viernes 22, noviembre 2024
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Comercio y Justicia 85 años

Pensiones: el fiscal Marijuan le pidió al Estado que profundice controles

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El fiscal federal Guillermo Marijuan le solicitó al Director Ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Mariano de los Heros, “extremar los controles necesarios” sobre las asignaciones que el Estado abona, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Lo hizo en el marco de la causa en la que se investiga un perjuicio de $ 5.842.000.000 anuales por el cobro de 2.954 PUAM que se les otorgan a mayores de 65 años, supuestamente en condiciones de vulnerabilidad, que no viven en la Argentina, pese a que la normativa requiere residencia en el país.

La semana pasada, el titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social le solicitó a Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, la baja de casi tres mil pensiones.

En la pesquisa preliminar están bajo estudio los casos de otras 7.512 personas que mantuvieron “intervalos fuera del país por más de 60 días”, lo que también transgrede la ley.

El fiscal le planteó a Pettovello que evalúe la “inmediata suspensión” de prestaciones porque “resulta imperioso hacer cesar los efectos de una posible acción delictiva”.

Paralelamente, reclamó que se motortice un adecuado control del requisito de permanencia en el país a fin de evitar que las irregularidades detectadas se repitan.

Además de demostrar “vulnerabilidad”, la ley 27.260 que instituyó la Pensión Universal para el Adulto Mayor le exige a los beneficiarios “ser ciudadano argentino nativo, por opción o naturalizado, en éste último caso con una residencia legal mínima en el país de 10 años anteriores a la fecha de solicitud del beneficio, o ser ciudadanos extranjeros, con residencia legal mínima acreditada en el país de 20 años, de los cuales diez 10 deben ser inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud del beneficio”.

El Decreto Reglamentario 894/16 estipula que la PUAM es otorgada por la ANSES e instruye a los demás organismos de la Administración Pública Nacional a remitirle la información disponible en sus bases de datos que sea útil para el control de los requisitos.

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