Miembros de la Policía de la Provincia de Córdoba fueron procesados por orden del Juzgado Federal Nº 1 de esta ciudad, a cargo del juez Ricardo Bustos Fierro, como presuntos autores responsables del delito de Defraudación a una Administración Pública, porque, supuestamente, habrían cobrado en forma indebida el subsidio del Plan Jefas y Jefes del Hogar.
Los prevenidos Natalia Noemí Ávila, Luis Eduardo Barros, Fernando Gabriel Bonaventura, Gustavo Adolfo Catalán, Julio Federico Pereyra, Alejandro Emilio Santa, Sergio Rafael Suárez, y Julio Adalberto Tabera fueron personas beneficiadas incorrectamente del plan social denominado “Plan Jefas y Jefes del hogar”, creado por el decreto N° 565/02, uno de cuyos requisitos para ser beneficiario es acreditar la condición de desocupado, lo contrario de de los imputados, que presuntamente revisten como personal dependiente de la Policía provincial.
El fallo recordó que dicho plan social “fue creado e instrumentado por el Gobierno nacional, con la colaboración activa de las provincias y municipios, en el marco de la emergencia ocupacional desatada en la Argentina entre los años 2001 y 2002, con la finalidad de asistir, al menos parcialmente, a las personas desocupadas que tengan hijos a cargo de hasta dieciocho años de edad, o hijos discapacitados de cualquier edad, y/o la ‘Jefa’ del hogar, y/o Jefes del hogar y/o su pareja se encuentre en estado de gravidez”.
“Lo importante de estos planes –prosiguió el juez Bustos Fierro- es que destinan fondos públicos nacionales en beneficio de una ayuda social, a aquellas personas que cumplan especialmente, entre otros, el requisito de estar desocupado, situación que en autos claramente no encuadró en la persona de la inculpada Ávila, no obstante ésta accedió a dicho plan, concretando de esta manera la defraudación al Fisco Nacional”.