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Que el detenido haya sido juez no complica su seguridad dentro de la cárcel que lo aloja

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Lo estableció la Cámara Federal de Casación Penal, que ratificó la negativa a concederle el beneficio de la prisión domiciliaria al ex magistrado federal Raul Reynoso

La Casación Penal rechazó el recuso promovido por la defensa del ex juez federal de Orán, Salta, Raúl Reynoso, en contra del fallo que le denegó el arresto domiciliario.
El tribunal descartó que las dolencias que padece no puedan ser abordadas y tratadas dentro de la unidad penitenciaria.
En tanto, la Sala II de la Cámara sostuvo que no se probó que por el hecho de haber sido magistrado federal haya un riesgo que pueda representar un peligro concreto para su seguridad. Así, precisó que la situación está controlada por las autoridades del penal y las instó a seguir adoptando las medidas necesarias para garantizar la integridad del interno.
Con respecto a otro de los argumentos del letrado, que planteó que la esposa del juez es discapacitada y requiere asistencia permanente de terceros, el tribunal detalló que para la procedencia del instituto en esos términos corresponde que el solicitante sea la única persona capaz de hacerse cargo, lo cual no sucede en el caso. “Los hijos mayores de edad pueden encargarse del cuidado de su progenitora, a lo cual se suma la presencia de la empleada doméstica”, precisó.

En cuanto a la solicitud de ampliar la salida extramuros mensual por una semanal, valoró que la cuestión deberá abordarse en una audiencia entre las partes y que, a la luz de sus resultados, el tribunal de juicio tendrá que dictar un nuevo pronunciamiento.
Reynoso quedó suspendido y procesado por asociación ilícita. Se sospecha que se valía de su rol como juez en la caliente frontera norte para beneficiar a imputados por narcotráfico. El 4 de septiembre, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Número 1 de Salta dio inicio al debate.
La acusación le atribuye haber liderado un banda criminal “de carácter estable, con soporte estructural, división de roles y capacidad para articular acciones de modo de sostener el desarrollo de la actividad ilícita”, la cual fue montada, coordinada y encabezada por Reynoso y funcionó en Orán al menos desde marzo de 2010.
Por debajo de Reynoso, la organización habría estado integrada por los abogados María Elena Esper, Ramón Valor, Arsenio Gaona y René Gómez y los empleados judiciales Miguel Ángel Saavedra y César Julio Aparicio.

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