Quien alquila su inmueble para un salón de fiesta no responde por deudas del inquilino

El tribunal interviniente interpretó que del contrato de locación no surgía que el propietario del bien raíz tuviese participación alguna en las ganancias por la explotación de ese emprendimiento

La Cámara 8ª Civil y Comercial de Córdoba confirmó la resolución de primera instancia que rechazó extender a la propietaria del inmueble donde funcionaba un salón de fiestas la condena en favor de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (Sadaic) por la difusión de música, en razón de no acreditarse que ésta participara de la organización de los eventos o que éstos le generan algún lucro en particular.

Los vocales Gabriela Eslava y Héctor Liendo indicaron que la discusión se centraba en considerar si la propietaria del inmueble dado en locación era solidariamente responsable por las deudas por derecho de autor reclamadas por Sadaic, que adujo que el precio del contrato de alquiler para el salón no sería el mismo que para una vivienda residencial, por cuanto la reproducción de música resulta ser un elemento esencial para la fijación del canon locativo.

Normativa

Bajo esas premisas, el tribunal sostuvo que no existe norma alguna que establezca solidaridad entre propietario y locatario, y que la solidaridad no puede ser presumida sino que, conforme el artículo 827 del Código Civil y Comercial (CCyC), “debe existir una causa única en razón del título constitutivo o de la ley”. A su vez, se destacó que lo dicho encuentra también respaldo en la especial norma contenida en el artículo 828, CCyC, que dispone concretamente que la solidaridad no se presume y debe surgir inequívocamente de la ley o del título constitutivo de la obligación.

Lugo de recordar la normativa que sustenta las pretensiones de Sadaic, la cámara observó que, en contraste con dicha norma, compartió la tesis del a quo en cuanto a que no puede inferirse que el locador sea un beneficiario indirecto de la propagación de música, por lo que, al no haber prueba de la existencia de algún tipo de participación del locador en la organización de los eventos respectivos o de lucro a su respecto, la consecuencia invocada por el recurrente es demasiado remota como para considerarla un beneficio a favor del propietario.

Para los camaristas, el solo hecho de haber alquilado el inmueble no puede ser valorado como una pauta para tener al locador como beneficiario indirecto de la propagación de música, por su supuesta incidencia en el precio del alquiler.

Tesis

Además, se advirtió de que, de seguirse la tesis del recurrente, también podría ser responsable por beneficiario indirecto el vendedor del inmueble, por cuanto se trata de un lugar apto para establecer un salón de fiestas y, por lo tanto, el mayor valor del bien tiene relación con la posibilidad de propagar música.

En síntesis, se entendió que el beneficio indirecto que invoca el recurrente no puede ser extraído de un supuesto mayor valor de alquiler sino que, por más indirecto que sea, debe ser probado por el actor para responsabilizar al propietario demandado.

En esa dirección, el tribunal recordó que éste probó acabadamente cuál era su relación con la codemandada, no siendo exigible otro esfuerzo probatorio para acreditar un hecho negativo como es la ausencia de ganancia o participación en la explotación comercial del negocio.

De lo expuesto se derivó que tal extremo probatorio, en tanto se trata de un hecho constitutivo de la acción a los fines de responsabilizar al propietario, era claramente una carga que pesaba sobre el actor, y que la ausencia de prueba a su respecto, lo perjudica.

Contrato

A su vez, el fallo indicó que tampoco modifica lo antedicho la circunstancia de que en el contrato de alquiler exista una cláusula en la que el locatario se obligue al pago de los montos que correspondan a Sadaic, en cuanto tal disposición entre partes no puede hacer considerar al tribunal que exista beneficio indirecto alguno para el propietario, y que es ése el supuesto de hecho que la norma contempla para que se active la consecuencia jurídica de ser obligado al pago, y no el solo hecho de conocer la existencia de obligaciones de derecho de autor o, en su caso, de establecer entre partes quién será el responsable de la extinción de las obligaciones que a su respecto se generen.

En definitiva, en el caso se resolvió que este último argumento termina de sellar la suerte de los agravios vertidos por Sadaic y, por lo tanto, el recurso de apelación debe ser rechazado, confirmándose la decisión impugnada en todo cuanto dispone.