Ratifican condena por defraudación contra el intendente de San José de la Dormida

El Tribunal Superior de Justicia rechazó la casación interpuesta por el funcionario, confirmandola resolución adoptada por la Cámara en lo Criminal y Correccional de Deán Funes, integrada por jurados. También lo inhabilitaron a perpetuidad

La Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba ratificó la condena de tres años de prisión en forma de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación calificada por administración fraudulenta continuada, en contra del intendente de San José de la Dormida, Miguel Albino Roldán.

Walter Eduardo Loche recibió la pena de dos años y seis meses de prisión en forma de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y a Ariel Alfonso Quinteros se le impuso la pena de dos años y seis meses de prisión en forma de ejecución condicional, ambos involucrados en el ilícito.

La decisión del Alto Cuerpo devino del rechazo al recurso de casación planteado por el defensor de los tres imputados, Hernán Gavier.

Entre otras consideraciones, con voto del vocal Sebastián López Peña , con el que coincidieron sus pares Aída Tarditti y María Marta Cáceres de Bollati , el TSJ desestimó las objeciones de la defensa respecto de las condenas.

En cuanto a que ninguno de los testigos afirmó que los hechos investigados causaron perjuicio al erario de la comuna de San José de la Dormida de la provincia de Córdoba, López Peña sostuvo que las críticas de la defensa no toman en cuenta de modo sustancial la prueba estimada por el tribunal, añadiendo, en lo que respecta a la fundamentación probatoria: “Recuérdese que es competencia de este tribunal de casación verificar la aplicación de las reglas de la sana crítica en la valoración de las pruebas en el caso concreto, con el único límite de lo que no resulte revisable, esto es, lo que surja directa y únicamente de la inmediación”.

Obligación

En ese sentido, el vocal subrayó que si la obligación constitucional y legal de motivar la sentencia impone al tribunal de mérito -entre otros recaudos- tomar en consideración todas las pruebas fundamentales legalmente incorporadas en el juicio, y efectuar dicha ponderación conforme la sana crítica racional, resulta claro que el recurso que invoca la infracción a las reglas que la integran -lógica, psicología, experiencia- debe también contraponer un análisis de todo el cuadro convictivo meritado, y en función de este, a su vez, evidenciar la decisividad del vicio que se denuncia.

De allí que resulta inconducente -dijo el vocal- una argumentación impugnativa que se contenta sólo con reproches aislados que no atienden al completo marco probatorio o que esgrime un defecto carente de trascendencia en una apreciación integrada de aquel. En tales supuestos, al no efectuar un abordaje que agote las distintas premisas que sostienen la conclusión que causa agravio, la crítica no alcanza a enervarla y la decisión transita incólume el control casatorio.

El fallo reseñó brevemente que a Roldán (intendente), Loche (secretario de gobierno) y Quinteros (vecino del lugar y pseudo propietario de la empresa “Ariel Alfonso Quinteros, Construcción”) se les atribuyó que, entre enero y octubre de 2012, efectuaron pagos a través de cheques o débitos por boleta de extracción en cuenta corriente, a favor de la citada empresa, por un total de $2.058.686, por supuesto “mantenimiento y ejido municipal”, “pago de obras varias y obras de consumo” y en otros casos sin especificar, resultando el perjuicio que el monto resultó sustraído a la comuna porque Quinteros no brindó esos servicios.

El Alto Cuerpo añadió que la cámara evaluó las condiciones personales y laborales de Quinteros que evidenciaban a las claras que no estaba en condiciones de ofrecer los servicios por los cuales había recibido dinero, porque no tenía ninguna empresa de construcciones, ni la capacidad para desarrollar estas tareas, estando asociado más bien al funcionamiento de la municipalidad, viéndoselo y actuando como un empleado municipal.

Según evaluó López Peña, de la investigación surgían las irregularidades que rodearon el vínculo entre Quinteros y la municipalidad, como eran que su facturero estaba en dicha dependencia y la existencia de un contrato directo a pesar de que ello estaba vedado en algunos casos porque los montos acordados excedían esa opción.

Valoración

Para el Alto Cuerpo, contrariamente a lo que asume la defensa, la valoración de sus dichos no fueron en el marco de un técnico contable o similar, ni tampoco requería la calidad de “detective” para aseverarlos, añadiendo que, en su análisis de este último aspecto, el agente investigador integró una serie de registros en los que consignó faltas y omisiones observadas en lo que podía considerarse como libro de registros de movimientos bancarios y una carpeta de egresos del año 2012, en los cuales se constataron los pagos mediante órdenes de pago o cheques a nombre de su supuesta empresa; entre ellas apuntó, al igual que lo dijeron los otros testigos, la ausencia de documentación pertinente para acreditar esos pagos , por los que sus conclusiones no resultaron de meras especulaciones como afirma la defensa o carente de sustento probatorio, sino de un profuso estudio efectos calidad especial alguna.

