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La pericias demostraron que el imputado no puede manejar sus frenos inhibitorios y que la niña no fabuló. Pese a ello, el juez valoró que no tenía antecedentes y que compareció a todas las citaciones.
La niña no fabuló, los hechos existieron y no quedó duda alguna de que el transportista escolar, Marcos Alfredo Pezoa, fue quien abusó- en reiteradas oportunidades- de la pequeña de cuatro años que todos los días, durante un mes, llevó al Colegio Padre Loreto.
Pezoa está en libertad porque el juez de la Cámara 6º, Julio Guerrero Marín, lo condenó a tres años de prisión bajo pena de ejecución condicional. Ello, pese a que la pericia del acusado dejó bien claro que éste posee una “inmadurez psicosexual”, una personalidad “impulsiva” y escasos frenos inhibitorios.
Según surge de los fundamentos de la sentencia que se conoció ayer, los mecanismos defensivos de Pezoa no resultarían suficientes y adecuados para contener los impulsos que “pugnan por salir”.
“Se advierte cierta alteración en el control de la conducta racional e impulsiva, disminuyendo por momentos, aunque no anulando, sus frenos inhibitorios teniendo en cuenta que éstos son extremadamente lábiles, pudiendo incurrir en ocasiones, en actuaciones impulsivas y/o inadecuadas”, destacaron los profesionales sobre la estructura de personalidad y afectiva del acusado.
En contrapartida, de los exámenes psicológicos realizados a la niña víctima de los abusos del transportista, surge que sus dichos nunca pudieron haber sido producto de la fabulación. Así, se descarta la posibilidad de que la menor haya relatado los abusos “influenciada” por terceros.
Sólo un guardador temporal
Pese a lo expuesto, el magistrado valoró a favor del acusado que éste no tenía antecedentes, compareció a todas las citaciones durante el proceso y que la menor no presentaba “un trauma psicológico de relevancia sexual”. Ello, según remarcó, fue manifestado por ambos padres en la audiencia y también se vio reflejado en el informe escolar del Colegio Nuestra Señora de Loreto.
Sobre el pedido del fiscal de Cámara, Marcelo Altamirano, que pidió agravar la pena del transportista porque actuaba como guardador de la pequeña, Guerrero Marín dijo que Pezoa -si bien con su acción delictiva violó “el derecho a la integridad sexual de la menor víctima y el deber de protección asumido o debido”- era sólo un guardador temporal y no permanente.
