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Prorrogan prisión preventiva a otros trece represores

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Luego de la polémica desatada cuando la Cámara de Casación Penal ordenó liberar a una veintena de represores, entre ellos Alfredo Altiz y Jorge Acosta, la Cámara en lo Criminal Federal porteño decidió ayer prorrogar por un año las prisiones preventivas de trece oficiales y suboficiales de la Marina, procesados por violaciones a los derechos humanos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura militar.
La medida dictada por la Sala II alcanzó a Antonio Vañek, Julio Antonio Torti, Roberto Pérez Froio, Alberto Eduardo González, Carlos Orlando Generoso, Rogelio Martínez Pizarro, Néstor Omar Lanzón, Jorge Luis Magnacco, Eugenio Bautista Vilardo, Hugo Enrique Damario, Julio César Coronel, Carlos Jaime Fraguio y Carlos Guillermo Suárez Mason (hijo).

En todos los casos se les imputan delitos tales como aplicación de tormentos, privaciones ilegales de la libertad por centenares de hechos, en algunos casos seguidos de muerte.
Las defensas habían pedido el cese de las prisiones preventivas con fundamento en la ley 24390 y el plenario (general Ramón) "Díaz Bessone" de la Cámara Nacional de Casación Penal. La norma establece que el plazo máximo de la prisión preventiva es de dos años, prorrogable excepcionalmente por uno más, mientras que en el plenario “Díaz Bessone” el máximo tribunal penal de la Nación sostuvo que la detención sin sentencia firme sólo se justifica si existe riesgo concreto de que el procesado, en libertad, eludirá la acción de la Justicia o entorpecerá el avance de la investigación.

La Sala II de la Cámara Federal sostuvo que la ley 24390 no es de aplicación automática y, para apartarse de la doctrina del caso “Díaz Bessone”, evaluó la "gravedad" de los hechos que se les atribuyen a los procesados.
Las resoluciones que prorrogan las prisiones preventivas fueron firmadas por los camaristas Martín Irurzún y Eduardo Farah.

ANTECEDENTES
El 18 de diciembre, la Sala II de la Cámara de Casación Penal había ordenado la libertad de una veintena de represores, entre ellos Alfredo Astiz y Jorge "Tigre" Acosta.
Finalmente, y ante la apelación del fiscal Raúl Plee, dos días después la Cámara los suspendió la libertad.

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