La liberación del padre Grassi, condenado a 15 años de prisión por dos hechos de abuso sexual infantil, se podría adelantar, lo cual se resolverá este jueves en una audiencia clave.
A la espera de la decisión, el abogado de las víctimas sostuvo estar “preocupado” por lo que pueda llegar a ocurrir con el acusado.
De acuerdo a la condena establecida, el sacerdote debería salir de la cárcel recién en mayo de 2028, pero solicitó que se revise su posible “liberación anticipada, algo que se sabrá este jueves a las 11.00 en el Tribunal en lo Criminal N°1 de Morón.
Ante este escenario, el abogado Juan Pablo Gallego habló sobre dicha posibilidad y se mostró preocupado, aunque sostiene que tiene los elementos necesarios para evitar que se le otorgue el beneficio de la libertad.
“Voy a exponer y alegar los motivos por los cuales Grassi no puede salir. En primer lugar porque el propio Código Penal establece que no es un beneficio que puedan pedir los delincuentes sexuales, por otro lado, el acusado hizo ese pedido por escrito y el tribunal de alguna manera abrió el incidente a prueba, se le pidió una pericia psicológica a la cual él se opuso y por último, hubo mucho cabildeo con el informe carcelario”, detalló Gallego sobre los motivos por los cuales no deberían otorgarle la libertad.
Sin embargo, sostuvo que Grassi es un “poderoso” que siempre “aprovecha” algún momento de “distracción” para que le otorguen beneficios.
En la cárcel, el acusado se recibió de abogado y en esta audiencia clave se representará a sí mismo, algo que no habría ocurrido en otras causas.
Mientras sigue el asombro por esta actuación, Gallego dijo estar “preocupado”, pero también “optimista” para llevar adelante la audiencia: “Es muy importante que esto se haga a la luz del día, que no quede como algo clandestino”.
Fue en junio de 2009 cuando el TOC N°1 de Morón lo sentenció a 15 años de prisión por los delitos de abuso sexual agravado por ejercer el rol de sacerdote, estar encargado de la educación y la guarda del menor en víctima.
En el juicio se comprobó que Grassi atacó en 1996 a dos menores en la Fundación Felices los Niños, la cual había creado años atrás.
En 2017, la Corte Suprema dejó firme la condena y quedó alojado en el pabellón N° 6 de la Unidad Penitenciaria N° 41, sector donde están los presos con buena conducta.