Para la demanda laboral, el certificado médico debe ser como especifica la ley

En la causa se validó la exigencia de que la documentación que diagnostica las supuestas patologías que afectan al trabajador sea presentada de conformidad con lo que puntualiza la norma 10456. Así, se consideró que una modificación a la ley procesal no genera agravio al litigante [privado] En mérito a que las normas procesales rigen inmediatamente desde la fecha de su entrada en vigencia y que la ley N° 10456, que modificó las condiciones del certificado médico a acompañarse juntamente con la demanda fundada en la Ley de Riesgos del Trabajo, no genera agravio, la Sala 7ª de la Cámara de Trabajo de Córdoba confirmó la validez de la norma para un caso en que las dolencias en el trabajador surgieron con anterioridad a aplicación de la dicha ley. En el caso, Fernando Rubén Díaz había sido emplazado por el juez de Conciliación a fin de que acompañe el certificado médico que denunciaba las patologías que decía adolecer en su demanda, conforme la ley N° 10456, bajo sanción de inadmisibilidad de la demanda. Al accionante se le peticionó que acompañara el certificado con la consignación del diagnóstico, grado de incapacidad y calificación legal y de la que surja detalladamente el porcentaje de incapacidad asignado a cada patología cuyo resarcimiento se reclama, así como que explicite los fundamentos que sustentan un criterio divergente al sostenido por la comisión médica jurisdiccional. Ante ello, el actor sostuvo que dicha norma no le era aplicable por ser el hecho invalidante anterior a su entrada en vigencia. A su turno, el tribunal conformado por Valeria Mimessi, Arturo Bornancini y José Luis Emilio Rugani señaló que la doctrina sostiene que las normas procesales rigen in actum, es decir, inmediatamente y tal la característica de la norma cuya aplicación ordenan los proveídos atacados, destacando: “Se entienden como normas procesales aquellas que instrumentan el procedimiento; son las que establecen las atribuciones, términos y los medios de defensa con que cuentan las partes para que, con la intervención del Juez competente, obtengan la sanción judicial de sus propios derechos”. En tal sentido, los vocales indicaron que las facultades y prerrogativas que nacen de la normativa procesal “tienen su génesis en el procedimiento mismo, se agotan en cada etapa procesal en que se van originando y se rigen por la norma vigente que los regula”. Por lo tanto, para los magistrados, si antes de que se actualice una etapa del procedimiento, el legislador modifica la tramitación de ésta, suprime un recurso, amplía un término o modifica algún aspecto probatorio, “no puede hablarse de aplicación retroactiva de la ley”, pues no se priva con la nueva regla procedimental de alguna facultad con la que ya se contaba. “Se establecen nuevas formas para hacerlas efectivas lo que no trae aparejado agravio o perjuicio alguno”, afirmaron los jueces. Afectación “Ergo, no hay afectación de derechos adquiridos”, sentenció la Sala, y siguiendo a los autores Ramacciotti y López Carusillo, subrayó: “El caso más frecuente es el de la sanción de una nueva ley formal pendiente el proceso, en cuyo caso ella se aplica inmediatamente, siempre que ello no importe afectar la validez de los actos procesales cumplidos y que han quedado firmes bajo el amparo de la ley anterior, pues respecto de ellos se habría producido la preclusión”. En consecuencia, se declaró formalmente inadmisible el recurso de queja impetrado por la actora. Autos: DÍAZ FERNANDO RUBÉN C/ LA SEGUNDA ART SA RECURSO DIRECTO, Expte.N° 6718444 [/privado]

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