Rechazan relación laboral de chofer que trasladaba a pacientes crónicos

El magistrado Alberti reseñó que los testimonios no resultaron hábiles para activar la presunción de existencia de contrato de trabajo entre la reclamante y los accionados. También apuntó a la falta de facturación de los supuestos servicios

Al no surgir de la prueba que la actora haya prestado tareas de servicio de traslado de pacientes crónicos para los demandados, la Sala 10ª de la Cámara del Trabajo rechazó su demanda, con costas por su orden en función de las especiales circunstancias que rodearon el caso, que pudieron inducirla a reclamar y a mantener la acción, tal como hizo. [privado]

A su turno, Gabriela Parra demandó a Carlos Cena y María Aramburu, propietarios de una firma cuyo nombre de fantasía es “Puntos Cardinales”, y pidió ser indemnizada por varios rubros.

Narró que se desempeñó como chofer y que llevaba a pacientes con enfermedades crónicas desde sus domicilios hasta institutos de rehabilitación o colegios, indicando que los accionados (marido y mujer) tenían un convenio con la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross) para el transporte de afiliados, por lo que utilizaban sus propios vehículos o contrataban a personas que pusieran sus propios autos abonándoles un alquiler por los rodados y haberes por conducir.

Agregó que la relación laboral nunca fue registrada, por lo que intimó a sus empleadores a regularizar el vínculo y por diferencias de haberes y que, ante el incumplimiento, en ocasión de la audiencia celebrada ante la Secretaría de Trabajo, hizo efectivos los apercibimientos y se colocó en situación de despido indirecto.

La parte demanda afirmó que la actora en ningún momento se desempeñó bajo sus órdenes, que nunca se le dio directiva alguna ni recibió remuneración de su parte.

Después de valorar la prueba, el vocal Huber Alberti señaló que el informe de la Apross constató que el demandado es uno de sus prestadores, con convenio vigente para el servicio de transporte para el sistema de atención integral al discapacitado.

Luego, reseñó que los testimonios obrantes en la causa no resultaron hábiles para activar la presunción de existencia de contrato de trabajo entre Parra y Cena.

Subrayó que, aunque uno de los testigos refirió que Cena le comunicó que Parra empezaría a buscar y a transportar a su hijo, y que así lo hizo durante un tiempo, ello no indica que trabajara en forma subordinada para él; particularmente teniendo en cuenta que la accionante aseguró que transportó al paciente en su propio vehículo, lo que es más propio de un autónomo que de un dependiente.

Asimismo, consideró que el hecho de que la mujer refiriera que laboró de manera continua para los accionados, no tenía explicación que no hubiera facturación de sus supuestos empleadores.

Finalmente, el juez observó que es contrario al curso ordinario y natural de las cosas que personas que viven con lo que obtienen de su trabajo dependiente acepten hacerlo por más de un año sin percibir un solo peso de lo que dicen haber pactado en concepto de remuneración y cumpliendo, inclusive, jornadas en exceso de la legal, según alegó la demandante, sin reclamar sino hasta cursar la intimación originaria que, a la postre, derivaría en la puesta en situación de despido.