ESCUCHARLa jueza federal María Eugenia Capuchetti procesó a ex funcionarios del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Nilda Garré y al ex jefe de la Policía Federal, Román Di Santo.
Lo hizo a raíz de una serie de irregularidades en la contratación con una empresa israelí para modernizar el sistema de seguridad de la ciudad de Buenos Aires, lo que significó una inversión de más de 40 millones de dólares.
La empresa israelí C. Mer Industries Ltd., proveedora de los sistemas, no está involucrada en la maniobra delictiva.
La contratación de la firma mediante el Ministerio de Defensa de Israel se concretó a mediados de 2011, en el marco del Programa “Buenos Aires Segura” (BAS) que, supuestamente, iba a permitir monitorear los domos instalados en 200 patrulleros tecnológicos y en 1.200 cámaras de vigilancia.
Además, contemplaba la modernización del número de emergencias 911. En ese momento, también se promocionaba la inversión como una mejora para “manejar de forma remota las cámaras, detectar automáticamente un rodado con pedido de secuestro, indicar el mejor recorrido y los protocolos de intervención adecuados, obtener en tiempo real las imágenes y datos capturados por las cámaras y computadoras de los patrulleros, y supervisar y coordinar en tiempo real a patrulleros y agentes”.
El fallo de la jueza Capuchetti sostiene que “el material resultó de una calidad inferior al pagado” y que las compras “eran inidóneas para satisfacer la necesidad de modernizar el sistema de seguridad de la ciudad autónoma”.
Se sospecha que el rol de Gustavo Sibilla, ex secretario de Planeamiento del Ministerio de Seguridad, fue principal. Según la pesquisa, viajó a Tel Aviv en junio de 2011 “para estampar su firma en el convenio, que culminó obligando al Estado nacional a realizar los pagos cuestionados”.
Concretamente, suscribió un memorando de entendimiento con un funcionario del Ministerio de Defensa israelí.
En el fallo se destaca un informe de la Sindicatura General de la Nación que informa sobre “fallas graves y reiteradas en los distintos aplicativos que componen el sistema de recepción y despacho de llamadas del Centro de Comando y Control 911 de la Policía Federal Argentina, ocasionando interrupciones que afectaron los servicios de llamadas de los ciudadanos”.
“El desenlace del Proyecto BACS fue su culminación, tras más de tres años después de iniciado, con el pedido del Ministerio de Seguridad para rescindir el contrato con la empresa MER, cuando ya se había efectuado la totalidad de los pagos al Estado de Israel por la implementación de un servicio que no funcionó y sin que haya constancias del inicio por parte del Estado nacional”, resaltó el decisorio.
