Prepaga deberá cubrir una cirugía de feminización de rostro

La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba entendió que no se trata de una intervención estética y resaltó que se ve comprometido el derecho a la identidad de género de la amparista, una persona transgénero

La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó parcialmente la sentencia que ordenó a Omint SA cubrir las cirugías de feminización de una persona transgénero .

La causa fue resuelta en el marco de un amparo presentado por una persona transgénero no binaria, tras el rechazo de la prepaga a dar cobertura a las cirugías solicitadas.

Omint rechazó el pedido aduciendo que se trataba de una serie de cirugías estéticas, no previstas en los alcances de la ley N° 26743 por cuanto el pedido no incluía los caracteres sexuales primarios.

El Juzgado Federal Nº 3 hizo lugar al pedido, tras lo cual la prepaga recurrió la sentencia de primera instancia.

Al resolver, los camaristas Graciela Montesi, Eduardo Ávalos y Abel Guillermo Sánchez Torre s resaltaron que en la causa “ se ve comprometido el derecho a la identidad de género , el cual fue receptado por la legislación nacional mediante el dictado de la ley Nº 26743 y su decreto reglamentario N° 903/15, en concordancia con los principios de Yogyakarta”.

En ese sentido, precisaron que el artículo 2 de dicha ley define la identidad de género como “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido”.

Según quedó probado en el expediente, de acuerdo con lo indicado en el informe psicodiagnóstico, la profesional tratante de la amparista recomendó “la continuidad de su proceso en transición de género (incluyendo tratamientos hormonales y cirugías de feminización que se consideren necesarios) ya que estas intervenciones ayudarían a aliviar su disforia de género ( …)”.

Respecto de la disforia de género, la psicoanalista precisó que se trata de “un estado de incomodidad o angustia significativa que experimenta una persona debido a la discrepancia entre su identidad de género y su sexo asignado al nacer”. Este estado causa en el paciente un malestar clínicamente significativo que puede deteriorar áreas importantes de funcionamiento (social, académico y/o laboral).

“Para A., su estructura facial masculina es una fuente de disforia de género”, concluyó el informe de la profesional.

En este contexto, los jueces de cámara concluyeron “que no le asiste razón a la accionada en cuanto a que las prestaciones solicitadas por la amparista, se encuentran excluidas del decreto N° 903/15 y consecuentemente del PMO porque dicho decreto reglamentario expresamente establece que la enumeración de las intervenciones que ayudan a adecuar el cuerpo a la identidad de género autorpercibida es de manera enunciativa y no taxativa; y además porque la guía de atención de la salud integral para personas trans, travestis y no binarias expresamente contempla las cirugías de feminización de rostro, afirmando que las intervenciones quirúrgicas enumeradas “al igual que toda otra a la cual una persona quiera acceder como parte del proceso de construcción corporal en función de su género autopercibido , no deben ser entendidas, a la luz del marco legal vigente en Argentina, como intervenciones de índole estético, sino como parte del derecho a la identidad de género ”.

“Teniendo en cuenta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) concibe al concepto de salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente como ausencia de afecciones o enfermedades; y que los profesionales que tratan a la amparista prescriben la cirugía de feminización a fin de aliviar su disforia de género, es decir el estado de incomodidad y angustia que vivencia la Sra. A.A.D. en virtud de su estructura masculina; entiendo que para garantizar el derecho a la identidad de género de la misma y conforme las disposiciones de la normativa vigente en la materia corresponde rechazar el presente agravio”, concluyó la Cámara Federal.