ESCUCHARLa ONG celebró el proyecto y aseguró que avanza en temas relevantes. Reclamó que la discusión no se circunscriba a lo que dictamine el “consejo de notables”. Pidió avanzar en modificaciones en los concursos y procesos disciplinarios
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) celebró el proyecto de reforma judicial presentado la semana pasada por el presidente Alberto Fernández. La ONG consideró que la iniciativa contiene “avances en temas significativos”, aunque llamó a iniciar “una discusión abierta y participativa sobre los problemas del servicio de justicia para generar acuerdos de largo plazo que contribuyan a mejorar la calidad de nuestra democracia”.
Entre los aspectos a destacar, citó el impulso a la implementación del sistema penal acusatorio, la transferencia de competencias penales ordinarias a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la creación de juzgados penales con competencia exclusiva en esta materia penal en todo el país con el propósito de fortalecer capacidades en el combate a delitos complejos como el narcotráfico y la trata de personas.
En lo que se refiere a la fusión de los actuales fueros en lo Criminal y Correccional y en lo Penal Económico, a lo que se suma la creación de 23 nuevos juzgados de primera instancia y cinco tribunales orales, la ONG consideró que la medida puede tener impactos positivos para “revertir la nociva concentración de poder en este sector del sistema judicial”. Ahora bien, advirtió de que la propuesta se presenta como “insuficiente a la luz de las medidas que resultan necesarias para terminar con las arbitrariedades y el mal funcionamiento que han caracterizado a este fuero” y precisó, en otro tramo del comunicado: “Cualquier reforma que se tome en serio el desafío de revertir los actuales problemas del Poder Judicial debe ocuparse, por un lado, de eliminar la trama de relaciones nocivas entre el Poder Judicial, los poderes políticos, el sector empresario y los servicios de inteligencia; y al mismo tiempo de desarticular el régimen de privilegios y la falta de mecanismos de rendición de cuentas que hoy detentan los jueces y juezas, y que suele alejarlos por completo de las necesidades del conjunto de la ciudadanía”,
Concursos y juicios políticos
Siguiendo este razonamiento, para la ACIJ es fundamental garantizar un debate amplio con relación al modo en que son elegidos los fiscales para que el “nuevo sistema no traslade los vicios de una institución a otra en el cambio de roles que implica el sistema penal acusatorio”. También destacó como necesario “fortalecer los mecanismos relativos a los procesos de selección y disciplinarios de las autoridades judiciales, los cuales han demostrado ser sumamente deficientes”.
“Si bien la propuesta contempla algunas mejoras en los concursos para los juzgados que se crearían -como la publicidad de los exámenes y el tope al puntaje otorgado en las entrevistas personales-, las y los nuevos 23 jueces del fuero penal federal de la Ciudad de Buenos Aires serán seleccionados con un proceso bastante similar al utilizado para elegir a muchos de quienes ya forman parte del Poder Judicial, cuya actual integración se ha mostrado como un grave problema”, aseguró ACIJ.
Asimismo agregó: “A ello se suma la decisión de que dicha apertura de nuevos juzgados se realice en la primera etapa mediante magistradas y magistrados subrogantes, lo que no contribuye a asegurar que sean los más idóneos, independientes y comprometidos con los derechos”.
El organismo también se refirió a la necesidad de avanzar en la transparencia de los procesos disciplinarios, una de las materias sobre las que deberá expedirse el consejo consultivo. ”Sin un cambio profundo en esta función del Consejo de la Magistratura las posibilidades de perpetuar los males actuales se incrementan”, expresó el comunicado.
Consejo consultivo
Respecto de la creación de una comisión de juristas destinada a presentarle al Poder Ejecutivo una serie de propuestas relativas al funcionamiento e integración de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura, los ministerios Públicos y la implementación del juicio por jurados, la ONG consideró que esto no debe impedir otras formas de participación ciudadana y de debate público.
“La actuación de nuestro sistema de justicia, en tanto garante de nuestra democracia y los derechos de la población, impacta de lleno en el conjunto de la sociedad y en particular de los grupos más vulnerabilizados. Por ello, la discusión no puede quedar reservada a una élite, si no que debe ampliarse mediante mecanismos de participación en todos los ámbitos del debate, tanto en el Poder Ejecutivo para el diseño de las propuestas, en el Congreso de la Nación para la discusión y aprobación de los eventuales proyectos y en el Poder Judicial al momento de implementar las reformas”.