De lo expuesto, el Máximo Tribunal infirió que las críticas recursivas analizan la argumentación probatoria haciendo pie casi exclusivamente en la inexistencia de la empresa como única irregularidad considerada por el tribunal, no siendo ello ese solo elemento el que apoya la condena sino otros tantos referidos al montaje armado entre los acusados que significó la creación de la empresa para simular pagos bajo un concepto falso y toda la documentación creada para justificar la maniobra; también la condición de empleado municipal o afín de Quinteros, supuesto titular de la empresa que recibía órdenes de pago; el muy irregular contraste en la totalidad de las grandes sumas de dinero abonadas en diez meses, en comparación al acotado presupuesto municipal.

El TSJ evaluó que el monto total de lo defraudado era usado a esos efectos por un breve tiempo ascendía a más de dos millones de pesos, lo que equivale a más de la mitad del presupuesto destinado a abonar el funcionamiento de todo el año de la municipalidad, defensa basada en el solo testimonio de dos empleadas encargadas de la “contabilidad” cuyos registros contenían graves errores como eran tachaduras, información sumamente imprecisa o falta de documentación de contraste; estas mismas empleadas, a su vez, emitían sin precaución facturas de una empresa que sabían no existía a favor de quien no prestaba los servicios que se consignaban y cuya documentación se encontraba en la misma dependencia municipal.

Testimonios

También con base en testimonios, el Alto Cuerpo subrayó que en el municipio no se producían auditorías y contaban con poca presencia del contador de la municipalidad, a quien delegaron el control de la condición de AFIP de Quinteros, lo cual suma evidencia a que sus acciones, y la gestión municipal en general, encontraba amparo para ejercer sus actividades sin control; y que recién a partir de las denuncias se pudo conocer el estado de cuentas de la municipalidad y las graves irregularidades en los pagos hechos a Quinteros que aquí se analizan.

Para López Peña, en ese contexto, “no asombra que actuaran con cierta impunidad al alegar que a pesar que se conocía la condición personal y laboral de Quinteros, no dudaron en incorporarlo en la trama delictiva que los llevó a tomar fondos de la municipalidad sin que de ello resulte una contraprestación a su favor”.

“Estas severas irregularidades y el conjunto de elementos que demuestran su gravedad visto el marco en que se desenvolvía la administración municipal llevada adelante por Roldán, secundada por Loche con la colaboración de Quinteros, justifica descartar que tales pagos ocurrían del modo que alega la defensa o que la totalidad del dinero percibido resultó con ese destino”, refutó la tesis defensiva el vocal opinante.

De otro costado, respecto de la falta de acreditación del incremento patrimonial de los acusados, el fallo resaltó que ello no empece a esas conclusiones, pues éste, de concurrir, sería un indicio más que favorecería la acusación, pero que en modo alguno desacredita suficientemente las pruebas que la sustentan.

“El destino del dinero no es un elemento del tipo penal del delito atribuido que solo exige perjuicio para la víctima (art. 173, inc. 7 del CP), que en la figura agravada, resulta en este caso la administración pública municipal (art. 174, inc. 5° del CP)”, se manifestó, añadiendo que sobre el particular ”se ha sostenido que el aspecto objetivo de la figura requiere que el autor viole sus deberes y de ese modo perjudique los intereses que le han sido confiados”.

Citando el precedente “Lange”, el TSJ apuntó que el marco en el que actuaron los imputados revela que conocían que con su acción sustrajeron dinero de la municipalidad so pretexto que lo destinaban al pago de contraprestaciones emprendidos por la falsa empresa de Quinteros y que con ello se perjudicaba sus intereses. Así, la propia dinámica del montaje armado lleva a afirmar que sabían que Quinteros estaba afiliado a las labores municipales, no tenía la mentada empresa y esta no efectuó las tareas que se sostiene ejecutó, constataciones resultan suficientes para dar por probado el dolo específico que requiere la figura.

En definitiva, para el Alto Cuerpo, las pruebas evaluadas justifican suficientemente Loche y Quinteros ejecutaron las maniobras que se les atribuyen perjuicio a la municipalidad de San José de la Dormida.

Autos: “Loche, Walter Eduardo y otros p.ss.aa. defraudación calificada por administración fraudulenta -Recurso de Casación” (SAC 1871983)

* El vocal Sebastián López Peña dijo que la decisión tomada por el tribunal de Deán Funes, integrado por jurados, no es menor, vistas las dificultades probatorias que presentan la investigación de delitos como el presente.

* Asimismo, señaló que sanciones como las articuladas se corresponden los estándares jurídicos en los que deben analizarse esta clase de delitos de corrupción.

* En tal sentido recordó que la Sala Penal ha venido trabajando sobre una serie de estándares que debe tenerse en cuenta al momento de interpretar y aplicar las leyes en materia de violencia de género, violencia familiar, discriminación, cuestiones vinculadas con menores de edad, etcétera, a partir de exigencias normativas específicas que rigen en esos ámbitos por decisiones constitucionales, legales o por compromisos internacionales asumidos por el Estado.