La Cámara de Casación Federal rechazó un hábeas corpus presentado por un ex comisario preso por delitos de lesa humanidad, que buscaba que se le aplique la eutanasia. El peticionante tiene 85 años y desde hace cuatro que está bajo arresto domiciliario.
Se trata del ex comisario mayor Argentino Alberto Balquinta, quien se encuentra detenido desde 2012 en el marco del proceso en el que se investiga la desaparición del abogado laboralista Carlos Alberto Moreno.
Debido a su edad, su estado de salud y a que su situación procesal no se encuentra aclarada, presentó, por medio de su abogado, un hábeas corpus solicitando que se le practique la eutanasia. El pedido fue presentado ante el juez federal de Azul, que se declaró incompetente y remitió la causa al Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, que elevó a su vez la solicitud ante la Cámara Federal del lugar, que a su turno rechazó el planteo por entender que el pedido no encuadraba en los parámetros de la Ley de Hábeas Corpus.
La decisión fue apelada ante la Cámara Federal de Casación Penal, que, con votos de los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, declaró inadmisible el recurso presentado por el solicitante y dejó firme el rechazo.
Los magistrados, integrantes de la Sala I del Tribunal de Apelaciones, consideraron que Balquinta introdujo una cuestión “cuyo origen no encuadra” en los preceptos de la ley 23098. “En efecto, el reclamo no constituye de por sí una causa del hábeas corpus, pues su naturaleza jurídica es distinta y su análisis debe realizarse individualmente en su proceso correspondiente”.
El fallo de casación señala que el hábeas corpus es un proceso rápido y expedito, y no se puede resolver un pedido de tal calibre en ese marco, no importa la alegada afectación de “garantías constitucionales y convencionales”. Según los jueces que integran el cuerpo, tampoco su invocación servía para tener el pedido como un caso de agravamiento de las condiciones de detención, mucho menos si, como en el caso de autos, el solicitante se encuentra bajo la modalidad de arresto domiciliario.
Por el contrario, a entender de los magistrados, lo que en realidad buscaba el ex comisario era un cese de prisión preventiva por vencimiento del plazo exigido en la ley 24390. Ante ese escenario, la Sala I de la Casación Federal concluyó que como el recurrente no acreditó un gravamen concreto ni un agravamiento de las condiciones de detención, el recurso debía ser desestimado.
