ESCUCHARLos fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo apelaron ayer la decisión del juez Claudio Bonadio en la que procesó sin prisión preventiva a Paolo Rocca (foto), CEO del Grupo Techint, por asociación ilícita y pago de coimas a ex funcionarios kirchneristas.
En la apelación solicitaron que el procesamiento de Rocca sea con prisión preventiva. Pidieron lo mismo para otros procesados por Bonadio: el ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina; su ex secretario privado, Martín Larraburu, y los empresarios Alberto Padoán (de la firma Vicentín) y Rubén Aranda (de Proalsa-Chimen Aike).
Según los fiscales, se comprobó que «los imputados Juan Abal Medina, Hugo Martín Larraburu, Paolo Rocca, Alberto Ángel Padoán y Rubén David Aranda convergieron junto a funcionarios públicos del más alto nivel en la perpetración de un emprendimiento criminal complejo, ideado, planificado y ejecutado, como señaló el juez, con el objeto de recaudar dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos».
Y explicaron: «Se ha probado(…) que los hechos juzgados ostentan las notas distintivas de las prácticas organizadas de corrupción estatal y empresarial ideadas, planificadas y perpetradas desde las altas esferas del poder público. Se trató por tanto de un emprendimiento criminal, concebido, proyectado y sostenido en el tiempo con un nivel de sofisticación y profesionalismo que permitió una extensión temporal prolongada».
En el escrito, los fiscales añadieron “que esta organización criminal, tal como se dio por probado en esta causa, importó la actuación mancomunada de varios intervinientes, cuyos roles fueron distribuidos y orquestados a través de un esquema de organización».
Los fiscales agregaron que “muchos se valieron y habrían usufructuado los beneficios ilícitos que apareja la pertenencia de esta estructura criminal, en pos de sacar provecho del pacto ilícito acordado entre funcionarios y empresarios».
