ESCUCHARLa Cámara Federal entendió que la acción debió interponerse de manera individual puesto que la relación entre el Fisco y el contribuyente es de carácter personal. También adujo que resolver sobre el cálculo de ese impuesto atenta contra la división de poderes.
El recurso de amparo contra el impuesto a las Ganancias interpuesto por los gremios cordobeses llegará indefectiblemente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), salvo que la sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba declare inadmisible -algo poco probable- el recurso extraordinario que plantearán los gremios en los próximos días.
La decisión de llegar a la CSJN fue confirmada ayer a Comercio y Justicia por el abogado patrocinante de los gremios, Miguel Rodríguez Villafañe, una vez conocida la noticia de que la Cámara Federal finalmente resolvió rechazar el amparo que fue presentado hace nueve meses en los Tribunales Federales de Córdoba .
Una vez en la Corte, es muy difícil conocer cuánto tiempo se tomarán los jueces para resolver. Sin embargo, más allá de los plazos, será crucial saber cuál será la postura que adopten toda vez que se trata del primer amparo colectivo que llegará al Máximo Tribunal del país en lo que a Ganancias se refiere. Hasta hoy, todos los pronunciamientos judiciales sobre ese impuesto han sido formulados de manera individual -ya sea por trabajadores activos o jubilados-.
No al “gobierno de los jueces”
En primer lugar, para rechazar el amparo la Cámara Federal entendió que en el caso particular no correspondía una acción colectiva sino individual, teniendo en cuenta que la “relación jurídica entre el Fisco y el contribuyente es de eminente carácter individual y personal”.
“… el interés colectivo que los gremios accionantes dicen resguardar y proteger en representación de sus trabajadores y jubilados afiliados al promover la acción lleva implícito un interés individual concreto y directo en materia patrimonial o tributaria, que no sólo no ha sido demostrado fehacientemente sino que, además, puede contraponerse a un interés general mayor”, remarcó José María Pérez Villalobo, autor del primer voto.
El camarista Luis Rueda fundó su voto en la división de poderes del Estado. Para él, actualizar el mínimo no imponible y la escalas aplicándose el índice Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) “llevaría a un supuesto de sustitución judicial de la decisión administrativa ”.
“… tendría como consecuencia reflotar la tesis del “gobierno de los jueces”, la cual no se ajusta a nuestro ordenamiento jurídico, atento a la falta de legitimación democrática de los magistrados e incapacidad para responder a las múltiples necesidades sociales”.
“…Sin duda, la circunstancias analizadas en el presente caso ponen a prueba la prudencia y el equilibrio que debe caracterizar toda decisión judicial, la cual debe ejecutarse sobre la base de la armonía de los poderes del Estado”, concluyó.
Réplica
Conocidos los fundamentos del fallo, Rodríguez Villafañe fue muy crítico: “Resulta paradójico y es hipócrita, cuando el Ejecutivo y el Legislativo dictaron una norma indicando que ellos (los jueces) paguen Ganancias, decidieron unilateralmente que no correspondía”, pero “ahora, cuando esto está afectando el bolsillo de los trabajadores y los jubilados, parece que hay otra Constitución”.
“Resulta preocupante que el Poder Judicial no esté a la altura de las circunstancias, pretenden que los trabajadores vayan individualmente a la justicia y demoren ocho o diez años para que su caso sea resuelto”, se explayó.
Y concluyó: “No estamos pidiendo que los jueces gobiernen sino que apliquen la Constitución y las leyes”.
Cabe recordar que el martes pasado los empleados de la Municipalidad y de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) marcharon por segunda vez a los Tribunales Federales para reclamar un pronunciamiento sobre el amparo presentado para que el Gobierno nacional modifique el sistema de cálculo del gravamen. En la primera marcha hubo incidentes y vidrios rotos en el palacio de justicia.
