Redistribuyen costas en amparo por concurso para designar cargo de director

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba interpretó que la distribución parcial de los gastos causídicos no se correspondía adecuadamente al resultado del pleito [privado]

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba, en pleno, revocó una resolución de cámara, en cuanto a la distribución de costas realizada ante la denegación de un amparo interpuesto contra la Provincia de Córdoba. En consecuencia, resolvió que los gastos causídicos se soporten por el orden causado en su totalidad, ya que -si bien el accionante se pudo creer con derecho a litigar- tampoco se demostró que la demandada haya realizado un acto ilegítimo en el marco del concurso de cargo por el cual se inició la acción.

En el caso, la Cámara Contencioso-administrativa de Primera Nominación resolvió no hacer lugar a la acción de amparo presentada por la parte actora e imponer las costas del pleito en 40% a la demandada y 60% por el orden causado. La parte demandada apeló esta distribución de costas, al entender que no hay ninguna razón que legitime la condena parcial en costas.

A su turno, el plenario del TSJ, integrado por María Marta Cáceres de Bollati, Domingo Juan Sesin, Aída Lucía Teresa Tarditti, Luis Enrique Rubio, María de las Mercedes Blanc Gerzicich de Arabel, Sebastián Cruz López Peña y Luis Eugenio Angulo Martín , indicó que el amparo se inició en contra de la Dirección General de Educación Superior del Ministerio de Educación de la Provincia, en el marco del concurso convocado para cubrir el cargo de director del Instituto Superior José A. Ortiz y Herrera.

Títulos

El Alto Cuerpo relató que el amparo se motivó por la falta de entrega del análisis de los títulos, antecedentes y requisitos mínimos para presentarse en el concurso, además de los criterios de valoración de los mismos a los fines de realizar un control de los puntajes asignados tanto a él como a los demás concursantes.

El "examen de los antecedentes de la causa evidencia la inexistencia de los vicios que el recurrente endilga al proceder de la administración en el trámite referido”.

El TSJ narró que con fecha 27 de septiembre de 2017, la cámara admitió el amparo y libró medida cautelar ordenando a la demandada el inmediato otorgamiento de las copias solicitadas por el actor, referidas a la documentación presentada por los restantes postulantes del concurso.

Sin embargo, este tribunal no hizo lugar al pedido de suspensión del mismo, por lo cual, la segunda etapa del procedimiento. La prueba de oposición, se llevó a cabo el día 29 de septiembre del mismo año, a la cual el actor no se presentó y la demandada finalmente cumplió el requerimiento con fecha 3 de octubre.

Normativa

En ese contexto, analizó el Alto Cuerpo que la Cámara, haciendo un análisis de la normativa aplicable al concurso, sostuvo que el "examen de los antecedentes de la causa evidencia la inexistencia de los vicios que el recurrente endilga al proceder de la administración en el trámite referido”.

Ello, sostuvo el fallo, toda vez que, contrariamente a lo sostenido por el accionante, no se presentaban razones objetivas para disponer tal suspensión del trámite y, como se dijo, el recurrente, Daniel Abud, tampoco asistió a la prueba de oposición teórica prevista en el marco de dicho concurso, excluyéndose voluntariamente del mismo, motivando pr ello el rechazó de la acción de amparo.

Asimismo, el TSJ observó que la cámara a quo, dentro del margen de discrecionalidad con el que cuenta el tribunal para imponer las costas, se apartó del principio objetivo de la derrota, ya que al momento de iniciar la acción el actor había podido considerarse con derecho a reclamar legítimamente su pretensión.

Justificación

Luego, la decisión indicó que la justificación dada por la cámara a quo no alcanza para justificar que se haya impuesto 40% de las costas a la demandada vencedora, pues en ningún momento esta obró de forma antijurídica.

En definitiva, por las razones dadas, en el fallo se concluyó que la solución que mejor articula los intereses en cuestión, y tiene en cuenta las particularidades del caso, es la imposición de las costas por el orden causado, es decir que cada parte asuma sus propios gastos independientemente de si ha resultado vencedora o no.