Prohibición de indexar que imponía la Ley de Convertibilidad de 1991 es inconstitucional

Al interpretar que los criterios jurisprudenciales en materia de intereses del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) no son obligatorios para los tribunales inferiores, la Cámara 4ª Civil y Comercial de de Córdoba declaró la inconstitucionalidad de la normativa que dispone la prohibición de indexar de las obligaciones dinerarias; esto es, el artículo 7 de la ley 23928, la ley 25561 y los artículos 765 y 766 del Código Civil y Comercial (CCyC), con efecto desde el 1 de noviembre de 2023.

En virtud de lo resuelto, se ordenó aplicar a los rubros de la condena los intereses fijados en la sentencia apelada hasta el 31 de octubre de 2023 y luego el índice de precios al consumidor Córdoba, con más seis por ciento anual de interés moratorio.

El tribunal integrado por los vocales Viviana Siria Yacir (autora del voto) y Federico Ossola indicó q ue el actor cuestionaba la tasa de interés mandada a pagar en la resolución de primera instancia, entendiendo que lesionaba el principio de reparación integral.

El fallo analizó que el a quo fundamentó su decisión en la doctrina del Tribunal Superior de Justicia, del precedente “Hernández”, disponiendo la aplicación de intereses conforme la Tasa Pasiva del Banco Central de la República Argentina (BCRA), más 2% mensual desde la fecha de finalización del plazo para cada rubro y hasta el 7 de julio de 2022.

Criterio

Sobre ello, la alzada sostuvo que la existencia de lo que podría entenderse como un “ criterio jurisprudencial consolidado ” para la fijación de la tasa de interés moratorio, “ en modo alguno permite afirmar que deba ser aplicado de manera invariable, ni obligatoria, que no hay, en el caso, doctrina judicial vinculante ”. Asimismo añadió que “ ni mucho menos, el ejercicio de función nomofiláctica, cuya finalidad es la de unificar criterios jurídicos, pero no económicos, ligados estos últimos a las particularidades del conflicto y por ende de apreciación de los jueces en el caso concreto ”.

Así, la decisión apuntó que “ las soluciones relacionadas con el tópico conflictivo revisten una provisoriedad que va condicionada a las fluctuaciones que se plasmen en la realidad económica ”.

En ese orden de ideas se señaló que el cuestionamiento a la tasa de interés, que contempla la pretensión de su elevación y también -subsidiariamente- el planteo de inconstitucionalidad de la prohibición de indexar, fue realizado en octubre de 2023, cuando se expresaron los agravios apelativos.

Por ello, tras realizar un ejercicio de los porcentuales de los intereses fijados en la sentencia del a quo, la cámara “ entendió imprescindible dar una respuesta con eficacia para dirimir definitivamente el conflicto y evitar de esa manera dejarlo en latencia constante en virtud de la fluctuante incertidumbre de nuestra economía en general y de su comportamiento inflacionario en particular ”.

Período

Frente a ello, centrado el análisis en el período que va del 1 de noviembre pasado al 25 de marzo pasado (momento tomado como testigo para el análisis), se evaluó que la inflación fue de 94% aproximadamente, mientras que la tasa pasiva más el plus del tres por ciento ordenado por el a quo muestra 53,79% en el período indicado, por lo que para verificar el plus que debería adicionarse a la tasa pasiva, la vocal Yacir fue aumentando de a un dígito el adicional a la tasa bancaria hasta alcanzar niveles porcentuales similares a la inflación, “ llegando a algo más del 11% mensual, ello solo para lograr en ese lapso (01/11/2023 al 25/03/2024), la actualización por vía indirecta de la obligación dineraria, sin excedente para imputar a intereses moratorios ”.

En virtud de lo expuesto, la magistrada consideró necesario sortear la valla de la prohibición de indexar, que debe ser declarada inconstitucional para habilitar la actualización de la condena por índices de precios al consumidor (IPC) desde el 1 de noviembre pasado “ en atención al tiempo en que el actor ejerció su pretensión modificatoria, coincidente por otro lado con el mayor estallido inflacionario de los últimos tiempos ”.

Se analizó que la prohibición de indexar “ constituye una limitación al derecho de propiedad que, en el contexto económico actual desnaturaliza el crédito ”, no pudiendo desconocerse que el fin tenido en cuenta para el dictado de la ley 23928 “ ha perdido virtualidad y no resulta, en consecuencia, aplicable en un escenario tan diferente ”.

“ Después de 30 años -se añadió- , la salida de la convertibilidad y un nuevo, sostenido y creciente proceso inflacionario, sin medidas políticas y económicas similares a aquellas de 1991, hacen inviable (su) mantenimiento y (se) convierten en una ficción que atenta contra el derecho de propiedad de los ciudadanos, al nominalismo propugnado por el ordenamiento ”, subrayando que lo que se resarce son daños, por lo que resulta razonable la actualización utilizando el Índice de Precios al Consumidor Córdoba (IPC-Cba.) .

Es por ello -se determinó- que deben aplicarse intereses moratorios, “ pero en este caso puros (sin escorias inflacionarias) a la tasa de seis por ciento anual. Reiterando que, en este caso concreto, no puede sino concluirse que la mera aplicación de la tasa de interés establecida, desnaturaliza y degrada el Derecho de Propiedad del acreedor, de raigambre constitucional ”.

La cámara concluyó que el resultado pone en evidencia que la prohibición de indexar “ no supera el test de razonabilidad de la limitación de los derechos constitucionales del art. 28 de la Carta Magna ”, resolviéndose la inconstitucionalidad de la normativa ya señalada en cuanto consagra la prohibición de indexar las obligaciones dinerarias -en este caso- a partir de 1 de noviembre pasado.

Cálculos

En consecuencia, en el fallo se admitió la apelación en el punto recibido, debiendo calcularse los intereses fijados por el juez a quo, hasta el 31 de octubre pasado y luego -y sobre el cálculo que de ello resulte-, “ deberá deducirse el monto correspondiente al seis por ciento anual por todo ese mismo período, en tanto se presume que ese porcentaje es imputable a interés por mora, mientras que el resto representa la variable de ajuste que actualiza por vía indirecta el capital ”.

La alzada agregó que el resultante será actualizado con el IPC, aplicándose a su respecto el seis por ciento anual de interés por mora, hasta el día del efectivo pago.

En definitiva, se indicó que el capital de condena por gastos médicos, actualizado por vía indirecta al 31 de octubre pasado asciende a $64.344,10 ($7.000 + ($61.354,24 - $4.010,14)); sobre el cual debe aplicarse el IPC hasta el momento del efectivo pago, con más intereses al seis por ciento anual sobre la resultante y por ese mismo período, aclarando que deberá sumarse la cantidad de $4.010,14 para conformar el monto total de la liquidación, derivando que “ de la misma manera debe procederse respecto de todos los rubros, atendiendo al dies a quo establecido para el caso y las respectivas fechas de corte ”.