Postales (primera parte)

Algunos hitos de la gestión delasotista en materia de seguridad. En el Estado neoliberal cordobés no sólo la policía sino también los vecinos han sido dotados legalmente para controlar, delatar y perseguir al otro de clase, en una lógica de vigilantismo o caza del enemigo.

Por Daniela Spósito * – Exclusivo para Comercio y Justicia

20 de diciembre de 1998. Asume como gobernador de la provincia José Manuel De la Sota, quien ocupa ese cargo durante tres períodos consecutivos.
Julio de 1999. El primer regalo que recibe el primer ministro de Justicia de la gestión delasotista, Carlos Lascano, es un ejemplar, en inglés, de Arreglando las ventanas rotas, restaurando el orden en las ciudades. Se trata del manual en el que el instituto republicano estadounidense Manhattan Institute -pieza clave en la propuesta de seguridad cordobesa-, explica su doctrina de la mano dura y la tolerancia cero: el Estado debe prevenir cualquier conducta que implique riesgos para el mercado (hace hincapié en desórdenes menores como cortar una calle, prostitución callejera, mendicidad, romper una ventana, hacer grafittis, entre otros, bajo el lema de que si no se reprimen pueden conducir al crimen). Se instala un sentido de seguridad que protege la propiedad privada y las personas, en desmedro del resguardo de otros derechos sociales y también individuales, como el de la libre circulación por el territorio urbano.

Octubre de 2004. El Manhattan llega a Córdoba (su desembarco en Argentina había sido en 1998, de la mano del entonces presidenciable Eduardo Duhalde) para asesorar al gobierno provincial en materia de seguridad, acompañado de Juan Carlos Blumberg, cuya fundación «Axel Blumberg» firma con el gobierno provincial un acuerdo marco para poner en marcha un plan de “tolerancia cero” en Córdoba. El representante del Manhattan para Latinoamérica, Carlos Medina, dice en una entrevista por Radio Universidad: «Los chicos limpiavidrios y las prostitutas forman parte del terrorismo urbano que debilita el Estado de Derecho».

15 de febrero de 2005. Seis muertos es el saldo de un motín producido en el penal de barrio San Martín, que tenía en aquel momento más de 90% de sobrepoblación carcelaria, según lo registra el Informe Alerta Argentina 2005 para el caso Córdoba. «Nos vimos obligados a reprimir para evitar una fuga», dice entonces De la Sota, quien se define: «Soy el Gobernador de todos los cordobeses, y lo soy para garantizar los derechos humanos de los que trabajan, de las familias, de los decentes».

4 de mayo de 2005. Con una oposición sin quórum en la Unicameral se aprueba por mayoría oficialista la nueva Ley de Seguridad de la Provincia de Córdoba 9235/05. Ésta introduce por primera vez la categoría de terrorista en la normativa provincial y le otorga a la policía la posibilidad de su persecución. También, como novedad, crea las Juntas de Participación Ciudadana, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, que posibilitan que cierto sector de la ciudadanía sea «auxiliar policial» y que pueda «realizar labores de seguimiento, denuncias o quejas respecto a irregularidades».

Legalización de prácticas parapoliciales, colaboracionismo y delación entre ciudadanos que propenderá a controlar la circulación de los “portadores de rostro”, que propiciará la delación de aquellos vistos como extraños al territorio y al barrio propio, los merodeadores construidos como presuntos delincuentes. Todo en nombre del orden, la paz, la convivencia y la tranquilidad.

En la discusión parlamentaria, el portavoz del proyecto, legislador por el Frente para la Victoria Luis Arias, utiliza uno de los libros del criminólogo abolicionista noruego Nils Christie, Una sensata cantidad de delito, para legitimar la sanción de la ley antigarantista. Reconvierte el sentido de la propuesta del noruego, quien considera la importancia de los lazos entre vecinos para evitar la acción policial antes que para controlar y delatar. En sus escritos, Christie denuncia cómo los Estados debilitados necesitan autojustificarse imponiendo temas como la lucha contra el delito.

1 de noviembre de 2011. En el marco de un escándalo por detenciones masivas en el que quedó imputado el comisario Pablo Márquez, un legislador de la oposición presenta en la Unicameral un proyecto para derogar la figura del merodeo del Código de Faltas de la provincia. Se activa una discusión pública que reaviva estigmatizaciones raciales (se debe sospechar del color de la piel pero también, y sobre todo, de la pobreza) propiciadas por el Estado. El cronista Ariel Mansilla, del canal público universitario, cubre la presentación legislativa y dice al aire: «Yo, la señora que pasa, el auto, los que salimos de la casa o cuando volvemos a casa y vemos sujetos sentados al frente de nuestra casa, en la vereda, en la verja, que no sabemos quiénes son, no son del barrio y por eso tenemos la policía, por eso llamamos a la policía, para que vengan y los controlen, para saber qué están haciendo allí».

Defiende las detenciones por merodeo y traza una apología de la discriminación por portación de rostro: «Vayamos caminando por Obispo Castellano. Vamos nosotros, caminando, y de pronto vemos a alguien bien vestido, que camina bien, que viene con un bolsito, con pinta de laburador y vamos por esa vereda, yo y un montón de gente más vamos a seguir caminando por esa vereda. Si vemos a alguien con otra pinta, con otra traza, que nos resulta sospechoso, que tiene unas vestimentas muy particulares, o formas de caminar, de hablar, de mirarte, yo me siento amenazado y cruzo la vereda».

Márquez es acusado por una agente de policía, quien afirma que el entonces titular de la división del Comando de Acción Preventiva (CAP) ordenaba detenciones ilegales para elevar las estadísticas favorables de los procedimientos, con o sin motivos. Seis años antes, durante la segunda gestión delasotista, la periodista María Fernanda Villosio fue amenazada de muerte por publicar una denuncia similar en una nota firmada con Bettina Marengo, en el diario La Mañana de Córdoba. Tras el escándalo que involucró a Márquez, el entonces jefe de Policía, Alejo Paredes, formado en la CIA y en la DEA, niega que hayan existido órdenes de la Jefatura para que el personal de calle hiciera detenciones arbitrarias. Un mes después, asciende a Ministro de Seguridad.

* Magister en Comunicación y Cultura Contemporánea y doctoranda en Semiótica (UNC). Especialista en discursos mediáticos y jurídicos sobre (in)seguridad ciudadana y violencia institucional. Miembro del Observatorio de Derechos Humanos de la UNC.

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