Tras el pago de Argentina, Griesa rechaza el stay y llama a negociar

EN SUS MANOS. Griesa, ante el dilema de desviar hacia los buitres los fondos de los bonistas.

El gobierno movió el tablero de la negociación al adelantar el pago de los bonos reestructurados, trasladando al juez la decisión de hacer o no lugar a los embargos. La medida precipitó una nueva instancia entre las partes que se reúnen hoy.

El gobierno depositó 1.000 millones de dólares para evitar un default y ratificar la voluntad de pago a los bonistas, mientras que el juez de Nueva York Thomas Griesa rechazó la cautelar solicitada por Argentina y citó para mañana a representantes del país y de los fondos buitre.

La audiencia fue solicitada en carácter de urgencia por el fondo NML Capital, uno de los litigantes en contra del país, con el fin de convencer al magistrado de embargar los fondos que el país depositó para pagar deuda.

A pesar de que este viernes es feriado en los Estados Unidos, Griesa citó para las 11.30 -hora argentina- a las partes, en una carrera contrarreloj, ya que el lunes se cumplirá el vencimiento de deuda reestructurada por Argentina.

El magistrado tomó esa decisión tras rechazar la continuidad de la medida cautelar pedida por Argentina para evitar embargos.

Pagar y esperar
En el marco de una estrategia destinada a garantizar la voluntad de pago, Argentina depositó un vencimiento de deuda por más de US$1.000 millones. Así, busca evitar que la acuse de caer en default y esgrimir, en caso de un embargo, que la responsabilidad por el incumplimiento es de la Justicia de los Estados Unidos (ver aparte: “¿A la Haya?”).

Casi en simultáneo, Griesa rechazó el pedido argentino para dejar en suspenso una sentencia que obliga al país a pagar bonos en default desde el 2001 en manos de fondos especulativos.

“El pedido de stay (medida cautelar para dejar en suspenso la sentencia) es denegado”, escribió Griesa en un documento enviado a las partes.

En este escenario, se espera también que el mediador designado por el magistrado, Daniel Pollack, busque avanzar en un acuerdo de partes.

El panorama de la negociación cambió ayer al mediodía, cuando Kicillof anunció que el Gobierno concretó depósitos por unos 832 millones de dólares destinados a que los acreedores que aceptaron las reestructuraciones de 2005 y 2010.

“Acatar una sentencia no puede eximir el cumplimiento de las obligaciones -explicó Kicillof-. Argentina cumplirá sus obligaciones y honrará sus deudas”. No obstante, la decisión del juez neoyorquino desató mayor incertidumbre en los mercados y avivó temores de default.

Tras realizar el depósito, los abogados de Argentina en Nueva York volvieron a pedirle al juez Griesa suspender transitoriamente el fallo.

Como este viernes es feriado en Estados Unidos para la administración pública (por el Día del Trabajador Estatal) y el pago debe realizarse el último día hábil antes del vencimiento que es el 30 de junio, el Gobierno decidió depositar el dinero.

“No pagar teniendo los recursos y forzando un default voluntario es algo que no está contemplado en la ley argentina. Sería contrario al orden público y una clara violación a los prospectos de deuda”, dijo Kicillof en el Palacio de Hacienda.

Pasibles de embargo
El Gobierno dijo que abonó el vencimiento de títulos reestructurados para evitar que se asome la posibilidad de un default, aunque ahora los fondos que depositó quedaron expuestos a un embargo ante un eventual pedido de los “fondos buitre”.

Ante la posibilidad de un embargo, el ministro advirtió de que si alguien dispusiera de los fondos depositados en la cuenta del fiduciario afectaría los derechos de sus verdaderos dueños, que “no son otros que los tenedores” que ingresaron al canje.

Eso, según Kicillof, “constituiría una grave alteración a las condiciones fijadas en el prospecto, implicando desde una apropiación indebida de fondos de terceros, desbaratamiento de derechos acordados, incumplimiento de su responsabilidad contractual y otras tipologías que podrían configurarse”.

Las cláusulas del acuerdo de reestructuración daban 30 días de gracia a Argentina para realizar el depósito, pero la administración de Cristina Fernández cumplió en tiempo y forma para mostrar voluntad de pago y restar incertidumbre a la difícil situación financiera del país.

“Este pago se realizó en virtud de la decisión soberana de Argentina, que ratifica su firme e irrestricta voluntad de cumplimiento, para honrar sus deudas y para descartar cualquier interpretación capciosa que implique introducir el eufemismo de ‘default técnico’, con el cual se pretende asociar el impedimento antojadizo de un pago por orden judicial sin considerar la voluntad del deudor de cumplir con sus obligaciones”, dijo.
Kicillof leyó un comunicado con riguroso vocabulario técnico y jurídico, y en uno de cuyos pasajes sostuvo que “no cabe la menor duda de la parcialidad del juez en favor de los fondos buitres ni de su verdadera intención: la de pretender llevar a Argentina al default para derribar la reestructuración de 2005-2010”.

Y se volvió a quejar de que los holdouts “jamás quisieron participar” de las negociaciones de reestructuración, actitud que se confirmó incluso en la última semana ante la cerrada negativa a la solicitud de stay para lograr un diálogo en condiciones justas, equitativas y legales del 100 por ciento de los acreedores.

Amenaza
¿A la haya?

Tras comunicar la noticia del envío de fondos para el pago de la deuda reestructurada, el ministro Kicillof deslizó la posibilidad de un “contrataque” legal argentino en los estrados internacionales. “Esta decisión soberana de la República Argentina implica advertir respecto de las consecuencias de sus actos a los Estados Unidos por la responsabilidad internacional que le cabe por las decisiones de su Poder Judicial, al agente fiduciario, a las entidades financieras involucradas, a los litigantes y al mismo juez Thomas Griesa, respecto de eventuales acciones judiciales que nos permitan hacer valer legítimamente nuestros derechos como miembros de la comunidad internacional”.

Esas presentaciones, señala el comunicado, se sustentarían en articulados contemplados en los estatutos de conformación de la Organización de los Estados Americanos (artículo 61), de la Organización de las Naciones Unidas (artículos 2ª inciso 1 y 4), el convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional (artículo 4º) y se concretarían ante el Tribunal Internacional de La Haya “como sujetos de derecho internacional y ante tribunales ordinarios de la República Argentina”.

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