Rechazan amparo sindical de agente municipal contratado

Al tener en cuenta que la no renovación del contrato laboral de un empleado municipal resulta ser facultad de la administración y al advertir que el agente no tenía protección gremial al momento de la extinción por no estar inscripto el sindicato de los empleados de la Municipalidad de San Antonio de Arredondo, el Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Villa Carlos Paz desestimó el amparo sindical interpuesto por quien cumplía el cargo de secretario general de esa entidad. [privado] J.A.M se desempeñaba como empleado contratado hasta que no fue renovada la contratación y solicitó ser reincorporado, invocando su condición de gremialista. Por su parte, la comuna negó que la entidad sindical estuviera inscripta ante el Ministerio de Trabajo de la Nación y que el actor tuviera la tutela invocada. Ante el caso, el juez Andrés Olcese sostuvo que de la prueba testimonial no surgió que el actor “haya sido objeto de persecución por parte de la Administración por su accionar gremial y mucho menos político”, destacando que “la Municipalidad argumentó que la no renovación del contrato de trabajo a plazo fijo se debió a cuestiones de falta de conducta de parte del actor; extremo que sí ha sido debidamente probado”. El fallo precisó: “No debemos perder de vista que estamos en presencia de una relación contractual en virtud de la cual el actor y la municipalidad demandada estaban unidos por contratos a plazo fijo, de vencimientos periódicos por lo que el accionante no puede desconocer la situación de precariedad en que se encontraba con respecto a su empleador”, añadiendo que “no se puede llegar a sostener la existencia de un abuso del derecho por parte de la accionada, ya que la relación contractual que unió a las partes, era temporal y varias veces prorrogado, pero ‘no permanente’ y la decisión de no renovarlo formaba parte de las facultades de la accionada y por ende ajustado a derecho”. Respecto de la protección sindical invocada, el juez señaló que “a la fecha en que el contrato por tiempo determinado feneció, el Sindicato aún no se encontraba correctamente constituido, sino que se trataba de una situación de precariedad”, subrayando que “esta inscripción no es constitutiva de la asociación, sino el recurso técnico a través del cual opera y se manifiesta el reconocimiento de una actividad previa que tiene por finalidad obtener la anotación en el registro respectivo en cumplimiento del mandato constitucional y de la Ley de Asociaciones Sindicales”. En consecuencia, en el fallo se resolvió que “a partir de la inscripción es que nacen los derechos y las obligaciones a favor del ente gremial; por ende el actor no puede aferrarse a una tutela sindical en el marco de la ley cuando el sindicato aún no estaba inscripto”. Autos: “JAM C/ MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO -AMPARO- EXPTE. 2160091”

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