ESCUCHAREn México, el dictamen de la reforma del Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador generó un paro total de actividades de la Justicia federal.
Entre otros puntos, la iniciativa contempla la elección de magistrados por voto popular.
La medida de fuerza comenzó el lunes 19 de agosto, motorizada por empleados, y en las últimas horas se sumaron cerca de 1.500 jueces.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) emitió una declaración formal en X en la cual aclaró que la Suprema Corte y el Tribunal Electoral del Poder Judicial están excluidos de la suspensión indefinida de labores que, según indicó, se mantendrá hasta que se detenga la reforma y se planten modificaciones idóneas para “enfrentar las causas estructurales que debilitan la calidad de la Justicia”.
Además, reclamó la puesta en marcha de una mesa de diálogo con los grupos parlamentarios del Congreso, con facultades para celebrar “los acuerdos lícitos que sean necesarios” y “ejecutarlos o proveer su ejecución”.
Finalmente, la JUFED señaló que su declaratoria de suspensión indefinida de labores tiene carácter pacífico, a tenor de la Observación General 37 del Comité de Derechos Humanos de la ONU, por lo que bajo ningún concepto se podrá configurar como delito, causal de juicio político ni de responsabilidad administrativa, ya que su finalidad es defender el estado de derecho y la independencia judicial.
OEA
En paralelo, organizaciones del Judicial mexicano, incluida la JUFED, emitieron un comunicado en conjunto para informar que acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA y que denunciaron que el proyecto que elaboró López Obrador e impulsó su partido, Morena, generó interferencias arbitrarias a la independencia y autonomía de la Justicia.
Tensiones
Las medidas reflejan las tensiones en torno a la iniciativa de López Obrador y sus partidarios, que quieren que miles de jueces mexicanos, incluidos los 11 vocales de la Suprema Corte, sean elegidos en vez de ser nombrados en función de sus capacidades y formación.
López Obrador defendió el plan argumentando que su fin es librar al Judicial de “la corrupción y de los privilegios”.
Entre otras advertencias, los críticos alertaron que el cambio podría derivar en que personas con mínima experiencia jurídica pero con respaldo proselitista ocupen cargos, ya que avasalla la carrera judicial.
En la previa del paro, la titular de JUFED, Juana Fuentes, afirmó que el presidente “enloqueció”. “Si pasa esta reforma vamos a generar un régimen de un poder absoluto y concentrado en una sola persona”, sumó.
En las últimas semanas surgieron más reparos. Los detractores argumentan que la reforma está diseñada para erosionar los controles sobre el Poder Ejecutivo.
El año pasado, cientos de empleados judiciales hicieron una huelga de 13 días contra los recortes presupuestarios incluidos en la iniciativa del gobierno, y la previsión ahora es que casi la totalidad de los 55 empleados de los tribunales federales se sumen al nuevo paro en los próximos días.
La idea que moviliza a los Judiciales es que si la reforma sale se retrocederá décadas en esfuerzos para reforzar la independencia.
El sistema mexicano tiene muchos problemas -sobre todo, la morosidad y los elevados niveles de impunidad– y los críticos sostienen que la revisión que impulsa López Obrador podría empeorar los problemas sistémicos al politizar a vastos sectores.
Víctor Oléa, presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados de México, estimó que la propuesta del mandatario es “una venganza” y un intento de controlar políticamente a la Justicia.
La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, respalda a López Obrador. Cuando comenzó el paro, dijo que lo que se busca con el cambio normativo es que haya “un verdadero sistema de justicia” y valoró que, si el Legislativo le da el visto bueno a la elección por voto popular, el Poder Judicial va a tener “más autonomía” porque sus miembros serán elegidos.
López Obrador espera sacar adelante su proyecto en septiembre, su último mes en el cargo, cuando el Congreso vuelva a reunirse, con voluntades de Morena y sus aliados.
Inversión
Por lo pronto, las reacciones internacionales se empezaron a sentir: el banco de inversión estadounidense Morgan Stanley anunció que degradó la recomendación de inversión en el país al rango de UW (sub ponderado), al considerar que los riesgos son mayores.
El banco ve con recelo la agenda oficialista para la Justicia. “Creemos que reemplazar el sistema judicial debería aumentar las primas de riesgo de México y limitar las inversiones de capital. Eso es un problema ya que el nearshoring está alcanzando cuellos de botella clave”, señaló Morgan Stanley.
“Bajamos la calificación de México a underweight (subponderado) tras la propuesta de reforma judicial que el Ejecutivo envió al Congreso, la cual creemos presenta riesgos para la narrativa de inversión del país. Bajamos el peso de posiciones clave como Walmex, Femsa y Coca-Cola Femsa, y eliminamos a Kimberly Clark México, Laureate y Qualitas”, sumó.
