Preocupación de la ONU por los derechos de los niños en Argentina

El Comité de los Derechos del Niño emitió severas advertencias sobre la situación de la infancia  especialmente en el ámbito judicial y en el trato a los hijos de personas privadas de libertad. Se insta al país a tomar medidas urgentes para garantizar la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes

En su séptimo informe periódico, el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas (ONU) expresó una profunda preocupación por las condiciones de vida de los niños en Argentina, haciendo especial énfasis en la falta de acceso a la justicia y las deficiencias en el sistema de protección para los hijos de personas encarceladas. Entre las principales observaciones, se destaca la necesidad de desarrollar políticas que garanticen sus derechos en la interacción con el sistema penitenciario y judicial.

Uno de los puntos más alarmantes señalados por el Comité es la situación de los hijos de personas privadas de libertad. El informe subraya las dificultades que enfrentan estos niños al intentar visitar a sus progenitores, detallando que se encuentran con obstáculos como la escasa accesibilidad, las largas filas y los registros invasivos en los centros penitenciarios. En la observación número 32, el organismo recomendó que el Estado argentino elabore una política pública específica que no sólo proteja los derechos de estos niños, sino que también incremente la frecuencia y duración de las visitas y mejore las condiciones en los recintos para promover un entorno adecuado para los encuentros familiares.

Falta de acceso a la justicia

Otro aspecto que preocupa al Comité es el acceso limitado de los niños a la justicia en Argentina. El informe recalca la falta de estructuras que respalden adecuadamente este acceso, recomendando que se garanticen mecanismos de denuncia confidenciales, adaptados a los menores, y que se les ofrezca asesoramiento y recursos legales adecuados para su edad. También insta al país a concienciar a los niños sobre su derecho a denunciar abusos y discriminación, y a fortalecer la figura de abogado de los niños, asegurando la representación legal para menores independientemente de su lugar de residencia.

En términos de formación judicial, el Comité resalta la necesidad de una capacitación sistemática y obligatoria para todos los profesionales que trabajan con niños, de modo que comprendan los procedimientos y recursos disponibles, así como los derechos que deben garantizarse según la Convención sobre los Derechos del Niño.

Reformas institucionales preocupantes

El Comité también advirtió sobre los posibles efectos negativos de los cambios institucionales, como la reducción o supresión de ministerios y la creación de una subsecretaría de menor jerarquía para la infancia. Estas medidas podrían debilitar la coordinación y continuidad en la protección de los derechos de la niñez, generando vacíos en la atención de los niños en situación de riesgo.

En este contexto, se recomienda al Estado consolidar un sistema de información nacional que recopile datos fiables y comparables sobre los niños, incluidos aquellos en conflicto con la ley o que han sido objeto de abusos. Además, el Comité instó a fortalecer el Defensor del Pueblo nacional y garantizar su presencia en todas las provincias, con los recursos necesarios para monitorear y proteger los derechos de la infancia.

La ONU también expresó preocupación por el impacto del cierre de organismos clave, como el Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI) y el Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad, que podrían afectar los esfuerzos para prevenir la discriminación contra los niños y limitar su acceso a mecanismos de denuncia.

ConclusiónEl informe del Comité de los Derechos del Niño pone en relieve la necesidad urgente de que Argentina desarrolle políticas integrales y coordinadas para proteger los derechos de la infancia. Las observaciones abarcan desde el acceso a la justicia hasta la necesidad de asegurar condiciones dignas para los hijos de personas privadas de libertad, subrayando la importancia de que estas medidas sean implementadas a nivel nacional con el compromiso de todas las provincias y municipios.