ESCUCHARUna apelación iniciada por Aurelio García Elorrio (Portal de Belén), solicitando la revocación de una resolución que declaraba la incompetencia en razón del territorio del Juzgado Federal Nº 3 de Córdoba y continúe con la investigación ante ese mismo tribunal, por denunciar que “funcionarios del Gobierno nacional habrían dispuesto la entrega de anticonceptivos con la información adulterada”, fue decidida por la Cámara Federal, la que confirmó por unanimidad la decisión de la jueza Cristina Garzón de Lascano.
“En el resolutorio en crisis, el Ministerio de Salud de la Nación informó que la distribución se efectúa a todas las provincias de acuerdo a lo dispuesto por la ley nacional 25673 y su decreto reglamentario”, poniendo de relieve que el acto ilícito “se había llevado a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lugar desde donde se distribuiría a las distintas provincias del país los medicamentos disimulando su carácter nocivo para la salud por parte de los funcionarios nacionales intervinientes”, valoraron Ignacio Vélez Funes y Luis Rueda.
“Concretamente, el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Salud de la Nación, llevaría adelante la distribución de los anticonceptivos peligrosos para la salud a todas las provincias, por imperio de la ley 25673 denominada ‘Programa de Salud Sexual y Procreación responsable’, de lo cual corresponde colegir que el acto de disposición de los referidos medicamentos tiene lugar en la capital de la República”, correspondiendo que la presente contienda se ventile ante los estrados del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal en turno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En tanto que por mayoría –según el voto de Abel Sánchez Torres-, se resolvió remitir copias certificadas de las presentes actuaciones al juez de Menores de la ciudad de Córdoba integrante del Poder Judicial de Córdoba que por turno corresponda el caso decidido en esta causa.
