Planes de ahorro: la Justicia de Córdoba es competente

El TSJ determinó que la acción colectiva entablada por la Fundación Club de Derecho debe tramitarse en la justicia local y resolvió que la cautelar que retrotrajo el valor de las cuotas vuelve a tener vigencia

La Justicia de Córdoba será la encargada de dirimir la acción colectiva entablada por un grupo de ahorristas que suscribieron a un contrato de autoplan con la empresa Volkswagen SA y luego reclamaron por el aumento desmedido que sufrieron las cuotas.

Así lo resolvió el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, que en el mismo fallo declaró vigente la cautelar que había interpuesto el juez civil Martín Flores .

La causa lleva varios años en los tribunales: en 2019 los ahorristas consiguieron que las cuotas del plan de ahorro de Volkswagen retrotrajeran su valor al de abril de 2018 y el aumento no superara más de 40% .

La cautelar quedó sin efecto cuando la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Séptima Nominación se declaró incompetente el 11 de diciembre de 2020 y giró la causa a la Justicia federal.

Un año y medio después y luego de que la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba también se declaró incompetente, el TSJ resolvió que el tema siga siendo tramitado en el fuero local.

Contrato consumeril

Al interponer el recurso de Casación, la Fundación Club de Derecho recordó que la demanda colectiva fue promovida “en los términos de la ley 24240 y del CCCN, toda vez que se sustenta en una relación de consumo ”.

Por otra parte, señaló que los precedentes que citó la Cámara para justificar el alcance federal de las normas que regulan la actividad de la Inspección General de Justicia, no resultaban aplicables . Los fundamentos fueron acogidos por el Alto Cuerpo cordobés.

Los vocales María Marta Cáceres de Bollati, Domingo Sesín y Luis Angulo puntualizaron que la competencia de la Justicia Federal “e s de carácter limitada y de excepción, su interpretación y aplicación será siempre de carácter restrictivo, y en caso de duda, deberá estarse, por principio, a favor de la justicia provincial ”.

En otro tramo del fallo, el TSJ advirtió que la Cámara se introdujo en la cuestión de fondo debatida al analizar la competencia del tribunal , “incurriendo en violación de las formas y solemnidades prescriptas para el procedimiento o la sentencia”.

“ El órgano de mérito no tuvo en cuenta la naturaleza de los hechos invocados por los accionantes y la normativa específica que regula las relaciones de consumo, sino que valoró la defensa de la contraria -esgrimida en el marco de la impugnación entablada en contra de la medida cautelar despachada-, ingresando al análisis de la mecánica contractual del sistema de planes de ahorro de automotores”, remarcaron los vocales.

Respecto de que la Inspección General de Justicia constituye el organismo competente para fiscalizar las operaciones de capitalización y ahorro , y dictar normas reglamentarias al efecto, “ dicha particularidad no permite asumir -lisa y llanamente- la competencia de la justicia nacional ”, planteó el Alto Cuerpo y agregó: “Si bien es dable reconocer -como entiende el tribunal de alzada- que tanto la justicia provincial como la nacional pueden aplicar la legislación consumeril en los conflictos que se les presenten, de ello no puede predicarse la renuncia a la competencia de la justicia ordinaria, expresamente pautada en la ley especial y en el contrato suscripto entre las partes, que reviste carácter de orden público (art. 65, LDC)”.

Los fundamentos de la cámara

La Cámara Séptima dispuso de manera oficiosa declarar la incompetencia de la justicia provincial con fundamento en que el debate involucraba el funcionamiento de un sistema complejo de escala nacional, integrado por una red de vínculos contractuales fuertemente relacionados entre sí, que compromete el tráfico comercial interjurisdiccional. Precisó que el conflicto requería analizar el sentido y alcance de normas de carácter federal, como es la legislación que estatuye y reglamenta el sistema de capitalización y ahorro. Asimismo, dispuso dejar sin efecto la medida cautelar por no verificarse los presupuestos necesarios para su procedencia.

El pedido de los ahorristas

Concretamente los ahorristas solicitaron, en el carácter de consumidores adherentes a planes de ahorro, la declaración de nulidad de las cláusulas contractuales (específicamente, el artículo 4 del contrato de adhesión) con fundamento en que el monto de las cuotas aumentó exponencialmente.

Denunciaron un desequilibrio contractual provocado por las propias empresas demandadas que aumentan de manera arbitraria el valor móvil de los vehículos, monto que -a su vez- se agrava por el cobro de cargos no pactados por la empresa y que amplían en forma ilegítima la cuota mensual.