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“Pretender vivir siempre en un régimen republicano no es una pretensión menor”

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Víctor María Vélez, presidente de la Federación Argentina de la magistratura (FAM), destacó la importancia de que la sociedad cuente con jueces independientes e idóneos. Se mostró a favor de la designación de Germán Garavano en el Ministerio de Justicia y de que el Consejo de la Magistratura vuelva a tener 20 miembros.

Víctor María Vélez fue reelegido como presidente de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM). Se trata del tercer mandato consecutivo del camarista cordobés en una organización que nuclea a 14 mil asociados de todo el país. Vélez, quien también presidió la Asociación de Magistrados de Córdoba, dialogó con Comercio y Justicia. El recambio del gobierno nacional y su influencia en la Justicia, la designación de Germán Garavano como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos y los desafíos del Poder Judicial de cara al año próximo fueron algunos de los temas sobre los cuales Vélez habló con este medio.

-El país vive un recambio de gobierno. ¿Cómo cree que incidirá esto en la Justicia argentina?
-En realidad, un recambio de gobierno no debería impactar en la justicia ya que implica una continuidad del orden constitucional. Lo lamentable es que, al margen de las presiones o embates que vienen desde los poderes fácticos, los ha habido provenientes de los poderes políticos y éstos tienen un plus de gravedad porque emanan del propio Estado que renuncia a su obligación, impuesta por el Preámbulo, de afianzar la justicia, y afecta el funcionamiento de la República, que se basa en la tripartición de poderes. Por eso hemos rechazado enfáticamente toda injerencia externa e interna porque comprometen el desempeño normal de la tarea del Poder Judicial. Hay que destacar el derecho de las personas a contar con jueces independientes, imparciales e idóneos para la resolución de sus conflictos, para lo cual el sistema republicano establece los mecanismos necesarios. Por eso, pretender vivir siempre en un régimen republicano no es una pretensión menor porque es lo que dispone el pacto cívico establecido y ratificado por los ciudadanos en 1994. Espero que eso sea lo que ocurra.

-La Sala II de la Cámara Contencioso-administrativa declaró recientemente inconstitucional la actual integración del Consejo de la Magistratura. ¿Qué opinión le merece este fallo? ¿Cuál debería ser una composición razonable?
– La Constitución Nacional establece como única condición para el ejercicio de cargos públicos la idoneidad y, para medirla, en el caso de los jueces se ha establecido un órgano, que es el Consejo de la Magistratura. Precisamente para asegurar que será la idoneidad el parámetro a tener a tener en cuenta y no el «amiguismo» o la «conveniencia» partidaria, la composición del Consejo debe ser plural y equilibrada, de tal manera que ninguno de los sectores convocados pueda tener preeminencia sobre otro. La reforma aprobada en febrero de 2006 redujo los miembros de 20 a 13. En virtud de ello los jueces y los académicos perdieron un representante; los abogados, dos; no tienen representación las segundas minorías de las cámaras del Congreso y también dejó su lugar el presidente de la Corte. En consecuencia, el «oficialismo» -cualquiera que sea- no pierde poder, quedando representado por cinco miembros (dos senadores, dos diputados y el representante del Poder Ejecutivo). De este modo, quien sea el «oficialismo» con esos cinco votos tiene la posibilidad de bloquear la elevación de una terna para la designación de un nuevo juez o la acusación de un magistrado para dar inicio a un juicio político. Volver al equilibro, entonces, es republicanamente saludable.

– Germán Garavano, actual fiscal General de la ciudad de Buenos Aires, fue elegido ministro de Justicia de la Nación. ¿Lo sorprendió? ¿cree que puede ser un buen ministro para esta cartera?
-Germán Garavano es un académico que reúne a su vez la condición de ser un experto en gestión, que se ha desempeñado como juez y luego como fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es un hombre que ha sido consultado para la organización de varios poderes judiciales de la región y que tiene una concepción federal en lo que respecta a políticas judiciales. La designación como ministro de Justicia y Derechos Humanos de una persona con su formación, experiencia y respeto por los derechos fundamentales constituye una buena señal política.

– Cuáles son los desafíos que tiene el Poder Judicial de cara a 2016?
En las distintas Conferencias Nacionales, organizadas por la Corte, por la Junta Federal de Cortes, la Asociación de Magistrados Nacionales y nuestra Federación de la Magistratura Argentina se han ido poniendo de relieve los aspectos más esenciales a tener en cuenta, que están relacionados con el funcionamiento adecuado de los sistemas de selección y remoción de jueces; su capacitación y formación; la necesidad de asegurar la independencia; la conveniencia de contar con un sistema de comunicación razonable con la ciudadanía que aporte transparencia; una mayor participación ciudadana en los procesos. En síntesis, contar con procedimientos y autonomía presupuestaria que garanticen una rápida solución de conflictos, eficacia e igualdad para el ejercicio de los derechos ciudadanos, sobre todo en casos de contaminación ambiental, corrupción administrativa y grandes tragedias.

– ¿Cómo cree que incidirá el nuevo Código Procesal Penal de la Nación que entrará en vigencia en marzo? ¿Cómo se prepara Córdoba?
Aquí hay que decir que las cátedras universitarias y las organizaciones de jueces, en muchas ocasiones solicitaron la sanción de una ley procesal que contemplara las exigencias constitucionales tanto para asegurar la imparcialidad de los jueces como para garantizar la igualdad entre las partes, es decir entre los fiscales y la defensa, y asegurar el contradictorio en un debate público, además de posibilitar la participación del ofendido. Esto, a grandes rasgos. Ahora, el problema se suscita cuando las leyes de organización e implementación pueden permitir la alteración de los objetivos constitucionales. Lo que hay que evitar es que un proceso, cualquier proceso, pueda ser utilizado para proteger a los «amigos» y para perseguir a los «enemigos». Lo que el pueblo merece y requiere es una justicia que llegue en tiempos razonables y que no distinga donde no hay que distinguir. Decía Simón Bolívar que la ley se cumpla inexorablemente, como el destino. Y es así. Argentina, decía Nino, no debe ser un país al margen de la ley. No debe haber nadie, por encumbrado que sea, que esté por encima de ella.

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