ESCUCHAREn Resistencia, Chaco, el Ministerio Público Fiscal (MPF) le pidió al Tribunal Oral la imposición 10 años de prisión e inhabilitación perpetua para la ex diputada nacional y ex intendenta de la ciudad, Aída Ayala, y penas de entre tres y 10 años para otras 15 personas, por integrar una organización que defraudó a la Administración Pública a través de diferentes conductas delictivas y luego lavó el dinero.
Según sostuvo, se probó que los imputados conformaron una organización ilícita que se apropió de recursos públicos para beneficiar a la empresa PIMP SA, propiedad del secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Jacinto Sampayo, y a Tecmasa SA, Recifis SRL, Dafs SA, Ría Construcciones SA, Ingeniero Pedro Alberto Construcciones, Logística Belgrano SA, Coyrel SA y Cooperativa Las Palmeras, entre otras, con el otorgamiento de la licitación para el servicio de recolección de residuos.
El debate por la causa -conocida como “Lavado II” o “PIMP”– comenzó en septiembre de 2023. Las audiencias de alegatos del MPF iniciaron en diciembre y está previsto que a partir del 5 de marzo hablen las defensas.
La Fiscalía consideró a Ayala coautora de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, incumplimiento de deberes y defraudación, a los cuales sumó como delitos precedentes el lavado de activos agravado por haber sido cometido como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza, por la que también la acusaron en grado de coautora.
Las mismas penas (10 años de prisión e inhabilitación perpetua) por aquellos ilícitos solicitó para Sampayo.
El MPF requirió que todas las personas acusadas abonen además una multa de dos veces el monto de la operación y que les sean decomisados los bienes “producto o provecho” del delito de lavado, para asegurar las penas pecuniarias y las costas del proceso.
Alegato
En su alegato, la fiscal general Indiana Garzón señaló que los imputados conformaron una organización que tenía como objetivo obtener fondos de la municipalidad de Resistencia para el lavado de activos.
En esa línea, destacó que sus conductas debían ser analizadas en el marco del funcionamiento de la organización y no individualmente.
En tanto, a modo de conclusión, el fiscal Federico Carniel afirmó que durante la etapa de alegatos el MPF realizó una acabada descripción de cada uno de los hechos delictivos y que, por ello, la materialidad y la autoría se probó.
En esa línea, se refirió al análisis que debe realizarse cuando se investiga el delito de lavado y recordó que siempre hay un hecho precedente que funciona como generador y que las maniobras se motorizan para “disfrutar” del dinero ilícito.
Carniel enfatizó que se probó la autoría de Ayala y Sampayo y que ambos favorecieron a “distintos empresarios y personas que pudieron hacerse de grandes sumas de dinero a través de los contratos que firmaron”; sobre todo, a partir de 2010.
“No quedan dudas de que la maniobra de los empresarios fue fraudulenta. Generaron la posibilidad de que se lleve adelante un contrato, con la complicidad de los funcionarios”, puntualizó.
Sociedades a medida
De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio, los encausados conformaron una organización destinada a la obtención de beneficios económicos a través de la implementación de mecanismos articulados para resultar adjudicatarios de determinadas prestaciones por parte de la Municipalidad de Resistencia, valiéndose de la conformación de sociedades creadas a medida tanto para resultar beneficiados en las licitaciones como para ocultar la identidad de los verdaderos dueños.
Agregó que realizaron diversas maniobras para ingresar el producido de los ilícitos al circuito legal mediante actos propios de lavado, como la compra de inmuebles, vehículos, embarcaciones y pago de servicios y capitalización de empresas, entre otras complejas maniobras de reciclaje, generando incrementos patrimoniales para los funcionarios involucrados y para las personas físicas y jurídicas creadas al efecto.
El MPF precisó que Ayala y Sampayo lideraron la banda y fueron los encargados de conformar e idear el “eslabonamiento de personas y empresas”.
La investigación comenzó en enero 2018, a raíz de una denuncia anónima que planteó que Sampayo –por entonces, secretario general del sindicato y responsable de la firma de recolección de residuos de Resistencia- le exigía dinero al personal municipal bajo amenazas y que ponía a nombre de familiares los bienes adquiridos ilícitamente para que el Fisco no sospechara.
Tras una serie de medidas, la fiscalía federal de Resistencia inició en marzo de 2018 una investigación respecto de la ex intendenta, de Sampayo, de Fischer –ex jefe de campaña de Ayala- y de otros empresarios proveedores de la municipalidad, funcionarios y personas de su entorno.
