Rechazan ejecución de honorarios en contra de un trabajador

Los estipendios surgían de una pericia contable en un juicio laboral, en el que el trabajador ganó el pleito y la contraparte fue condenada en costas. No obstante, el profesional demandó al empleado

El Juzgado de 18ª Nominación Civil y Comercial de Córdoba rechazó la demanda por cobro de honorarios regulados en un juicio laboral a un perito contador que fue entablado contra quien había sido el trabajador accionante en la causa, a la postre vencedor en el pleito y cuyas costas habían sido ordenadas a la parte demandada. [privado]

El contador Juan Fernández promovió demanda abreviada en contra de Cesar Mario Giménez por $5.000 más intereses. Relató que la acreencia proviene de honorarios regulados a su favor en autos “Giménez, Cesar Mario c/El Cuyano SRL y otros - ordinario - Despido", tramitados ante la Sala 9ª de la Cámara del Trabajo de Córdoba. Manifestó que si bien los honorarios regulados son a cargo de El Cuyano SRL, Natalia Garzón y Fabián Leónidas Carnero, ejecutó contra el trabajador Giménez en razón de lo normado por el artículo 32 de la ley 7626, por ser el proponente y beneficiario del trabajo encomendado a su parte, pues la prueba incorporada en dichos autos se tornó común para las partes litigantes, siendo ambos beneficiarios de dichas labores labores.

Al resolver, el juez Eduardo Altamirano indicó que no había discusión sobre que el accionante -el contador- se desempeñó como perito contador en el juicio laboral promovido por Giménez, en el cual este resultó ganancioso, y se condenó en costas a los empleadores demandados en dicho pleito.

El magistrado consideró que otro dato a tener en cuenta es que en el juicio laboral el oferente de la prueba pericial fue Giménez, resaltando que el aquí demandado no fue condenado en costas en el juicio laboral, el trabajador resultó victorioso y sólo la parte contraria fue condenada en costas.

El juez también ponderó que el perito no procuró el cobro de su acreencia en contra del condenado en costas.

"El juez recordó que años atrás el TSJ declaró inconstitucional los anteriores arts. 14 y 16 de la 8226 y agregó que el actual art. 15 de la ley 9459 no obstante ser muy similar en su redacción, no es exactamente igual a su predecesor".

A continuación, el fallo indicó que el artículo 15 de la ley 9459 -posterior a la 7626- dispone: “Responsables obligados al pago: El pago de los honorarios puede perseguirse en contra de los condenados en costas y de sus garantes y de los comitentes y/o de los beneficiarios del trabajo, en forma indistinta o conjunta, con la excepción que en el supuesto de los comitentes y beneficiarios de los trabajos, sólo se podrá perseguir el cobro de los honorarios, previo haber acreditado que se ha agotado la posibilidad de cobro en contra de los condenados en costas y sus garantes. Cuando se da al garante oportunidad de participar en el proceso principal procede en contra de éste la vía de ejecución de sentencia o ejecutivo especial”.

El juez recordó que años atrás el TSJ declaró inconstitucional los anteriores arts. 14 y 16 de la 8226 y agregó que el actual art. 15 de la ley 9459 no obstante ser muy similar en su redacción, no es exactamente igual a su predecesor.

Doctrina

El decisorio remarcó que la doctrina se ha pronunciado analizando específicamente el caso de los peritos contadores, expresando: “Entendemos que la norma del art. 32 de la ley 7626 no puede ser interpretada aisladamente y sin tener en cuenta el régimen establecido por la ley arancelaria de abogados, procuradores -ley 9459- pues en esta última se regula también acerca de los honorarios de los peritos judiciales y, entre ellos, los peritos contadores (…)”.

En igual sentido, se recordó que “(…) En efecto, como no puede el perito contador oficial reclamar sus honorarios simultáneamente contra todos los sujetos a que alude el art. 32 de la ley 7626, debe previamente, intentar el cobro en contra del condenado en costas y, ante el fracaso de la gestión, seguirse la pretensión en contra del beneficiario del trabajo no condenado en costas y/o el peticionario de la medida - arg. Art.15 de la ley 9459.” (Conf. artículo “El incidente de regulación de honorarios de los peritos contadores oficiales: de cómo debe interpretarse el art.32 de la ley 7626”, por Leonardo Bornedave publicado en Semanario Jurídico N° 1814, Año XXXIII pág.1/6).

Altamirano señaló que en el mismo sentido se han pronunciado “todos los peritos oficiales (no sólo los contadores) pueden iniciar el cobro de sus honorarios regulados en contra del condenado y/o los condenados en costas sino también en contra del beneficiario de los trabajos, pero en este último caso el perito debe previamente haber acreditado que sea agotado la posibilidad de cobro en contra de los condenados en costas…” (Rodríguez Juárez, Manuel y Asrin, Patricia V. El nuevo Código Arancelario para abogados y procuradores -Ley 9459- Análisis- Primera parte: Honorarios de los peritos judiciales, véase en www.semanariojurídico.info , citado por Leonardo Bornedave en Semanario Jurídico N° 1814, Año XXXIII pág.1).

Asimismo, el magistrado indicó que el art. 1 del nuevo CCCN dispone que “los casos que este Código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. A tal efecto, se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho”.

Constitucionalización

De ello infirió que tanto dicha norma como lo que se conoce como “constitucionalización del derecho privado” imponen un análisis que no se limite a las normas locales sino que pondere reglas, valores y principios superiores.

Así, el juez sostuvo que más allá de la loable tarea prestada por el perito, auxiliar de la justicia y del régimen específico de la ley 7626, no puede soslayarse el carácter de trabajador del ahora demandado, y todos los cuerpos legales nacionales y supranacionales que imponen su protección.

También ponderó el juez que la jurisprudencia ha entendido que el trabajador ganancioso en el fuero laboral, ni siquiera debe pagar los honorarios del perito de control propuesto por esa misma parte.