Confirman procesamiento de una banda que vendía drogas en la zona de San Francisco

El tribunal de alzada entendió demostrada la participación de los acusados y dispuso mantener la prisión preventiva de varios de ellos. Comercialización de estupefacientes y lavado de activos, entre las imputaciones

La Cámara Federal de Córdoba confirmó los procesamientos de Lucas Maximiliano Rubén Alfonso y Daiana Belén Artaza por el delito de comercialización de estupefacientes y lavado de activos, que dictó el juez federal de San Francisco.

La causa se originó en una denuncia anónima recibida en marzo de 2018 mediante correo electrónico, en la que se hacía referencia a cuatro sujetos identificados que estaban vinculados al comercio de estupefacientes.

La instrucción a cargo de la fiscalía determinó el secuestro de tres paquetes de cocaína de más de un kilogramo cada uno, dispositivos electrónicos, municiones, dinero en efectivo, tickets bancarios y una máquina contador de billetes.

En el operativo se pudo acreditar que Braian Requena, Daiana Artaza, Hugo Contreras, José Luis Molla, Vanesa Acosta, Alexis Artaza, Marcelo Artaza, Franco Espina, Miriam Lescano, Gustavo Rolón, Andrés Rolón, César Nieto, Mauricio Peralta, Florencia Prete, Julio Alfonso, Lucas Alfonso, Juan Carlos Bosio, Pablo Esser y Fabián Humeler, quienes se encontrarían vinculados al tráfico ilícito de estupefacientes, en cantidades y/o bajo modalidades que excederían lo que comúnmente se denomina como “venta al menudeo”, así como algunos de los delitos previstos por el título XIII del segundo libro del Código Penal.

Al resolver la apelación opuestas por las defensas de los imputados, el camarista Eduardo Ávalos consideró, respecto de Vanesa Acosta, desierta la adhesión a los recursos de apelación que interpuso.

En cuanto a Lucas Alonso, se confirmó la resolución apelada que dispuso su procesamiento como posible coautor del delito de comercialización de estupefacientes.

En tanto, con relación a Daiana Artaza, la alzada interpretó que no sólo mantenía una relación con Brian Requena sino que también participaba activamente en la comercialización de estupefacientes desarrollando diversas actividades a tal fin.

Sobre la situación de Pablo Esser y Juan Carlos Bosio, la cámara concluyó que no correspondía pronunciarse, pues los fundamentos esgrimidos por su defensa no tienen correlación con los hechos fácticos valorados por el magistrado de primera instancia.

En cuanto al lavado de activos de origen delictivo, el juez Ávalos señaló que se encuentra acreditado que Esser y Bossio habrían tenido conocimiento de que Requena se dedicaba al comercio de estupefacientes y habrían actuado como socios en la compra y venta de dólares, habiendo vendido en más de una oportunidad a Requena, los dólares que este último necesitaría para poder comprar las sustancias ilícitas que luego comercializaría.

Respecto de las prisiones preventivas de Esser y Bosio, el tribunal consideró que, por la naturaleza de los hechos investigados, la cantidad de personas y el cuadro de responsabilidades involucradas, los imputados podrían contar con medios suficientes como para intentar eludir el accionar de la justicia, obstaculizando la investigación que se sigue en su contra, logrando frustrar así los fines del proceso penal.

En el fallo sólo se trataron los agravios de Marcelo Artaza, Andrés Rolón y Franco Espina relativos a la razonabilidad del plazo del proceso y las medidas cautelares dispuestas en su contra, no advirtiendo el tribunal dilación injustificada e irrazonable que en forma alguna atente contra el derecho al debido proceso de los imputados.

Con relación a sus prisiones preventivas, se señaló que resulta razonable y proporcionada para Espina, pues se presenta, por el momento, como la única modalidad idónea -dentro de las previstas por el art. 210 del CPPF- para asegurar la comparecencia y sujeción del encartado al proceso.

Respecto de Marcelo Artaza, se estimó que debido a la entidad y complejidad del delito que se le atribuye, existe riesgo cierto de que el imputado, en caso de recuperar su libertad o ser detenido en la modalidad de arresto domiciliario, intente obstruir el normal desarrollo del proceso.

Ello así, puesto que, en función de la naturaleza de los hechos investigados, la cantidad de personas y el cuadro de responsabilidades involucradas, Artaza podría contar con medios suficientes como para intentar eludir el accionar de la justicia, obstaculizando la investigación que se sigue en su contra, logrando frustrar así los fines del proceso penal.