En diciembre se incrementó la conflictividad. Con 47% más de demandas con respecto a igual mes de 2015, el sector que agrupa a las aseguradoras respalda el DNU presidencial
Desde que llegó al poder, el presidente Mauricio Macri sostiene que la legislación vigente en materia de riegos de trabajo contribuye a incrementar los pleitos.
Por ello, impulsó cambios en el régimen, en octubre del año pasado, y tuvo éxito.
Las negociaciones con los abogados de la CGT resultaron y la Cámara de Senadores le dio media sanción al proyecto, que establece la obligatoriedad de las comisiones médicas y busca la vía administrativa deba agotarse como paso previo para acudir a la judicial, entre otras reformas.
Luego, partiendo de la iniciativa que salió de la Cámara Alta, Macri dictó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y la Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (UART) lo respaldó, al valorar que la medida refleja el acuerdo de un “vasto número de actores sociales”, que agrupa a empleadores, trabajadores, provincias, legisladores y sectores de la Justicia.
La entidad consideró que la reforma “es el reflejo de la convicción que mostraron los sectores empresariales, sindicales, sociales, judiciales y de gobierno para preservar al sistema de la gravísima amenaza que constituye la exacerbación de la litigiosidad”.
La escalada de los planteos ante la Justicia preocupa al sector. El año 2016 cerró con 127.000 demandas y, si se compara el último diciembre con el mismo mes de 2015, las presentaciones subieron 47%.
Para los aseguradores, el incremento del porcentaje durante el último mes del año se debe -en gran medida- a la reforma de la Ley de Riesgos de Trabajo (LRT).
Según los analistas, ante la posibilidad de una legislación que protegerá a las aseguradoras en detrimento de los dependientes, los abogados de los trabajadores avanzaron en el terreno judicial.
Así, se habla de un aumento “exponencial” de acciones en el segundo semestre del año y se espera que la medida del Poder Ejecutivo sirva para reducir la litigiosidad y los costos del sistema. Las ART señalan que el sistema de cobertura tiene más de nueve millones de asegurados y que la tasa de mortalidad por siniestros laborales entre 1997 y 2015 bajó de 1,4 a 0,5 cada mil trabajadores. Asimismo, destacan que la ley 26773, que se sancionó en 2012 y que reformó parcialmente el marco regulatorio, no ayudó en la lucha contra la denominada «industria del juicio», ya que se redujo el índice de litigiosidad contra los empleadores, pero no contra las aseguradoras.
Lógica
El Ministerio de Trabajo tampoco encuentra lógica en la suba de los reclamos, aun antes de que se enviara al Congreso la propuesta de reforma.
La cartera que dirige Jorge Triaca fue al Congreso a fines del año pasado para exponer sobre la norma y quedó claro que bajar la litigiosidad y los costos del sistema para los empleadores es prioridad para el oficialismo.
Si bien las firmas destacan que hubiese sido mejor el dictado de una ley (es decir, no “acortar” tiempos legislativos y que la norma sumara el aval de los diputados), creen que el DNU las ayudará a centrarse en la materia preventiva y, principalmente, que obligará a los abogados a demandar según la nueva normativa una vez que concluya la feria.
También estiman que son necesarios más fallos judiciales que aclaren los puntos oscuros de la ley. Para ser convalidado, el DNU necesita ser confirmado por una de las cámaras. En cambio, para el rechazo se necesita el voto negativo de ambas.
Los letrados de los empleados tienen una visión contraria. Para los laboralistas, el plan es favorecer a las aseguradoras, a las que se les enrostra incapacidad para prevenir enfermedades o sancionar a las empresas incumplidoras de las normas de seguridad e higiene.
