Rechazan actualizar base de honorarios e impugnación del Código Arancelario

El tribunal sostuvo que ello no corresponde en un proceso en el que no se persigue una obligación de dar una suma de dinero y el letrado propuso como referencia el valor de un bien relacionado con el pleito

Al advertir de que en un juicio en el que no se persigue una suma de dinero pero que sí tiene un valor económico de referencia a saber, persiguiendo la nulidad de una transmisión de dominio de un bien inmueble y el letrado tomó esa propiedad como base económica para que se regulen sus honorarios, la Cámara 8ª Civil y Comercial de Córdoba sostuvo que dicha base no se actualiza, por lo que confirmó la resolución de primera instancia que negó aplicar intereses a la base regulatoria porque ésta no está compuesta por un monto de dinero.

Asimismo, el tribunal rechazó el planteo de la parte actora, que opuso plus petición en el pedido regulatorio realizado por el actor y la inconstitucionalidad del artículo 112 del Código Arancelario (CA).

El letrado reclamante se agravió porque en el resolutorio impugnado se toma el valor de la base regulatoria sin intereses. Agregó que la actora reclamó una suma de dinero ($2.000.000) y que ése es el valor que debió ser tomado, aplicándose de esta forma la actualización del artículo 33 de la ley 9459.

Agravio

La alzada -integrada por los vocales Gabriela Eslava y Héctor Liendo- analizó que el agravio referido no merecía recibo pues en los casos de nulidad, revocación o resolución de actos jurídicos la base regulatoria será el valor de los bienes en cuestión, y recordó que los actores interpusieron acción revocatoria pauliana relativa a un inmueble, por lo que carece de sentido el argumento referido a que lo reclamado consistía en una suma de dinero ($2.000.000).

Así, el fallo sostuvo que, habiendo previsto la ley un mecanismo específico a los fines de la determinación actual del bien, no corresponde aplicar un método de actualización a prestaciones dinerarias.

La decisión advirtió de que la base regulatoria se integra con el valor del bien en cuestión y no con una prestación dineraria, por lo que no resulta de aplicación el artículo 33 del CA al caso concreto.

Razonamiento

La cámara sostuvo que el razonamiento de la sentenciante lucía impecable pues comienza por explicar que el inciso 2 del artículo 32, CA, expresamente dispone que cuando no se ha reclamado suma de dinero pero el objeto del juicio es susceptible de apreciación pecuniaria, se considera como valor del juicio, a opción del profesional, por lo que, al quedar consentida la base regulatoria propuesta por el letrado, en virtud de lo dispuesto por el artículo 117, CA, se toma el monto del valor indicado por el peticionante de la regulación, aun cuando no constituya el valor del inmueble objeto del juicio principal, valor de referencia que no fue controvertido.

El fallo entendió que es válido el razonamiento de la jueza a quo al sostener que, teniendo en cuenta que en el juicio principal no se reclamó una suma de dinero sino que se peticionó la nulidad de la donación de un inmueble, corresponde tomar el valor de referencia, sin intereses, correspondiendo rechazar la apelación del letrado.

Costas

Luego, la alzada analizó la apelación de la actora, quien señaló que debían imponerse las costas del incidente regulatorio al letrado, por estar ante la excepción prevista en el artículo 112, CA (plus petición inexcusable), y, subsidiariamente, planteó su inconstitucionalidad.

El tribunal señaló que la recurrente plantea que el beneficiario incurrió en plus petición, al pretender la regulación de sus honorarios en más de 80% de lo debido. Así, consideró que el agravio no era de recibo pues la plus petición inexcusable debe ser fruto de la mala fe, sin que pueda reputarse un obrar doloso por el sólo hecho de que lo peticionado sea superior a la regulación, agregando que dicha imposición de costas es aplicable como sanción, no por el mero hecho del vencimiento sino de la índole artificiosa de los medios empleados en la defensa.

A ello se agregó que debe omitirse la sanción en caso de duda pues “no estamos ante una imposición de costas por el mero hecho del vencimiento”, y finalmente se examinó que la constitucionalidad del artículo 112, CA, ha sido cuestionada en cuanto, al prever que el proceso de regulación de honorarios no genera costas, se estaría vulnerando el derecho de los letrados a recibir sus estipendios profesionales.

Al respecto, sostuvo que el agravio no merece recibo porque el hecho de que la norma disponga que no genera costas para ninguno de los abogados, ello no impide que los letrados le cobren honorarios a su comitente, cuestión que neutraliza el agravio constitucional planteado por los actores, y se resolvió rechazar el planteo de inconstitucionalidad del artículo 112, CA.