La repartición fue creada en 2014, luego de la absolución de los acusados de haber participado de la denominada “conexión local” del atentado. Fue comandada por Alberto Nisman hasta que murió. Ahora está a cargo de una comisión de tres fiscales y del radical Mario Cimadevilla
La Unidad Especial AMIA, que desde el cambio de Gobierno está a cargo del radical Mario Cimadevilla y de una comisión integrada por tres fiscales, podría dejar de funcionar.
Según publicaron medios nacionales, el posible cierre de la repartición es analizado por el ministro de Justicia, Germán Garavano, y por funcionarios de la Jefatura de Gabinete.
En septiembre de 2004, la absolución de los acusados de haber participado de la denominada “conexión local” del atentado contra la mutual judía motivó que el Ministerio Público creara la Unidad Fiscal AMIA (UFI-AMIA), mediante la resolución 84/04, firmada por Eduardo Casal, sustituto en ese entonces del ex jefe de los fiscales, Esteban Righi.
La norma fue protocolizada 11 días después del fallo y desde que la repartición se puso en marcha fue comandada por Alberto Nisman.
El objetivo de la unidad es actuar de manera conjunta o alternativa en la tramitación de la causa principal, en las conexas y en las relacionadas con el encubrimiento del caso o con la obstrucción de la acción de la Justicia.
Decreto
En marzo se emitió un decreto presidencial para desclasificar todos los archivos secretos que recolectó la ex SIDE durante 23 años y los documentos pasaron a las oficinas de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
La última vez que se había dictado una medida similar fue en 2006, mientras Néstor Kirchner era presidente. Luego de ello continuaron acumulándose documentos y escuchas secretas. Cristina Fernández de Kirchner emitió una norma similar en el 2015, para desclasificar la “nueva tanda de documentación”.
Cuando Macri firmó un decreto similar para desclasificar los archivos, Cimadevilla declaró que el Gobierno tenía “voluntad política” para transparentar la información recabada y anunció que sería el encargado de poner en marcha cuanto antes el traspaso a la Justicia.
Se trata de miles de archivos digitales y en papel de documentación secreta que se fue acumulando en los últimos años, como parte de la investigación de organismos de inteligencia para profundizar la pesquisa. Incluso, se especuló que podría haber detalles del polémico memorándum que se firmó con Irán y que le valió a Cristina Fernández una causa por presunto encubrimiento, a raíz de la denuncia que presentó Nisman días antes de morir.
Digitalización
La idea de Cimadevilla era colaborar con la digitalización y cruce de datos y, para ello, contactó a una empresa británica.
Sin embargo, el departamento jurídico de la cartera a cargo de Garavano objetó los formularios que presentó para avanzar con la compra del software inglés.
Además, el ministerio planteó que la tarea podría cumplimentarla el juez Rodolfo Canicoba Corral o la comisión especial de agentes que reemplazó a Nisman, integrada por Roberto Salum, Leonardo Filipini y Santiago Eyherabide.
Ese desentendimiento habría generado quejas de Cimadevilla, quien alega que debe enfrentar trabas burocráticas y que cuenta con poco presupuesto.
