Pese a contratos sucesivos no era empleado efectivo

El Tribunal Superior de Justicia anuló una condena contra esa localidad serrana, al determinar que la contratación del demandante se hizo conforme las facultades estatutarias que la rigen. [privado] Luego de evaluar que el actor fue contratado por la Comuna de Mayu Sumaj, por medio de contratos sucesivos por tiempo determinado para tareas de maestranza, en uso de las facultades estatutarias del ente, las cuales no estaban discutidas, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) anuló la condena del a quo y en consecuencia rechazó la demanda por razonar no ajustado a derecho que se considere al accionante “miembro de planta permanente” por realizar las mismas tareas que el personal comunal. La persona pública cuestionó el pronunciamiento del a quo, que rechazó la excepción de incompetencia y consideró vulnerado el artículo 1, ley N° 7987, debido a que esta causa no encuadró en ninguna de las hipótesis contempladas, como también la inobservancia de los artículos que regulan la competencia del fuero Contencioso-administrativo. Destacó que tan cierto es que la situación bajo análisis es de derecho público, que el actor Gerardo Javier Soria intentó revertir lo decidido por su mandante mediante un recurso administrativo que fue denegado, lo cual no lo colocó en situación de desamparo pues estaba habilitado a demandar conforme la ley administrativa N° 7182. Obligación En su oportunidad, el tribunal a quo dispuso que si el Estado contrata personal para realizar tareas normales y propias de la administración, está obligado a respetar las pautas legales preestablecidas para que el trabajador goce de todos los derechos que le otorga su calidad de empleado público, en especial la estabilidad -artículo 14 bis, Constitución Nacional, y artículo 23 de la Constitución Provincial-. El juzgador concluyó que al actor, a quien le hacían suscribir contratos periódicos a plazo fijo en forma sucesiva, la decisión de rescindir de la comuna le causaba una lesión que debía resarcirse, aunque fuera del régimen de la LCT por hallarse expresamente excluido, por lo cual en función del principio “iura novit curia”, aplicó la ley provincial N° 9249, que modifica el artículo 40 del Estatuto del Personal Público Provincial y condenó a la accionada a abonar la indemnización por despido y las vacaciones. Competencia Frente a ello, el Alto Cuerpo integrado por Domingo Juan Sesin -autor del voto-, Carlos García Allocco y Aída Tarditti, señaló que “teniendo en cuenta que el a quo dirimió la cuestión de competencia e ingresó al tratamiento de la procedencia de la acción entablada, corresponde considerar el punto referido al status jurídico de los contratados de la administración pública en cualquiera de las áreas en que esta relación pueda desenvolverse”. Sobre lo cual precisó que “he tenido oportunidad de pronunciarme reiteradamente como integrante de la Sala Contencioso Administrativa; allí se sostiene que para que sea admisible la pretensión procesal tendiente a la obtención o conservación de un empleo público con derecho a la estabilidad, es imprescindible acreditar la posesión de aquél mediante constancias de las que se desprenda la preexistencia de una relación de carácter estable, en defecto de lo cual, el proceso contencioso-administrativo o el rechazo de la demanda deviene inconmovible”. En ese orden de ideas, el TSJ consideró que “en el subexamen no está en discusión que el reclamante se vinculó mediante contratos sucesivos por tiempo determinado para tareas de Maestranza y Servicios Generales”, añadiendo que “no fue cuestionada la facultad estatutaria concerniente a la contratación a plazo cierto y determinado para la labor asignada”. Aplicación Por lo cual infirió que “la aplicación del Estatuto del Personal de la Administración Pública es incorrecta”, deduciendo que “de conformidad a los términos en que quedó trabada la controversia, el Tribunal no pudo sustraer el caso de la órbita del derecho municipal acudiendo a los argumentos de que el actor no contaba con el acto de designación en planta permanente y al principio iura novit curia”. Asimismo, la Sala argumentó que “más allá de los hechos acaecidos y la condena pretendida por el accionante, era menester determinar el encuadramiento jurídico de la relación habida”, agregando que “en el sublite la misma fue plasmada a través de un contrato por tiempo determinado que no es de derecho privado sino público, pues en su virtud, el Estado Municipal se erige como autoridad frente al agente contratado para una prestación de índole laboral, aunque transitoria”. En esta dirección, se determinó que “deviene razonable consignar que la pretensión de Soria de que lo consideren miembro de planta permanente”, con base en que realizaba las mismas tareas que el personal permanente, carece de sustento legal “pues sólo ello no borra el título que dio origen a su nombramiento, el que estando sujeto a plazo fenece cuando aquél expira (Cfr. CSJN “Marignac, Francisco Ramón...”, del 29/12/87, Fallos 310:2927)”. En consecuencia, el Alto Cuerpo procedió a rechazar la totalidad de la demanda impetrada. Autos: Soria c/Comuna de Mayu Sumaj

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