Resarcen hipoacusia y ordenan cumplir normas de higiene y seguridad

En la causa se corroboró el elevado nivel sonoro en el establecimiento avícola donde todavía presta tareas el trabajador demandante. La accionada debe evitar que se agrave el daño al operario

La Sala 6ª de la Cámara de Trabajo de Córdoba condenó a Consolidar ART al pago de las indemnizaciones por la incapacidad determinada en la pericia médica, de acuerdo con lo prescripto por la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT), al quedar acreditado que el actor sufre de hipoacusia a causa del alto nivel sonoro y sin protección auditiva en la empresa avícola donde presta labores.

Asimismo, debido a que el accionante trabajando en la misma empresa, ordenó a la ART como función preventiva y a los fines de que no se siga agravando el daño, que tome las medidas para que la empleadora se adecue a las normas de higiene y seguridad.

Prueba

El tribunal integrado por el vocal Tomás Sueldo, al analizar la cuestión, tuvo por acreditado con la prueba rendida en la causa -en especial, la declaración testimonial- que el actor padece de “hipoacusia neurosensorial bilateral” y su relación de causalidad con las tareas realizadas durante siete años para su empleador en la explotación comercial, en la que se desempeña realizando tareas de faena avícola.

En ese sentido, el magistrado precisó que ese testigo expresó que trabajan en un galpón abierto, en el que hay seis máquinas, que están todas juntas y que, sumadas a la caldera, generan mucho ruido. Aclaró que se escucha el ruido de todas las máquinas a la vez, el que definió como “un silbido constante”. También aclaró que desde hace cuatro años la empresa no les entrega protectores auditivos.

Por otra parte, el juez valoró que los dichos del testigo se corresponden con lo informado por la perita técnica en su dictamen, quien concluyó que el ambiente de trabajo es “ruidoso con altos niveles de sonoridad”, lo que pudo constatar dicha situación con las mediciones respectivas.

Asimismo, el fallo valoró que no se han aportado exámenes preocupacionales o periódicos ni otros elementos probatorios que revelen la influencia de otros factores atribuibles al trabajador o ajenos al trabajo.

Dictamen

Luego, Sueldo indicó que -conforme lo dictaminó el profesional interviniente- el actor tenía una incapacidad auditiva de 8,05%, al que corresponde adicionar el factor de ponderación informado (edad del actor: 3%; subtotal: 0,24%), arribándose a una incapacidad parcial, permanente y definitiva de 8,29% de la total obrera (TO).

En consecuencia, en el fallo se resolvió hacer lugar a la indemnización de pago único contemplada en el artículo 14, apartado 2, inciso a) de la LRT, según decretos 1278/00 y 1694/09, ley 26773, ley 27348 y DNU 669/19, por la incapacidad señalada, producida por la patología “hipoacusia neurosensorial bilateral”, calificada médico-legalmente como enfermedad profesional.

En otro sentido, la decisión consideró que de la prueba surge que el actor continúa desempeñándose en la empresa avícola demandada y que en dicho establecimiento no se cumplen con las normativa de higiene y seguridad en el trabajo, siquiera con la mínima entrega de elementos de protección, pese a la evidente presencia de agentes de riesgos en el ambiente laboral.

Normativa y principios

En virtud de ello, el magistrado sostuvo que -conforme la normativa y los principios protectorio y de prevención de riesgos que informan la materia- corresponde, sin perjuicio de la reparación pecuniaria que se ordena en la causa, la adopción de medidas positivas que eviten el agravamiento de la patología que padece el trabajador.

Por las razones expresadas, en el fallo se ordenó que resulta pertinente la adopción de medidas a fin de prevenir el agravamiento de la patología que padece el demandante, reduciendo el impacto en su salud del agente de riesgo al que se encuentra expuesto en forma constante.

En concordancia con ello, se dispuso hacer saber a la ART que deberá dar cumplimiento a su deber de prevención, adoptando en el término de 40 días las medidas pertinentes en orden a la protección de la salud del trabajador y al cumplimiento de las normas de higiene y seguridad laboral, debiendo acreditarlo en la causa, bajo apercibimiento de aplicarle astreintes de medio jus por cada día de retraso en el cumplimiento de la obligación, por el término de 90 días corridos, el que se determinará conforme el valor vigente al momento del pago.

Asimismo, el tribunal ordenó oficiar a la autoridad de aplicación, Superintendencia de Riesgos del Trabajo, a los efectos que tome conocimiento de lo dispuesto.