la cárcel de Campana, pero el fiscal de Morón, Bernardo Kiper, dictaminó en contra y el TOC3, integrado por Diego Bonnano, Raquel Lafourcade y Mariela Moralejo Rivera, rechazó el planteo.
Ante la apelación de la defensa, la Cámara de Apelaciones resolvió que se debe dictar una nueva resolución, con fundamentos más sólidos.
Por el supuesto desvío de donaciones ayer el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, dispuso la intervención de la Fundación Felices los Niños y fue apartado de sus funciones el titular de la cárcel de Campana, prefecto mayor Raúl Garnica.
Grassi fue condenado en 2009, pero quedó detenido hace un año, cuando el fallo que le impuso 15 años de prisión fue confirmado por la Cámara de Casación Penal y la Suprema Corte bonaerenses.
