“Pañuelos celestes” españoles presionan al Constitucional para que defina recurso sobre el aborto

A 11 años de haber presentado un planteo en contra de los plazos de la ley que habilita la práctica, ex diputados del Partido Popular acudieron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Denunciaron la demora de la Justicia en resolver el caso

En España, el Tribunal Constitucional deberá analizar un recurso en contra de previsiones de la ley del aborto, una decisión que tiene pendiente desde hace 11 años. [privado]

Este retraso fue denunciado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por 20 ex diputados del Partido Popular (PP).

En su momento, cuando eran legisladores los actores cuestionaron los plazos de la normativa vigente, que permite interrumpir el embarazo sin dar razones dentro de las primeras 14 semanas de gestación.

Por su parte, la Asociación de Abogados Cristianos querelló por “retardo malicioso” al magistrado Andrés Ollero, también ex diputado del PP y encargado de redactar la ponencia de la futura sentencia.

Se descuenta que los planteos acelerarán los tiempos y que en breve el pleno del Constitucional, presidido por Juan José González Rivas, decidirá el tema.

Demanda

En su demanda ante el TEDH, los ex representantes del PP alegaron que la demora inusitada del Constitucional para procesar el expediente es “incomprensible y arbitraria”.

Además, los ex parlamentarios recordaron que en 2010 en tribunal les informó que le daba “carácter prioritario” a la tramitación y resolución del recurso, algo que no cumplió.

También destacaron que en diciembre de 2020 reclamaron por la sentencia y no obtuvieron respuesta.

El recurso del PP impugnaba ocho preceptos y la disposición adicional segunda de la denominada “ley de plazos” aprobada durante el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Entre los tramos que recurrieron figura uno de los principales aspectos de la legislación: el que permite abortar en las primeras 14 semanas por decisión libre de la madre.

El PP alegó que la doctrina que el Constitucional estableció en su sentencia sobre la ley del aborto en 1985 sólo admite la interrupción voluntaria del embarazo cuando existe un grave peligro para la vida del no nacido y “otros bienes y valores de la madre”.

En esa línea, argumentó que la nueva normativa creó un sistema “por el que la vida del no nacido quedaba absolutamente desprotegida en las primeras 14 semanas de gestación”, y acusaron al gobierno de Rodríguez Zapatero de incumplir el artículo 15 de la Constitución española, que establece que “todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral”.

Cabe recordar que en 1978, en el debate del texto constitucional, el entonces diputado Manuel Fraga Iribarne propuso y logró cambiar la palabra “personas” (el nacido con 24 horas de vida, según el Código Civil español) por “todos” que, según expuso, incluía a los no nacidos y, según el representante, “cerraba la puerta a legalizar el aborto en España”.

Cuando el PP presentó su recurso, el presidente del tribunal le encomendó la ponencia a la magistrada Elisa Pérez Vera, quién redactó un texto que consideró plenamente constitucional: la nueva ley del aborto de 2010, un texto que no se debatió en pleno porque la jueza finalizó su mandato en 2012.

Ponencia

Ollero, ex portavoz de Justicia del PP en el Congreso de los Diputados, religioso y contrario al aborto, ingresó al cuerpo y quedó a cargo de hacer la nueva ponencia del fallo sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

Poco antes de incorporarse al Constitucional, en un artículo para el Diario Médico, afirmó que la sentencia de 1985, que establecía determinadas condiciones para abortar, se estaba incumpliendo.

Según los medios españoles, hay acuerdo entre los magistrados del tribunal en lo relativo a que llegó el momento de abordar los argumentos que se ventilaron en 2010 y en que se trata de un asunto delicado cuya definición no necesariamente será consensuada.

Diversas asociaciones y partidos reclamaron que otro vocal escribiera la ponencia, por supuesta incompatibilidad, pero él aceptó el encargo y alegó que los criterios personales no pueden suponer incompatibilidad, ya que todo el mundo tiene alguno.

Mientras redactaba el documento, el gobierno de Mariano Rajoy (PP) elaboraba su proyecto para derogar la ley de plazos socialista, iniciativa que naufragó en 2014.

El plazo medio de resolución de los asuntos que llegan al Tribunal Constitucional es de 133 días. El recurso del PP contra la ley del aborto de 2010 lleva más de 4.000 días sin resolverse.

En los años siguientes, el PP barajó la posibilidad de retirar la impugnación de la ley de Rodríguez Zapatero, pero legalmente ya no era posible.

Mayoría

Así, el Tribunal Constitucional debe expedirse. Actualmente, tiene una mayoría (siete a cuatro) de magistrados elegidos a propuesta del PP. Dentro de un año, si las renovaciones pendientes y previstas se llevan a cabo, aquélla quedará en manos del sector progresista.

En democracia, España tuvo dos leyes del aborto (ambas con gobiernos del PSOE). Una tercera, del PP, se anunció pero no llegó a aprobarse, sí dio lugar a una modificación, referida a las menores de edad.

Eutanasia

Hace un mes, el tribunal rechazó las cautelares pedidas por el partido político Vox para que la Ley de Eutanasia no entrara en vigor; y, como estaba previsto, la norma comenzó a regir.

Sin éxito, el partido solicitó que la aplicación se suspendiera mientras el tribunal estudiaba y resolvía el recurso de inconstitucionalidad que promovió, al cual le dio trámite.

Actualmente, tiene una mayoría (siete a cuatro) de magistrados elegidos a propuesta del PP. Dentro de un año, si las renovaciones pendientes y previstas se llevan a cabo, aquélla quedará en manos del sector progresista.

Vox argumentó que “la configuración de la eutanasia como un derecho subjetivo de nueva generación” contradice lo afirmado por el TEDH en “Pretty c. Reino Unido” (sentencia del 29 de abril de 2002) y por el propio Constitucional, en cuanto a que “no existe un derecho a exigir que se provoque la propia muerte”.

Vox manifestó que si la legislación era declarada inconstitucional durante su periodo de vigencia, se podrían perder vidas.

El tribunal desestimó dictar medidas similares cuando fue recurrida la ley que despenalizó el aborto -en 2010, sin sentencia sobre el fondo- y con la eutanasia reafirmó su doctrina, al establecer que el recurso contra una norma no puede dar lugar a un “paréntesis”; ello así, ante la ausencia de legislación que lo permita.